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El acuerdo plenario que el Juzgado deja sin efecto, sólo salió adelante con los votos a favor de Compromís, EU y ADN Morvedre, votaron en contra PP, IP y Ciudadanos, mientras que el PSOE propició su aprobación, absteniéndose

Primer varapalo judicial a los acuerdos municipales contra la actividad de Lafarge

Planta cementera de Lafarge en Puerto Sagunto (Foto: Drones Morvedre) Planta cementera de Lafarge en Puerto Sagunto (Foto: Drones Morvedre) Primer varapalo judicial a los acuerdos municipales contra la actividad de Lafarge
Viernes, 19 Junio 2020 19:39

Este pasado 4 de junio el juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Valencia remitía a las partes: Lafarge Cementos SAU y Ayuntamiento de Sagunto, su sentencia número 87/20, fechada el 3 de marzo de 2020, por la que se declara no ajustado a derecho el acuerdo plenario adoptado por el Ayuntamiento de Sagunto en la sesión plenaria del 30 de mayo de 2017 y, al mismo tiempo, condena a la administración demandada al abono de las costas procesales causadas, con un importe máximo de 3.600 euros.

Sin embargo, dicho pronunciamiento judicial no es firme y contra él cabe interponer recurso de apelación ante el mismo Juzgado en el plazo de quince días desde su notificación, para su resolución por la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En este sentido cabe señalar que el equipo municipal de Gobierno que preside el socialista Darío Moreno todavía no tiene decidido si recurrirá el fallo. Es verdad que en el transcurso de la Comisión Municipal de Hacienda celebrada telemáticamente en la mañana de ayer jueves, el edil de Compromís, Pepe Gil Alcalmí, dejó claro que, desde la fuerza nacionalista eran totalmente partidarios de recurrir la sentencia.

No obstante, en la mañana de este viernes se ha vuelto a reunir por videoconferencia la misma comisión para pronunciarse respecto a si se recurre o no el fallo judicial. En este sentido cabe señalar que Compromís ha reiterado su posición favorable al recurso, Esquerra Unida se ha abstenido y el resto de los grupos políticos, incluido el PSOE, se han pronunciado en contra. En todo caso, el tema se tratará en el pleno del próximo jueves, por lo que, dependiendo de la capacidad de presión que Compromís pueda ejercer sobre sus socios de Gobierno, es posible que se mantenga la misma posición, la de no secundar el recurso, o la contraria. El jueves se verá en el pleno ordinario de junio.

El acuerdo que ahora ha dejado sin efecto esta sentencia, estaba formado por cuatro puntos, en el primero de ellos se indicaba literalmente: «Declarar el incumplimiento, muy grave, del contenido de la concesión demanial adjudicada el 7.8.1988 a la mercantil LAFARGE, en los términos y con el alcance indicado en la parte expositiva del presente acuerdo». El segundo punto era del siguiente tenor: «Proceder a exigir el estricto cumplimiento del contenido de la concesión demanial acordada el 7.9.1988. La empresa deberá abstenerse de forma inmediata, al día siguiente de recibir el presente acuerdo, de seguir realizando la extracción de áridos por debajo de la cota 160 m o 150 m, en los términos de la documentación gráfica rectora de la concesión, allí donde la misma se haya sobrepasado. A sensu contrario la empresa podrá seguir desarrollando labores extractivas por encima de aquellas cotas del monte municipal 155 catalogado de utilidad pública allí donde dicho límite máximo de explotación no se haya sobrepasado, y hasta el tope de cota 160 metros o 150 metros según la documentación gráfica rectora de la concesión y donde lo permita además el PGOU de Sagunto, por ser un uso urbanísticamente compatible».

Asimismo, se exigía en el punto tercero que: «Por parte de la empresa se deberá aportar, en el plazo máximo de un mes, documentación gráfica identificativa de los subámbitos indicados en los párrafos anteriores y acreditación del estricto cumplimiento de los presentes mandatos municipales. Asimismo, en dicho plazo se deberá aportar documentación acreditativa de cómo se van a ejecutar las medidas encaminadas a materializar lo indicado en el punto siguiente».

El punto siguiente, que es el cuarto y último del acuerdo plenario anulado por los tribunales, indica textualmente: «Destacarle a la empresa que para la fase de reversión del bien y de liquidación de la concesión demanial prevista para diciembre del 2017 se deberá cumplir por parte de la empresa aquellos compromisos de cotas mínimas fijados en el acuerdo de adjudicación en todo el espacio catalogado como monte de utilidad pública.

En ese sentido, en caso de que se constate su incumplimiento para esa fecha, se adoptarán las medidas correspondientes para garantizar su cumplimiento y la preservación del bien municipal en los términos que fue acordado por la administración y suscrito por el concesionario».

Sobre este acuerdo plenario, el grupo municipal de Iniciativa Porteña introdujo en el debate la propuesta de su retirada del orden del día, aunque no prosperó. El planteamiento de Iniciativa fue respaldado también por el Partido Popular y Ciudadanos, en total 10 votos a favor. Sin embargo, se pronunciaron en contra los 12 concejales de Compromís, Esquerra Unida y ADN Morvedre, la, por entonces, marca blanca de Podemos. En cuanto a los tres ediles del PSOE, estos optaron por la abstención, que en este caso no fue neutra, puesto que, si se hubieran pronunciado en contra, el acuerdo sí habría sido retirado. Finalmente, se mantuvo el mismo sentido del voto a la hora de dar luz verde a este punto, es decir, 12 votos a favor, 10 en contra y las tres abstenciones del PSOE.

Entre otros aspectos recogidos en la sentencia, el más destacable, probablemente, sea el que niega al Ayuntamiento de Sagunto ser competente en la materia: «la Administración local defiende que tiene todo el derecho a analizar si la ocupación de unos terrenos dentro de su término municipal se efectúa o no en la forma legalmente establecida. Pero olvida que, por libre decisión de la misma, tal y como consta en los sucesivos acuerdos de delegación de competencias, y de sus normas urbanísticas, decidió posibilitar que en dichos terrenos se efectuara una actividad de extracción, la cual conforme su normativa legal, se encuentra sometida al control exclusivo, no compartido, de la Administración autonómica, y, como se dijo en el acuerdo de iniciación, el supuesto desentendimiento o pasividad de la Administración autonómica no le posibilita su actuación subsidiaria. No nos hallamos, como en el caso de la inspección de las actividades que se realicen, o no, al amparo de la legislación de costas, ante competencias concurrentes de inspección, sino únicamente de la Administración autonómica».

En este mismo punto de la sentencia, el tribunal sí reconoce competencias de la administración local, pero no en este supuesto: «la Administración local conserva, no obstante, competencias en caso de que se infrinja la normativa urbanística, o se proceda a una extralimitación en la ocupación de los terrenos, pero no puede velar sobre el modo y forma en que, dentro de los límites de la actividad desarrollada en los terrenos cuya ocupación temporal se ha cedido, se efectúa la concreta actuación del concesionario. Nótese que ningún argumento legal proporciona la parte demandada en impugnación de este motivo».

Varapalo judicial

Como se ha indicado, fue Iniciativa Porteña el partido que planteó en aquel pleno municipal que fuera retirado el punto del orden del día, aunque no prosperó su propuesta. Sin embargo, ahora que los tribunales han dejado sin efecto el acuerdo, el portavoz de IP, Manuel González, señala: «Iniciativa Porteña pidió la retirada de la moción en el Pleno, primero porque no estaba nada clara la argumentación municipal y, segundo, porque entendíamos que el equipo de gobierno estaba actuando con mala fe. Y asegurábamos esa idea porque era inminente que la Generalitat le concediera una ampliación a la ocupación de la cantera de Salt del Llop a Lafarge y Compromís quería evitar esa situación a toda costa».

Es por este motivo por el que Manuel González considera que EU, ADN y Compromís «aprobaron esa petición de grado de incumplimiento de Lafarge, en la que aseguraban que la empresa había cometido un incumplimiento muy grave, porque, de esta manera, de acuerdo con la legalidad, si ellos demostraban que existía ese incumplimiento, Lafarge no hubiera podido ampliar, ni conseguir ninguna otra concesión de la administración pública en la actual cantera».

Pero, tal y como resalta el dirigente porteño, los tribunales le han quitado la razón a los que promovieron este acuerdo: «El tiempo le ha dado la razón al recurso presentado por Lafarge y también a los argumentos esgrimidos por Iniciativa Porteña, ya que la justicia le ha dado un buen varapalo al Ayuntamiento de Sagunto, estimando íntegramente las peticiones de la empresa. Y no solo eso, pues le ha cargado los costes del juicio al Ayuntamiento».

Como se ha indicado, en la Comisión Municipal de Hacienda de ayer jueves, Compromís, a través de su representante Pepe Gil Alcamí insistió en recurrir la sentencia del tribunal superior, a pesar de que los servicios jurídicos municipales han recomendado no recurrir ante las escasas posibilidades de darle la vuelta al fallo. En este sentido, Manuel González señala: «El exalcalde Francesc Fernández sigue en su campaña de acoso y derribo contra la cementera, para lo que no le importa dilapidar el dinero de los ciudadanos, como ha ocurrido con esos 3.600 euros de las costas».

Acorralar a la empresa

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sagunto, Sergio Muniesa, califica de contundente el pronunciamiento judicial: «La sentencia es contundente y da un portazo al intento de estos últimos años de Compromís y sus socios del PSOE y EU de hacer un uso partidista y sectario de la administración y del procedimiento. No se puede vivir en conflicto permanente contra Lafarge y sus trabajadores porque eso es ir contra el empleo y la continuidad de la empresa. Rompieron con las reglas del juego pactadas en un convenio que aseguraba el empleo, la continuidad de la empresa y el paraje natural, con el mensaje absolutamente negativo que comporta».

Por otro lado, Muniesa destaca que el juzgado, con esta sentencia, ha impedido que el Ayuntamiento acorrale a la empresa: «La sentencia pone coto a ese burdo intento de utilizar un procedimiento para acorralar a la empresa. Frente al momento actual, que requiere ofrecer un mensaje de confianza y seguridad, de ser una ciudad fiable y atractiva a las posibles inversiones, el tripartito ha ofrecido lo contrario en estos años. Hasta las agrupaciones sindicales y empresariales se sumaron a nuestras críticas contra Compromís, PSOE y EU, acusándoles de sectarios y de gobernar desde la ideología y no para el bien de la ciudad en este asunto».

Compromís intentó cerrar Lafarge

Por su parte, el edil de Ciudadanos, Raúl Castillo, que en la pasada legislatura fue el portavoz del grupo, ha realizado la siguiente valoración, tras conocerse el fallo judicial: «desde Ciudadanos siempre estuvimos en contra de judicializar las diferencias entre nuestro Ayuntamiento y Lafarge. Cuando tienes una empresa que ha aportado tanta riqueza a nuestro pueblo y a su vez ha dado prosperidad a tantas familias de nuestro municipio, como mínimo se merece diálogo. Diálogo que nunca existió en la pasada legislatura por culpa de la política reaccionaria y sectaria de Compromís. Si en vez de atacar e incendiar cualquier tipo de acercamiento con la empresa, hubiese pensado realmente en todos los ciudadanos, y no solo en "los suyos", no habría iniciado esta guerra judicial».

Más adelante, Castillo resalta la intención de Compromís, desde el principio, de cerrar la cementera: «Es evidente y así lo hemos dicho en innumerables ocasiones, que Compromís siempre ha tenido como objetivo principal la extinción de la cementera, la ha atacado por todos los flancos posibles, y este hecho ha provocado que incluso la factoría se plantee la continuidad de la planta en Puerto de Sagunto. Por este y muchos otros motivos, Ciudadanos votó en contra de iniciar el procedimiento judicial y ahora votará a favor de la recomendación de los técnicos de no recurrir la sentencia».

Finalmente, Raúl Castillo aboga por convocar la comisión especial del seguimiento del convenio entre el Ayuntamiento de Sagunto y Lafarge: «Si quieren avanzar y solucionar esta sin razón, que convoquen la comisión especial del seguimiento del convenio entre el Ayuntamiento de Sagunto y Lafarge, y pongamos encima de la mesa las discrepancias para llegar a un entendimiento. Por cierto, desde 2015 dicha comisión se ha convocado únicamente dos veces, lo que evidencia el inexistente interés del Gobierno local anterior por solucionar el problema. Exigimos de una vez por todas que la nueva corporación y su alcalde socialista, entierren el hacha de guerra que izaron la pasada legislatura sus actuales socios de gobierno y se sienten con la empresa a dialogar».


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