La Plataforma ciudadana Romeu Bonilles ha ofrecido una rueda de prensa a las 18 horas de esta tarde en dependencias del Centro Cultural Mario Monreal, en el casco histórico de Sagunto, para anunciar que van a presentar contra Lafarge una demanda ante la Fiscalía por un presunto delito ecológico. Según se ha puesto de relieve en dicha comparecencia, la citada acción legal está secundada por la mencionada plataforma, de la que forma parte, entre otras entidades, Acció Ecologista Agró. En este acto, ha estado presente la portavoz de la plataforma Elena Azpilicueta y el letrado encargado del asunto, Albert Calduch i Estrem, que pertenece a un bufete de abogados de Reus, Tarragona, especializado en medio ambiente.

Tal y como se ha explicado en esta rueda de prensa, donde también han asistido vecinos de la zona residencial afectada que se encuentra próxima a la cantera, el letrado Calduch ha indicado que era un buen momento para poner en manos de la Fiscalía este asunto, toda vez que ya existe un primer pronunciamiento judicial por parte del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 4 de los de Valencia, en su sentencia 103/2019, emitida el pasado 25 de febrero.

Señalar a título indicativo que el fallo del citado pronunciamiento judicial es del siguiente tenor: «DESESTIMAR la demanda interpuesta por LAFARGE CEMENTOS S.AU, representada por la Sra. Procuradora de los Tribunales Dña. María del Carmen Navarro Ballester y asistida por la Sra. Letrada Dña. María José Sánchez-Seco Martín, contra la Resolución del Ayuntamiento de Sagunto de 23 de marzo de 2017, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución del Ayuntamiento de Sagunto de 21 de octubre de 2016, dictada en el expediente de restauración de la legalidad urbanística número 38/2016-IF, CONFIRMANDO los actos administrativos impugnados». Es de resaltar, sin embargo, que, contra dicha sentencia, que no es firme, cabía recurso de apelación ante el mismo tribunal en el plazo de 15 días.

Una vez que el tribunal de lo contencioso ha reconocido que el Ayuntamiento de Sagunto ha obrado en defensa de restablecer la legalidad, el letrado catalán ha cuantificado en más de 9 millones de euros el beneficio obtenido por la multinacional cementera por haber extraído fuera de los perímetros autorizados más de 20.000 metros cúbicos de áridos, en concreto 21.700. Más adelante, Calduch ha resaltado que con esta actuación se ha producido «un enriquecimiento injusto» por parte de la empresa que explota la cantera Salt del Llop.

En opinión de este letrado y después de conocerse el pronunciamiento judicial, se podría haber producido un «delito ambiental», además de infringir varias normas administrativas. En este sentido, también ha recordado Calduch que estas extracciones se han producido sin la preceptiva elaboración del correspondiente estudio de impacto ambiental. Calduch ha ido más allá, calificando la actividad en la cantera de «sistemático saqueo de áridos». Incluso ha llegado a plantear la posibilidad de que, desde la administración, se pudiera revocar la concesión que tiene la empresa sobre esta cantera, una vez que se acredite que ha incumplido las condiciones concesionales de que disfruta para la tarea extractiva.

El letrado Albert Calduch ha reconocido que la vía de recurrir a la Fiscalía para que, llegado el caso, investigue los hechos denunciados por la plataforma ciudadana Romeu Bonilles y Acció Ecologista Agró, no es el único camino. En esta línea ha dicho que a partir de cuando se presente la denuncia, lo cual ocurrirá en los próximos días, la Fiscalía tendrá un plazo máximo de seis meses para pronunciase, es decir, dar traslado de los hechos denunciados al juzgado correspondiente o pegarle carpetazo al tema por no encontrar relevante penal. En el supuesto de que el Fiscal al que se le asigne el caso no encontrara motivación y, finalmente, se archivara esta demanda, Calduch ha recordado que siempre estará disponible la vía penal directa, o sea, presentando la demanda en el juzgado los propios denunciantes. No obstante, ha llamado la atención sobre la importancia que tiene para el proceso que se implique desde el primer momento el ministerio público.

Por su parte, la portavoz de la plataforma, Elena Azpilicueta, ha mostrado su agradecimiento a las personas y entidades que le muestran día a día su apoyo y solidaridad por la lucha que están llevando a cabo desde hace años. En este sentido, ha reconocido que con el paso de los años se ha producido un cambio en la sociedad, que se muestra mucho más sensible ante la defensa del medio ambiente. Azpilicueta también ha enviado un mensaje a los políticos, advirtiéndoles de que no se pueden esconder detrás de las instituciones.

Asimismo, Elena Azpilucueta ha negado que desde su plataforma se esté luchando contra la industria o que se persiga el cierre de la cementera, dejando bien sentado que lo único que persiguen es «la protección de la montaña hasta las últimas consecuencias». Por otro lado, la celebración de esta comparecencia, prácticamente en plenas fiestas falleras, ha sido justificada por la portavoz de la plataforma en base a la premura existente, ya que el próximo viernes, 15 de marzo, se espera que el Gobierno de la Generalitat declare Paraje Natural Municipal la montaña de Romeu, después de que, por dos veces consecutivas, haya sido retirado el punto.

Señalar finalmente que el abogado especializado en temas de medio ambiente, Albert Calduch i Estrem ya compareció en rueda de prensa el 15 de diciembre de 2017 en el mismo escenario para anunciar que Compromís, los podemitas de ADN Morvedre y representantes de otros colectivos, se proponían iniciar acciones legales contra los permisos concedidos a la cementera Lafarge, por parte de la Generalitat Valenciana, para que pudiera continuar explotando la cantera de Salt del Llop hasta el año 2042. Aunque, por el momento, se desconoce en qué situación se encuentra este proceso judicial iniciado a finales de 2017.