Este pasado martes, cuatro de septiembre, se celebró el pleno municipal ordinario correspondiente al mes de agosto. El gobierno cuatripartito incluyó en el orden del día de esta sesión una propuesta de convenio con la empresa gestora de la desaladora, ACUAMED, aunque finalmente fue retirado el punto.
Por otro lado, la entrada en vigor del Real decreto 1/2016 de 8 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, publicado en el BOE del 19 de enero de 2016, aprobaba la revisión de los Planes Hidrológicos de las cuencas intercomunitarias para el periodo comprendido entre 2015 y 2021, encontrándose entre ellas la Demarcación Hidrográfica del Júcar, cuyas disposiciones normativas se desarrollan en el Anexo XI del citado Real decreto.
En este documento, precisamente, se deja la puerta abierta a reemplazar el caudal del Júcar por recursos hídricos desalinizados: «Si la futura planificación hidrológica nacional modificase la reserva establecida por la Ley 14/1987, de 30 de julio, los mencionados volúmenes adicionales reservados en el sistema, hasta 11hm3/año, podrían aplicarse, en su caso, a complementar o sustituir parcialmente la referida asignación legal».
La Ley14/1987, de 30 de julio, es la que concede al municipio de Sagunto el conocido metro cúbico por segundo que se negoció en tiempos de la gestora municipal, presidida por el socialista Francisco Crispín. Efectivamente, en su preámbulo esta disposición legal justifica esta aportación de agua en los siguientes términos: «La Reconversión Industrial del Sector Siderúrgico ha supuesto para Sagunto y su zona de influencia una gran reducción de su índice de empleo y producción, lo que llevó al Gobierno, en uso de las facultades que le confiere la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, a declarar el área de Sagunto como zona de preferente localización industrial e industrial agroalimentaria, en virtud de los Reales Decretos 2715/1983 y 2748/1983, ambos de 28 de septiembre, respectivamente».
Reacciones desde la oposición
Ni que decir tiene que el agua desalada es mucho más cara y de menor calidad que la procedente del Júcar, de ahí que tanto el PP como IP, denuncien que si se pone en marcha la planta desaladora en los términos planteados, se vaya a incrementar significativamente el recibo del agua a los vecinos, ya de por sí muy elevado, debido a la privatización encubierta del servicio de agua potable que en 2007 fue aprobada por PP, PSOE y el Bloc, hoy Compromís.
En este sentido, el portavoz del Partido Popular, Sergio Muniesa Franco, habla de un coste para la ciudad de 65 millones de euros: «La desaladora es una instalación que no interesa a los vecinos, ya que aumentará los costes del agua, No interesa a las empresas, ya que el agua a ese precio no es competitivo en absoluto y aumentará los costes de producción y no interesa a nuestra ciudad ya que tendremos que pagar 65 millones de euros por una agua que no necesitamos. Estamos hablando de la mayor hipoteca de la historia de la ciudad», sentencia el líder popular.
Más adelante, el portavoz popular resalta que suspender temporalmente el convenio con ACUAMED no es la solución del problema: «Suspender temporalmente el convenio no es una solución, porque conlleva que los vecinos tengan que pagar entre un 30 y 50% más por el coste del metro cúbico de agua que la que ahora compramos. No busca solucionar el problema generado a los vecinos por ellos mismos, sino que pretende, plegándose a los intereses de una empresa como Aquamed, solucionarle a ella el problema bajo la amenaza de una hipotética pérdida de fondos europeos que no es una responsabilidad municipal», aclara Muniesa.
Finaliza Muniesa explicando las repercusiones económicas que para los vecinos del municipio tendrá la aplicación del convenio que ahora pretenden paralizar temporalmente: «Cuidaron otros intereses y no los de los ciudadanos y ahora, esta ciudad, tiene un problema de más de 60 millones de euros de una desaladora que, como ha quedado demostrado, no hacía ninguna falta. Una espada de Damocles que de caer, a modo de aplicación del convenio, supondría que el coste del agua desalada podría ser superior hasta en más de un 300% al coste del agua actual, como aseguran los informes técnicos».
Sobre los costes del agua de-salada, el líder del partido porteño habla de que se van a triplicar: «de acuerdo a los datos facilitados, el coste del m3 de agua desalada varía desde los 0,4652 euros del primer año de este convenio temporal, hasta los 0,5264 euros del tercer año, es decir, que el coste del m3, respecto a lo que nos cuesta el agua que actualmente nos llega desde el Júcar, se triplica, pues hemos de añadir los costes de transporte hasta la potabilizadora y la gestión del agua a través de la empresa mixta».
No obstante, González resalta que con la aprobación del citado convenio, lejos de solucionarlo, se está dado traslado en el tiempo al problema generado: «de aprobarse este convenio, la resolución de este tremendo problema se aplaza hasta dentro de tres años, aunque el Ayuntamiento ya empieza a asumir costes fijos, pues entrega en estos tres años 413.699,22 euros».
El portavoz de IP, Manuel González también coincide con el PP en resaltar que la desaladora no le hace ninguna falta al municipio de Sagunto, puesto que tiene atendidas sus necesidades hídricas con el caudal de un metro cúbico al que por ley tiene derecho: «nuestro municipio tiene, por decreto, derecho a 1.000 litros por segundo que deberían llegar por la conducción que viene desde el Júcar. Esa conducción ni siquiera tiene esa capacidad, pues como máximo puede transportar 700 litros por segundo. Aun así, seguimos teniendo excedentes, pues el consumo no llega a los 250 litros por segundo. Es decir, que alguien me explique por qué se llevó a cabo la construcción de la desaladora, cuando apenas consumimos la cuarta parte de nuestras reservas diarias».
Por otro lado, recuerda el portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González Sánchez, que en Parc Sagunt no está prevista una gran demanda de agua: «en Parc Sagunt se preveía la instalación de industrias que en sus procesos podrían haber consumido agua, como es el caso de Zumavesa, pero aún con la dinámica actual en la que hay comprometida la instalación de diversas empresas, seguimos contando con suficientes reservas hídricas, pues ha quedado claro que Parc Sagunt será un parque empresarial especialmente dedicado a la logística, algo que siempre defendió Iniciativa Porteña. Al final, el tiempo nos ha dado la razón. Pues bien, la industria logística apenas consume agua, en comparación con otros procesos productivos, por lo que, en todo caso, la puesta en marcha de la desaladora solo se corresponde a una metedura de pata infame, que, de no subsanarse, provocará la reversión de 19 millones de euros de fondos europeos».
