Según confirma en nota informativa el portavoz del Partido Popular, Sergio Muniesa, ha sido a finales de este mes de julio cuando la Sociedad Anónima de Gestión ha presentado la demanda contra el Consorcio de Residuos del Plan Zonal C3/V1, tendente a reclamar el pago de una deuda acumulada durante los ejercicios 2015, 2016, y 2017, cuyo montante alcanza los 567.747 euros, IVA incluido.
Como ya informó este periódico en su edición del pasado 29 de junio, el consejo de administración de la SAG, en la reunión que tuvo lugar el pasado 22 de noviembre, acordó por unanimidad dar luz verde al inicio de estas acciones judiciales. Sin embargo, ha sido a finales de este mes de julio cuando se han materializado, es decir, se ha puesto en marcha la maquinaria legal por parte de la SAG ocho meses después de que se tomara el acuerdo de forma unánime.
Así las cosas, el portavoz popular Sergio Muniesa indica que estos retrasos, «absolutamente injustificados, parecen haber querido dar sustento a voces del equipo de Gobierno que pretendían no se presentaran estas reclamaciones judiciales y que se aderezaron con la presentación, por parte del consorcio, después del fallido Consejo de Administración de la SAG del 2 de Julio, de una serie de documentos que hablaban de la prestación de unos servicios que hacen en el resto de municipios y que no justificaban en modo alguno la deuda de casi 600.000 euros que se mantiene con la SAG».
En opinión de Muniesa, sorprende que se haya presentado la demanda, «sin más explicaciones y, sobre todo, después de los retrasos injustificados por parte de Quico Fernández y su Compromís que pretendía amparar estos retrasos en hipotéticas vías de negociación, en la reiteración de informes jurídicos que avalasen la presentación de la demanda o la aparición de nuevos documentos, después de que el propio consocio estuviera negando de forma reiterada el reconocimiento de la deuda, a lo que siempre ha recibido, por parte de los partidos de la oposición y de su socio de gobierno de EU, la misma respuesta: que se interpusiera la demanda».
Este proceso de convocatoria y desconvocatoria de sesiones del Consejo de Administración de la SAG, que el portavoz del PP califica de vodevil, requería la convocatoria de una nueva reunión del citado órgano, según argumenta el líder popular: «lo lógico, después de este vodevil de convocatoria y desconvocatoria de consejos y aparición de informes, sería haber convocado un consejo y haber dado las explicaciones del porqué de las dudas por parte de Quico Fernández y sus socios, cuando para los demás, oposición y asesorías jurídicas, todo parecía claro, y más cuando el informe emitido por Cuatrecasas, además de ratificar la justificación de la reclamación, desliza un posible reproche penal».
Reproche penal
Sobre esta cuestión a la que se refiere Sergio Muniesa, el informe jurídico de Cuatrecasas, indica que existirían argumentos para entender que la remisión que se le hizo al Consorcio por parte de RPB fue de la totalidad del Contrato, es decir, documento principal y anexo, del mismo modo que se hizo con el Ayuntamiento de Sagunto, «no pareciendo admisible que el Consorcio y el Ayuntamiento de Sagunto hayan aprobado prestaciones y obligaciones diferentes», sentencia.
En cuanto al punto del informe donde se menciona el posible reproche penal, el párrafo concreto señala textualmente: «En cualquier caso, en el supuesto de que RPB solo hubiese remitido el documento principal del contrato y no su anexo al Consorcio –en ese caso con el conocimiento y beneplácito por tanto del Gerente del Consorcio que conocía tal anexo y lo informó favorablemente- podría analizarse el posible encaje de dichos hechos en una conducta susceptible de reproche penal, en cuanto que con dicha conducta se indujo a SAG y al Ayuntamiento de Sagunto a renunciar a una serie de procedimientos judiciales previamente interpuestos contra el Consorcio y que, en caso de haber conocido la falta de pago por el Consorcio de las cantidades que nos ocupan y que formaban parte del Contrato, no se habría llevado a cabo».
Para los populares, todos estos acontecimientos, lejos de hacer perder peso a la demanda, la justifican aún más, asevera Sergio Muniesa, quien agrega: «cuando además se incluye un extenso y detallado informe de auditoría que certifica lo que ya sabíamos y es la abultada deuda que desde 2015 mantiene el Consorcio de Residuos con la SAG».
El Grupo Municipal Popular no encuentra justificación para que la SAG haya tardado ocho meses en presentar una demanda para reclamarle al Consorcio de Residuos del Plan Zonal C3/V1, el pago de una deuda acumulada durante los ejercicios 2015, 2016, y 2017, cuyo montante alcanza los 567.747 euros, IVA incluido. Considera el portavoz del PP que dicha demora solo ha servido «para acrecentar sospechas y, por ello, consideramos que se debería haber convocado una reunión del consejo para eliminar cualquier atisbo de duda y clarificar todo aquello susceptible de alguna sombra, ya que la demanda se debía haber presentado en noviembre del año pasado, puesto que no cabía en forma alguna este largo retraso».
Con el fin de esclarecer lo ocurrido, el Grupo Municipal Popular, representado en el Consejo de Administración de la Sociedad Anónima de Gestión, solicitará por los cauces reglamentarios la convocatoria de una sesión del consejo de la SAG, donde se expliquen, por parte del director general de la compañía, Enrique Catalá y del presidente del mismo, el alcalde Francesc Fernández, las causas de este retraso de ocho meses en la presentación de la demanda contra el consorcio de residuos para reclamarle el pago de 567.747 euros.
