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El próximo lunes, 2 de julio, se celebrará un nuevo consejo de administración de la Sociedad Anónima de Gestión (SAG), donde se determinará si la compañía inicia acciones legales contra el Consorcio de Residuos del Plan Zonal C3/V1, tendentes a reclamar el pago de una deuda acumulada durante los ejercicios 2015, 2016, y 2017, cuyo montante alcanza los 567.747 euros, IVA incluido. Esta sería la tercera reunión que celebra este órgano para abordar la cuestión. Efectivamente, en la primera de ellas, que tuvo lugar el pasado 22 de noviembre, los consejeros acordaron por unanimidad dar luz verde al inicio de estas acciones judiciales. Esta sesión del consejo, estuvo presidida por el alcalde del municipio, Francesc Fernández, quien, como el resto de miembros del consejo, votó a favor de la medida, sin embargo, no acudió la diputada autonómica por Compromís y también consejera de la SAG, Teresa García.

Aunque el acuerdo adoptado por el consejo de la SAG era claro, además de unánime, se volvió a reunir este órgano cuatro meses después, concretamente el pasado 28 de marzo, para abordar nuevamente el asunto, planteándose, a instancias del alcalde, la necesidad de solicitar un informe jurídico al bufete Cuatrecasas para determinar la viabilidad del ejercicio de reclamación judicial que se había aprobado en el consejo del 22 de noviembre.

De esta manera, se lograba que la SAG demorara, aún más, la reclamación de esa deuda al Consorcio, en este caso, por vía judicial. Dos meses después, el pasado 30 de mayo, Cuatrecasas emitió el informe solicitado. Fue el 20 de junio cuando la SAG envió a los miembros del consejo de administración la opinión jurídica de Cuatrecasas, junto a la convocatoria para la celebración del Consejo de Administración del próximo 2 de julio.

Por tanto, una vez cubierto todo este trámite, llega la hora de la verdad, es decir, el próximo lunes, en una nueva reunión de este órgano colegiado, se tendrá que decidir si la SAG reclama o no por vía judicial el pago de esa deuda. Sin embargo, las fuentes consultadas por este periódico han coincidido en resaltar el interés que existe por retrasar en el tiempo el inicio de las acciones legales. Como se ha indicado, fue en la reunión del consejo del 22 de noviembre cuando se acordó por unanimidad reclamar judicialmente la deuda y facultar al director general de la compañía para ello. Desde entonces ya han transcurrido siete meses y aún se está a la espera de la reunión del día 2 de julio para determinan si se sigue adelante o se renuncia a reclamar el pago de esa cuantía que supera con creces el medio millón de euros.

Puede darse el caso que se reproduzcan dos bloques en la reunión próxima, por un lado, los que están a favor de iniciar el pleito y, por otro, los que son contrarios a ello. Es decir, PP, Ciudadanos, Iniciativa Porteña y Esquerra Unida, que se pronunciarían a favor de interponer la demanda, mientras que Compromís, que cuenta con dos votos, PSOE y los ‘podemitas’ de ADN Morvedre, podrían mostrarse en contra.

Aunque es posible que en la reunión del próximo lunes el alcalde presente alguna novedad que pueda variar estas posiciones, ya que, según ha podido saber este periódico, en la mañana de este mismo viernes se ha celebrado en el palacio municipal una reunión entre el alcalde y los máximos responsables del Consorcio de Residuos. Aunque el contenido de la reunión no ha trascendido, todo parece indicar que este encuentro hay que ubicarlo en el contexto de la decisión que el lunes próximo pueda tomar el consejo de administración de la SAG.

El quid de la cuestión

El Consorcio no reconoce la deuda que le reclama la SAG, ahí, exactamente, se encuentra el quid de la cuestión. Efectivamente, al iniciarse la ejecución del contrato y las obligaciones de las partes, derivadas del mismo, la SAG envió al consorcio las facturas de los años 2015 y 2016 en virtud de lo estipulado en el concepto núm. 5 del anexo del acuerdo suscrito entre la SAG y Reciclados Palancia Belcaire S.L. (RPB), sin embargo, la respuesta no se hizo esperar: «consultados los acuerdos de la Junta y Comisión de Gobierno del Consorcio de Residuos C3/V1, este no tiene ningún compromiso contractual con la Sociedad Anónima de Gestión S.L., por lo que no procede la facturación entre los mismos».

Resulta llamativo que en el citado Consorcio no haya constancia documental del acuerdo alcanzado entre RPB y la SAG, máxime teniendo en cuenta que la negociación de dicho acuerdo se llevó a cabo entre el director general de la Sociedad Anónima de gestión, Enrique Catalá, y Joan Piquer Huerga, que fue gerente y responsable de contratos del Consorcio hasta finales de enero de 2016, fecha en la que pasó a formar parte de la estructura del Gobierno valenciano, al ser nombrado director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental.

Según las crónicas de la época, este cambio en la citada dirección general se materializó con la finalidad de potenciar y dar un nuevo empujón a las políticas del departamento, particularmente las englobadas dentro de la gestión de residuos, aprovechando, de esta manera, la amplia experiencia acumulada por Piquer al frente del Consorcio.

Antecedentes

El origen de este conflicto hay que buscarlo en el interés mostrado por las partes intervinientes: Reciclados Palancia Belcaire S.L. (RPB), Sociedad Anónima de Gestión (SAG), Consorcio de Residuos y el propio Ayuntamiento de Sagunto, para integrar en el citado Consorcio el ecoparque fijo y móvil de Sagunto.

Llegados a este punto, se propuso que RPB subcontratase con la SAG la gestión de ambos ecoparques. Sobre esta cuestión, cabe agregar que el Consorcio emitió el 17 de diciembre de 2013 informe favorable para que se pudiera materializar dicha subcontratación entre RPB y la SAG.

A partir de aquí, se iniciaron las negociaciones entre las partes para establecer las condiciones del contrato de la gestión de los ecoparques. Así, RPB presentó la propuesta de contrato ante el Consorcio el 25 de febrero de 2015 y el 30 de marzo del mismo año ante el Ayuntamiento de Sagunto.

La Junta General de Accionistas de la SAG dio luz verde al acuerdo en su reunión del 30 de abril de 2015, siendo finalmente firmado el contrato entre RPB y SAG el 14 de mayo de 2015. En esa misma fecha, el gerente del Consorcio también emitió informe favorable a la firma del contrato. A partir de aquí, la Junta de Gobierno del Consorcio, reunida de forma extraordinaria y urgente el 20 de mayo de 2015, acordó dar el visto bueno al contrato.

Dicho trato, en lo que a la parte económica se refiere, está formado por cinco puntos, que, en su conjunto, alcanzan un montante económico de 735.959 euros anuales, más IVA. De los cinco enunciados, RPB asume el pago del punto 1, que se refiere al ecoparque fijo; el 2, correspondiente al ecoparque móvil; y el 4, donde se incluye el tratamiento y eliminación de residuos procedentes de poda. Por los conceptos 1, 2 y 4, la SAG percibe anualmente el pago, por parte de RPB, de 491.072,23 euros.

El tratamiento y eliminación de residuos no peligrosos, cuestión que se contempla en el punto 3 del acuerdo, es abonado directamente por el Consorcio de Residuos. Es decir, esta clase de desechos que se recogen en Sagunto son trasladados hasta una planta de reciclaje autorizada para su tratamiento. La cuantía económica por este servicio, asciende, según figura en el contrato, a 94.142,93 euros anuales. Existe un quinto punto, denominado «Complemento. Varios», por un importe anual que asciende a 150.743,84 euros.

El punto quinto es el que da origen a este litigo que se encuentra ahora en su fase inicial, puesto que por dicho concepto se ha ido acumulando una deuda, correspondiente a los ejercicios de 2015, 2016 y 2017, por un importe de 567.747 euros, IVA incluido. De ahí que la SAG haya incorporado al Consorcio de Residuos en el listado de «clientes de dudoso cobro».

Este desglose de conceptos y valoraciones económicas figura en un anexo del contrato, sin embargo, tal y como se ha indicado, el propio Consorcio negó que existiera compromiso contractual alguno con la Sociedad Anónima de Gestión. Algo que las fuentes consultadas por este periódico han calificado de «sorprendente y llamativo», puesto que cuando el Consorcio otorgó consentimiento al contrato, lo hizo fundamentándose en el informe previo redactado por el gerente de la entidad y responsable del contrato, Joan Piquer Huerga.

Siendo de destacar, además, que existe abundante documentación, correos electrónicos principalmente, intercambiada entre el gerente del Consorcio y el de la SAG, donde se acredita sobradamente la existencia del anexo del contrato y el punto quinto. En efecto, Joan Piquer Huerga, como gerente del Consorcio y responsable de contratos de la entidad, intervino personalmente en la negociación del acuerdo, por lo que es fácil deducir que era pleno conocedor del documento principal y el anexo del contrato.

Alegar desconocimiento

Podría darse el caso de que el Consorcio alegara que, cuando acordó dar consentimiento al contrato, desconocía la existencia del anexo que complementaba el cuerpo principal del mismo. Como se ha dicho, el gerente y responsable de contratos del Consorcio, Joan Piquer Huerga, intervino personalmente en el proceso negociador y, por tanto, conocía con detalle suficiente el texto del mismo, incluido el anexo. Si se hubiera dado el caso de que RPB solo remitió al Consorcio el acuerdo principal, sin el anexo, el gerente de la entidad debería de haber informado de dichas circunstancias.

Sobre esta cuestión, precisamente, el informe jurídico de Cuatrecasas, al que ha tenido acceso este periódico, indica que existirían argumentos para entender que la remisión que se le hizo al Consorcio por parte de RPB fue de la totalidad del Contrato, es decir, documento principal y anexo, del mismo modo que se hizo con el Ayuntamiento de Sagunto, «no pareciendo admisible que el Consorcio y el Ayuntamiento de Sagunto hayan aprobado prestaciones y obligaciones diferentes», sentencia.

Así las cosas, el citado informe jurídico habla de reproche penal: «En cualquier caso, en el supuesto de que RPB solo hubiese remitido el documento principal del contrato y no su anexo al Consorcio –en ese caso con el conocimiento y beneplácito por tanto del Gerente del Consorcio que conocía tal anexo y lo informó favorablemente- podría analizarse el posible encaje de dichos hechos en una conducta susceptible de reproche penal, en cuanto que con dicha conducta se indujo a SAG y al Ayuntamiento de Sagunto a renunciar a una serie de procedimientos judiciales previamente interpuestos contra el Consorcio y que, en caso de haber conocido la falta de pago por el Consorcio de las cantidades que nos ocupan y que formaban parte del Contrato, no se habría llevado a cabo».

Cuando se negoció y cerró este contrato, el Ayuntamiento de Sagunto estaba gobernado por el Partido Popular, siendo el edil Sergio Muniesa Franco, junto al gerente de la SAG, Enrique Catalá, los que llevaron el peso de la negociación. En la otra parte, además del gerente del Consorcio, Joan Piquer Huerga, actualmente director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat, era vicepresidenta del mismo Teresa García y presidente el socialista Paco Salt, que sigue en el cargo.

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sagunto, a propósito de esta demora de más de 7 meses en la reclamación de una deuda al Consorcio de Residuos, ha indicado que «el alcalde y Teresa García están auspiciando un boquete de 567.000 euros a la SAG».

El portavoz de Ciudadanos, Raúl Castillo Merlos

Así de contundente ha sido el portavoz municipal del partido naranja, tras conocer la documentación que maneja la SAG: «aún cuando se aprobó en el Consejo hace meses la decisión de llevar a la vía judicial la reclamación de dichas cuantías, lo cierto es que han pasado siete meses y con su conducta dan muestra de una extraña  tibieza en la reclamación de las deudas del consorcio de basuras a la empresa municipal de limpieza».

Lo que está ocurriendo con este caso, Castillo lo asocia a un intento de ‘proteger’ al anterior gerente del Consorcio, militante de Compromís y actual director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental de la Generalitat: «tanto el señor alcalde como la señora diputada Teresa García, están tapando las penas de su compañero de partido y actual director general de Cambio climático y calidad ambiental, Joan Piquer Huerga, que en su momento era el Gerente del consorcio y actuó como negociador y firmante del contrato» además, el portavoz naranja añade que: «casualmente la Señora Teresa García era la vicepresidenta del Consorcio por aquel entonces».

Por otro lado, para el portavoz de ciudadanos tampoco han pasado desapercibidos algunos aspectos que figuran en el informe jurídico de Cuatrecasas: «es gravísimo que del estudio de cómo se fueron sucediendo las actuaciones en aquel momento, la conducta de la Gerencia del Consorcio podría haber inducido a la SAG y al Ayuntamiento de Sagunto a renunciar a una serie de procedimientos judiciales previamente interpuestos contra el Consorcio y que, en caso de haber conocido la falta de pago por el Consorcio de las cantidades pendientes de pago y que formaban parte del Contrato, no se habría llevado a cabo».

Por último, Raúl Castillo se ha mostrado muy preocupado con respecto a que «existe una clara intención de dilatar la asunción de responsabilidades del Consorcio y eso no lo vamos a permitir, o pagan la deuda de forma inmediata y reconocen sus obligaciones sin ningún género de duda o exigiremos que se inicien las actuaciones judiciales tan pronto como la demanda esté redactada».

Asimismo, el edil de Ciudadanos ha señalado que «en cuanto a la presunta conducta omisiva por parte de la Gerencia del Consorcio, que conllevaría responsabilidades penales, queremos que se aclare y si realmente existen dichas conductas irregulares, buscaremos a los responsables y los pondremos ante la justicia. Si el propio Ayuntamiento o el Consejo de la SAG no instan las acciones necesarias para aclarar estas presuntas responsabilidades penales anunciadas en el informe jurídico, desde Ciudadanos nos plantearemos muy seriamente la posibilidad de llevar estas actuaciones oscuras ante el órgano judicial que corresponda».