Tras hacerse público que la Generalitat utilizará algunas cementeras de la Comunitat para incinerar los residuos COVID, entre ellas la planta de Lafarge en Puerto Sagunto, las reacciones no se han hecho esperar en el municipio. El primero en mostrar su oposición fue el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Sagunto, Francesc Fernández y al poco tiempo también se pronunció en contra el portavoz de IP, Manuel González.
Ante una cuestión de este calado, produjo cierta extrañeza que el alcalde del municipio, Darío Moreno, no ofreciera la posición del Ayuntamiento de Sagunto ante este asunto que, como se está detectando en las redes sociales, genera cierta alarma social.
Sin embargo, la primera autoridad local, a treves de Facebook ya ha ofrecido lo que se podría considerar su valoración como alcalde del municipio. En este sentido Darío Moreno ofrecía ayer martes «algunos datos que ha compartido hoy con nosotros la Generalitat».
En primer lugar, Moreno indicaba: «La crisis COVID ha puesto contra las cuerdas a nuestra sanidad pública. Entre otras cosas, ha generado una gran cantidad de residuos que deben ser eliminados. Hasta ahora, la Generalitat había optado por otras alternativas, pero ha llegado un momento en el que la situación ha sido de colapso total y el sistema sanitario público necesita una solución urgente. Por eso se ha valorado, entre otras localizaciones, la cementera de nuestra ciudad».
Mas adelante, el alcalde recuerda que la fábrica de cemento cuenta con autorización de la Generalitat: «La cementera, a día de hoy, tiene permiso de la Conselleria de Medioambiente para quemar residuos y convertirlos en energía. Los residuos sanitarios son menos contaminantes que los residuos que se eliminan habitualmente allí. De hecho, primero serán tratados en una planta de la Vall d'Uixò y convertidos en biomasa para poder ser eliminados a la vez que generan energía».
En cuanto a la postura del Ayuntamiento de Sagunto respecto de esta iniciativa, el alcalde señalaba: «exigimos que la Conselleria de Medioambiente analice con detalle la operación y emita su opinión. Entendemos la urgencia y la responsabilidad con nuestro sistema público, pero si se lleva a cabo tenemos que tener garantías de que no afectará negativamente a nuestra ciudad y particularmente a nuestra salud».
