En la legislatura 2003-2007 el tripartito de progreso presidido por Gloria Calero firmó un convenio con ACUAMED que ahora le puede costar al municipio 65 millones de euros

Compromís promueve en les Corts una PNL para que Madrid asuma el coste de las desaladoras y se olvida de Sagunto

Uno de los twitter publicados hoy por Alfredo Castelló, a propósito de esta PNL Uno de los twitter publicados hoy por Alfredo Castelló, a propósito de esta PNL
Martes, 11 Diciembre 2018 18:21

El Grupo parlamentario de Compromís en las Cortes Valencianas presentaba este lunes una enmienda a la Mesa de la Comisión de Obras Públicas Infraestructuras y Transportes a la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el propio grupo nacionalista sobre la puesta en marcha de las desaladoras de Cabanes y Oropesa. Con esta PNL se pretendía originariamente instar al Ministerio de Transición Ecológica para que asuma, a través de sus presupuestos, el coste total de la Construcción, puesta en marcha y mantenimiento de las desaladoras de Cabanes-Oropesa, Moncofar-Xilxes.

Según ha explicado a este periódico el diputado autonómico, Alfredo Castelló, a los parlamentarios de Compromís se les había pasado incluir la desaladora de Sagunto en la citada PNL que han promovido los propios nacionalistas: «Compromís presentó una PNL de Moncofar y Oropesa, sin Sagunto. Yo hice una enmienda añadiendo Sagunto y cuando la vieron, ayer por la tarde, hicieron una enmienda incluyendo Sagunto. Finalmente, hemos hecho una aproximación entre la suya y la que presentó el Partido Popular».

Más adelante, Castelló, exalcalde de Sagunto, ha confirmado que «hemos transaccionado nuestra enmienda y vamos a tratar de que los saguntinos no tengan que hacerse cargo de los 65 millones de euros que supondría la puesta en marcha y mantenimiento de la desaladora que impuso el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con el voto cómplice de Compromís e Izquierda Unida en Sagunto».

Castelló ha recordado que «el Plan Agua fue un trágala para muchos ayuntamientos y si querías generar actividad económica el Gobierno socialista te obligaba a poner una desaladora en tu vida». Aquello fue «un capricho político» ha lamentado, y «si ahora se han dado cuenta del error les damos la bienvenida al sentido común».

Según ha analizado Castelló, «Sagunto tiene 3 hectómetros cúbicos de aguas superficiales del río Palancia que van al mar, más allá del caudal ecológico, además tiene 3 hectómetros cúbicos depurados que no se utilizan todavía para la agricultura y 30 hectómetros cúbicos al año, de los que sólo se utilizan 7, que están garantizados por ley después de la reconversión». Se refiere al metro cúbico por segundo.

A estos aportes hídricos habría que sumar «los pozos municipales de abastecimiento que no se usan y que suponían otros 6 hectómetros cúbicos anuales hasta el año 2002, fecha en la que se comenzó a usar agua del Júcar».

Frenar la subida del recibo del agua
Es por ello, ha proseguido Alfredo Castelló, que «con esas alternativas hídricas que garantizan los recursos en la localidad se les ocurrió hacer una desaladora en una prueba del despilfarro de las políticas que práctica el PSOE y de las que Compromís e Izquierda Unida fueron cómplices con la firma del convenio».

En opinión del que fuera alcalde de Sagunto, ese convenio sería «lesivo» para los intereses de los saguntinos, que verían como la factura del agua se incrementaría «hasta en un 50%» y eso, ha explicado Castelló «hay que evitarlo a toda costa». Tratamos de «garantizar el metro cúbico al que tenemos derecho los saguntinos por ley y del que solo se está usando la cuarta parte».

Finalmente, agrega Castelló, el agua procedente de la desaladora no debería contemplarse hasta que «los costes asociados no fueran repartidos de forma solidaria en el conjunto del sistema hidrológico nacional o en el conjunto de sistemas de explotación de la Confederación del Júcar».

Valoración desde Compromís
Por su parte, la diputada autonómica Teresa García, ha remitido una nota informativa en la que menciona que en la mañana de este martes ha sido aprobada la citada PNL. Sobre este conflicto, que en el caso de Sagunto puede suponer un coste para la ciudadanía de 65 millones de euros, consecuencia del convenio firmado en tiempos del tripartito de progreso, Teresa García ha señalado: «Entendemos que las desaladoras son infraestructuras de planificación hídrica que ayudan a ahorrar recursos hídricos en explotación de las aguas superficiales y los acuíferos, contribuyendo a una mayor sostenibilidad de estos recursos, pero lo que no podemos compartir es que, primero, estas infraestructuras estén directamente cargadas sobre el usuario en los términos en los que se ha producido. Y segundo, que sea la justificación para desarrollos urbanísticos no asumibles, como el caso de Castellón o que, en caso de estar justificadas, produzcan un factor limitando para el desarrollo industrial, como es el caso de Parc Sagunt. AQUAMED y el Ministerio en otros territorios del Estado se ha hecho cargo de su construcción y explotación. En estas poblaciones debe ocurrir lo mismo».


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Modificado por última vez en Martes, 11 Diciembre 2018 18:35

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