El presidente provincial del Partido Popular en la provincia de Valencia, Vicente Mompó, junto al portavoz de los populares, Sergio Muniesa y el responsable de vivienda en Les Corts, Alfredo Castelló mantuvieron este martes una reunión con representantes de la Asociación de Vecinos del Barrio de Baladre.
Los representantes vecinales denunciaron «el problema grave» de ocupación ilegal que sufre la zona y que alcanza en la actualidad las 50 viviendas, y que generan problemas de convivencia en aquellas comunidades de vecinos que padecen esta situación.
«Pero mientras el tripartito que preside el PSOE, hace un par de semanas, se negaron a aprobar la propuesta que presentamos en el pleno para apoyar la iniciativa de actuar contra estas ocupaciones ilegales y habilitar una oficina que asesorara a vecinos y comunidades que padecen esta situación», han señalado desde la formación popular.
Como han informado desde el PP: «Llevamos tiempo denunciando esta situación mientras el equipo de gobiernos nos acusan de plantear un problema inexistente pero basta con visitar el barrio, y ver cuál es la realidad. Porque mientras rechazan estas propuestas hay zonas de la ciudad, como Baladre, donde sus vecinos sufren la ocupación de viviendas y sus negativas consecuencias, que generan toda una serie de problemas y hace que los vecinos tengan miedo, pero ni la Generalitat ni el tripartito ponen solución alguna».
Además, en la reunión por parte de la asociación, los integrantes del PP se han hecho eco «de que el barrio vive en los últimos cinco años en una degradación permanente que se refleja en daños estructurales en las viviendas sin que desde la Generalitat se les den soluciones, y con la falta de respuesta del tripartito a la falta de limpieza, plagas de ratas, baches, aceras rotas, … que pese a las denuncias realizadas siguen sin respuesta».
Es por este motivo por el cual, el grupo popular en la Diputación de València presentará en el pleno de este mes una moción contra la ocupación ilegal, denunciando la pasividad y permisividad que demuestra en este asunto el gobierno de Sánchez e Iglesias.
