Desde que se declaró el estado de alarma, tanto el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA), como individualmente los colegios que lo integran, han estado solicitando por escrito y verbalmente, a la Delegación de Gobierno «que se dictaran las instrucciones necesarias para que, mientras dure el estado de alarma, la asistencia letrada a los detenidos se realice por medios telefónicos o telemáticos en los centros de detención de la Comunidad Valenciana». Como explican desde esta entidad, así se hace en muchas otras Comunidades Autónomas, y así se está haciendo para la puesta a disposición del detenido en la mayoría de juzgados.
Esta petición, aseguran, está avalada por una cobertura legal y la expresa recomendación de la Comisión Autonómica del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que asegura expresamente: «Entretanto, la Comisión entiende que debe recomendarse la conveniencia de que las actuaciones de asistencia letrada a detenidos puedan realizarse por videoconferencia, acordando ponerlo en conocimiento de las distintas sedes policiales de esta Comunidad Autónoma y elevar la cuestión a fin de que por la Comisión Mixta del CGPJ, Ministerio del Interior y Fiscalía General del Estado se puedan acordar las dotaciones de medios necesarias para que resulte factible tal posibilidad».
Desde esta entidad apuntan que algunos centros de detención tienen los medios, y que en muchos centros de la Comunidad Valenciana ya se estaba haciendo. A pesar de ello, la delegada de Gobierno, Gloria Calero, en respuesta al último escrito del CVCA, «desconociendo en profundidad las competencias que en este asunto le corresponden y después del tiempo transcurrido», según alegan, informó ayer al CVCA: «Le comunico que, coincidiendo en la necesidad de aunar la protección de los trabajadores con la garantía de los derechos inherentes a la asistencia jurídica y a la confidencialidad de las comunicaciones entre los detenidos/as y sus letrados/as, damos traslado de su escrito en el día de hoy a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, en tanto órgano competente para atender su petición».
Con esta comunicación, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, como aseguran desde la CVCA «acredita su falta de idoneidad para el cargo y elude la responsabilidad exigible, pretendiendo ampararse en la Conselleria de Justicia e Interior, cuando debe conocer que esta última carece de competencias para atender su petición, siendo que corresponde a la Delegación de Gobierno todo lo relativo a las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado».
Por todo esto, el CVCA «no puede más que solicitar la dimisión de quien está poniendo en grave riesgo, gratuitamente, la salud de la Abogacía Valenciana y de todos aquellos que intervienen en las asistencias al detenido por un desconocimiento total sobre sus propias competencias».
