Desde las filas de Iniciativa Porteña (IP) muestran su perplejidad porque el Ayuntamiento reconoce la ilegalidad del pago de los 205.700 euros al Music Port Fest, pero el equipo de gobierno no recurrió la sentencia contra la empresa demandante.
El portavoz de Iniciativa Porteña Manuel González Sánchez recuerda que recientemente se resolvió el contencioso presentado por la empresa Avant Pro Event Solutions, S. L. por el que esta mercantil, le reclamaba al Ayuntamiento los 151.250 euros que según ellos faltaban por abonar del total de 205.700 euros que estaban comprometidos por el equipo de gobierno que en aquel momento estaba dirigido como alcalde por Francesc Fernández Carrasco.
Al final, destaca el portavoz de IP: «El ayuntamiento ha perdido ese contencioso, y según consta en el acuerdo de Junta de Gobierno, se ha optado por no recurrir la sentencia, algo que nos parece muy discutible tras leer las conclusiones que la defensa municipal esgrimió contra el escrito de demanda».
El representante de Iniciativa Porteña destaca algunas de las cuestiones reflejadas en esas conclusiones de la defensa, «la primera es que se desconoce lo que la empresa organizadora del festival recaudó por el mismo, con lo que su reclamación sobre el total del coste del festival está fuera de toda razón, y se insiste en que los números aportados por la empresa no recogen los ingresos reales del evento».
Una de las cuestiones que más le llama la atención a Manuel González, es que en el escrito de la defensa se reconoce que «al tratarse de un evento de iniciativa pública, se debería haber convocado el concurso oportuno para la celebración de un festival de música, al que deberían haber concurrido cuantas empresas lo deseasen. Este detalle a juicio de el líder de IP, «es de vital importancia, puesto que en el transcurso del contencioso ha quedado claro que es el ayuntamiento el que habla con la empresa en cuestión y le traslada su deseo de que aquí se celebre ese festival».
El concejal porteño manifiesta su total disconformidad con la actuación llevada a cabo, «puesto que ha quedado demostrada la relación de los organizadores con fuerzas políticas como Compromís, y es inevitable que aparezca la sombra de la sospecha de que aquí ha habido un clarísimo trato de favor».
Prosigue González relatando que en el escrito de la defensa municipal se afirma de manera rotunda, «que en ningún caso se ha producido enriquecimiento por parte del Ayuntamiento de Sagunto, por lo que si eso es lo que sostiene la defensa, no se puede aceptar lo contrario sin más, que es lo que han hecho desde el actual equipo de gobierno, acto que además queda mucho más afeado con la conclusión tercera del escrito de la defensa, en el que se asegura que no existe interés general en la organización del evento».
Todo esto contrasta—según el portavoz de IP— con los hechos relatados por la empresa demandante que «ha probado que existieron esas peticiones y se les aseguró el pago por los servicios que iban a prestar, e incluso afean la figura del alcalde, cuando a tres días de la celebración del evento, les aseguró que en la junta de gobierno se había aprobado el pago de los 151.250 euros, cuando la realidad es que esa Junta de Gobierno no se había reunido.
Los representantes de la empresa organizadora del festival, aseguran que confiaron en la palabra del alcalde que ese día iba acompañado por sus asesores. «Sin embargo, en su escrito de demanda reflejan el engaño y aseguran que Francesc Fernández les mintió».
El portavoz de IP ve clarísimos indicios de «trato de favor hacia la empresa demandante, que a pesar de la demanda en la que se siente maltratada, vuelve a montar el festival en 2019, recibiendo 100.000 euros en concepto de patrocinio, y volverá en 2020. Me parece poco creíble esa apariencia de enemistad entre el equipo de gobierno y la Pro Event Solutions SL; más bien, me parece un paripé en el que se está financiando a una empresa con directivos de la cuerda de quienes mandan, en una cuestión que claramente va en contra del ordenamiento jurídico».
