El anuncio realizado por la Generalitat Valenciana de incinerar los residuos sanitarios COVID en algunas cementeras de la Comunitat, entre ellas, la planta de Lafarge en Puerto Sagunto, suscitó a principios de esta semana las consiguientes reacciones, mayoritariamente en contra de esta medida, a la que hoy se ha unido la de Acció Ecologista Agró, entidad que ha emitido un comunicado en el que, entre otras cosas, señala: «no podemos olvidar que durante los últimos años se está trabajando desde la administración en una mejor gestión de los residuos para evitar la incineración. Por lo tanto, incinerar ahora los residuos sanitarios en cementeras, como, por ejemplo, la de Lafarge-Holcim en Sagunto, sería un paso atrás. Y no solo esto, también abriría las puertas a generalizar esta práctica siempre que hubiera una generación ‘excepcional’ de residuos. O, peor todavía, siempre que no haya una gestión adecuada».
Llegados a este punto, desde Acción Ecologista Agró denuncian «que no se puede recurrir a la incineración de residuos, sean sanitarios o de cualquier otra clase, como la solución fácil que se puede usar en cualquier momento. Además, en caso de incinerar los sanitarios, exigimos establecer medidas de control y evaluación ambiental para asegurar que no se incineran también otra clase de residuos».
Más adelante señalan desde la entidad ecologista que un año después del inicio de la pandemia del coronavirus «la administración no puede recurrir al argumento de la excepcionalidad para justificar la incineración de los residuos sanitarios en cementeras. La COVID-19, además, no apunta a desaparecer en breve. Y los protocolos sanitarios contra el coronavirus tampoco. En todo caso, aumentarán, incrementándose así también los residuos sanitarios. De hecho, las campañas de vacunación masiva contra el virus ya están generando un aumento de los residuos sanitarios desechables, como es el caso de las jeringuillas y los viales».
Es por este motivo que desde Agró piden a la administración previsión de futuro, mediante el trabajo conjunto de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, y, si hace falta, de la Comisión Interdepartamental de la Generalitat Valenciana.
En esta línea exigen, «un paso adelante para mejorar las infraestructuras de almacenamiento y selección del sistema sanitario. Hay que mejorar la capacidad de esterilización de los residuos sanitarios para facilitar su reciclaje. Además, para prevenir y gestionar correctamente estos residuos tendríamos que plantearnos ya su fabricación con materiales biodegradables o compostables».
Como se recordará, este periódico ha venido informando desde principios de esta semana de las posiciones, en contra de la incineración de residuos sanitarios COVID, de los portavoces en el Ayuntamiento de Sagunto de Compromís e Iniciativa Porteña. Tanto Francesc Fernández como Manuel González mostraban su total rechazo. El portavoz nacionalista recordaba que la cementera incinera residuos porque cuenta con una autorización de la Generalitat, que le fue otorgada en 2015 por el PP y que estará vigente hasta 2023. Además, adelantó que llevará al pleno su «no» a la incineración de los residuos.
Por su parte, el portavoz de IP, que tampoco es partidario de quemar residuos sanitarios COVID en la cementera local, selañaba con el dedo a Compromís: «la decisión en primera y última instancia le corresponde a la Conselleria de Medio Ambiente, que encabeza la compañera del señor Fernández en Compromís, Mireia Mollá».
Entre tanto, el alcalde del municipio, Darío Moreno, vertía en las redes sociales una posición más tolerante con la decisión del Consell, recordando, en primer lugar, que: «Los residuos sanitarios son menos contaminantes que los residuos que se eliminan habitualmente allí». Asimismo, Moreno exigía que: «la Conselleria de Medioambiente analice con detalle la operación y emita su opinión. Entendemos la urgencia y la responsabilidad con nuestro sistema público, pero si se lleva a cabo tenemos que tener garantías de que no afectará negativamente a nuestra ciudad y particularmente a nuestra salud».
