El Pleno de la Corporación ha aprobado instar al Gobierno de España a controlar el precio de la luz y del gas para pequeños consumidores y consumidoras. En la sesión plenaria ordinaria de enero celebrada esta tarde, Compromís e Izquierda Unida han refundido sus mociones para presentar una única que, finalmente, ha contado con los votos a favor de PSOE, Compromís, Iniciativa Porteña e Izquierda Unida y los votos en contra del Partido Popular, Ciudadanos y Vox.
Tras la aprobación de la moción se han adoptado los siguientes acuerdos: instar al Gobierno de España porque, ante la crisis económica y sanitaria, y todavía más durante los meses de más frío, ponga freno a la especulación energética con el control del precio de la luz y del gas para los y las pequeñas consumidoras, en virtud del artículo 5 de la Directiva 2019/944; instar al Gobierno de España a la puesta en marcha de una tarifa regulada real y no desregulada y bajo criterios de mercado como el actual, que sustituía el actual PVPC; instar al Gobierno de España a revertir la privatización de empresas como ENDESA o Repsol para crear una empresa con capital 100% público y de gestión pública que impulse las energías renovables y la necesaria transición energética.
Por otro lado, otros acuerdos son instar a las administraciones públicas a reforzar todavía más las políticas de impulso al autoconsumo fotovoltaico, la generación distribuida y las Comunidades Energéticas Locales; instar a la Diputación de València a que las futuras licitaciones de la Central de Compras que ponga a disposición de los ayuntamientos se realizan teniendo en cuenta si las empresas energéticas han sido sancionadas por prácticas ilegales por el organismo regulador, y hacer llegar estos acuerdos al Gobierno de España, al Consell, al Congreso y Senado y a les Corts Valencianes.
Según la moción refundida, «el precio de la luz ha sufrido una gran subida los primeros días de 2021, una subida especialmente perversa porque coincide con la ola de frío causada por la borrasca Filomena que ha azotado todo el territorio del Estado, incluyendo al País Valenciano, con temperaturas mínimas de récord histórico. Esta situación es realmente preocupante, puesto que afecta a toda la sociedad, golpeada por la crisis sanitaria del Coronavirus y, en especial, a las familias más vulnerables».
El texto recuerda que el derecho a la vivienda «es un derecho consagrado en la Constitución Española en el artículo 47 y que, de acuerdo con Naciones Unidas, “una vivienda digna, tiene que tener acceso permanente de energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado”. A pesar de esto, la pobreza energética continúa siendo un grave problema para miles de hogares. Las medidas como el bono social eléctrico van en buena dirección pero son solo descuentos de un 25% en parte de la tarifa y sujetos a un límite de consumo energético y, además, hay que cumplir unos requisitos muy concretos para poderse beneficiar. Así que, a pesar de existir el bono social, si el precio de la energía y el gas se disparan en plena ola de frío, se lanza a miles de economías familiares a la pobreza energética».
Durante la borrasca Filomena «todos los hogares han necesitado más consumo energético para luchar contra el frío y de esto se han aprovechado compañías energéticas como Iberdrola, Repsol o Cepsa (inmersas todas ellas en escándalos de puertas giratorias con ex-gobernantes de los grandes partidos). Hay que recordar que estas grandes compañías no solo se benefician del dinero de las ciudadanas y ciudadanos directamente de su factura, sino también lo hacen a través de dinero público mediante subvenciones y ayudas al sector. Son, por lo tanto, dependientes del Estado y a su vez de las arcas públicas, que con mucho de esfuerzo llena la gente honrada que paga correctamente sus impuestos a este país. Hay que recordar también que en el acuerdo de gobierno que firmaron los partidos que conforman el Gobierno de España, en su punto 3.2, ambas formaciones políticas se comprometieron a la reforma del actual mercado energético».
La moción señala que el gobierno de coalición «debe de desarrollar reformas del mercado energético que corrijan las anomalías. Entre ellas está la fiscalidad de las empresas energéticas y también nuevas formas para conseguir un sistema energético más justo y que cuide de los más vulnerables, así como una apuesta clara por las energías renovables».
