El pleno extraordinario celebrado este viernes ha rechazado las alegaciones presentadas en este procedimiento por la cementera al considerar el equipo de gobierno que se trata de monte público del que la empresa no es propietaria

Lafarge reclama sus derechos mineros sobre una parte del futuro paraje natural de Romeu

Un momento de la sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento de Sagunto celebrado esta mañana Un momento de la sesión extraordinaria del pleno del Ayuntamiento de Sagunto celebrado esta mañana Lafarge reclama sus derechos mineros sobre una parte del futuro paraje natural de Romeu
Viernes, 08 Junio 2018 16:45

La lucha entre el Ayuntamiento de Sagunto y la empresa cementera Lafarge continúa adelante tras unos meses de un poco de respiro. En esta ocasión se debe a la intención del consistorio saguntino de declarar como Paraje Natural Municipal un total de 277,7 hectáreas de la Montaña de Romeu, iniciativa que se aprobó en un pleno extraordinario celebrado el pasado 7 de marzo y que contó con el respaldo de las formaciones políticas que forman parte del equipo de gobierno y los votos contrarios de la oposición.

Ahora, tres meses después, el consistorio saguntino ha vuelto a celebrar un pleno extraordinario para tratar las alegaciones que la empresa cementera interpuso durante el período de exposición pública de este procedimiento, alegaciones que fueron remitidas al ayuntamiento por parte de la Dirección General de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. En las mismas, la mercantil con planta en Puerto de Sagunto reclama sus derechos sobre un total de 101 hectáreas de este futuro paraje natural municipal por una concesión demanial minera.

«Lafarge no tiene derechos en esta zona cuyo uso, además está restringido porque no se puede hacer actividad extractiva, es de uso forestal, además de ser un monte de utilidad pública de titularidad municipal. Esta empresa nunca alega el derecho de propiedad porque no la tiene y la concesión demanial minera de 1973 no obliga al ayuntamiento a consentir una ocupación por parte de Lafarge», ha apuntado el concejal de Urbanismo, Pablo Abelleira.

Del mismo modo, el concejal de ADN Morvedre ha apuntado que en estas alegaciones, la multinacional cementera considera que el consistorio saguntino está incumpliendo el convenio firmado entre ambas entidades el 27 de mayo de 2013. «Esto no es cierto porque estamos respetando las 33 hectáreas que figuran en el convenio, es una zona que no se ha incluido dentro del paraje natural municipal que solicitamos al Consell por lo que no existe vulneración alguna de sus derechos como ellos alegan», ha aclarado Abelleira.

En este sentido, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sagunto, Sergio Muniesa, ha afirmado que éste es un asunto que, como ya dijo en su momento, «conlleva cierto riesgo», motivo por el cual ya pidió en marzo que se retirara para un mejor estudio por parte de todos los grupos políticos. «Se debería haber estudiado con el convenio en la mano para, de esta manera, evitar una posible judicialización de este proceso porque Lafarge tiene la potestad de pedir lo que considera su derecho como así ha hecho presentando estas alegaciones para que no se tramite este asunto o para que se inadmita. Este tema puede conllevar una consecuencia económica para este ayuntamiento de muchos millones de euros al tener una concesión minera que nada tiene que ver con la titularidad o no de la zona», ha explicado Muniesa

Finalmente, el pleno del consistorio saguntino ha decidido no admitir las alegaciones presentadas por Lafarge contando con los votos a favor de los concejales de Compromís, Esquerra Unida, ADN Morvedre, PSPV-PSOE y el no adscrito, José Vicente Muñoz, y los votos contrarios de Ciudados, Iniciativa Porteña y Partido Popular.

Plan Económico y Financiero

Por otro lado, el Ayuntamiento de Sagunto también ha aprobado el Plan Económico y Financiero para recudir en 1,2 millones de euros los gastos para este ejercicio presupuestario. Como ha informado el concejal de Hacienda, Enric Ariño, esto se debe a la conocida como regla del gasto que impuso en el año 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy, una medida que el edil nacionalista considera «injusta» puesto que el consistorio saguntino es un ayuntamiento que se encuentra saneado y con un nivel de endeudamiento de alrededor del 40%, cuando el límite está en el 75%.

De este modo, este plan económico, aprobado por el equipo de gobierno y con la abstención de los concejales de la oposición, contempla la reducción de unos 500.000 euros en la Sociedad Anónima de Gestión, 50.000 euros en el Consell Agrari y 750.000 euros en los gastos del propio ayuntamiento, además de contar con nuevos ingresos por las dos tasas de reciente creación como son la de transporte de energía y la de certificados de accidentes para seguros. «Son partidas que se pueden prescindir de ellas ya que, por ejemplo, en el Consell Agrari son tres plazas de guardería rural que no íbamos a cubrir; además, en el proyecto del Solar de Quevedo nos vamos a ahorrar unos 108.000 euros y en la administración electrónica del consistorio 109.000 euros, además de no gastarnos los 300.000 euros que siempre el Interventor pone en el presupuesto como fondos de contingencia para cosas no previstas», ha señalado Ariño.

El portavoz del PP, Sergio Muniesa, ha criticado duramente este plan financiero asegurando que «lo que ahora llaman ajustes, antes decían que eran recortes». El concejal popular, asimismo, ha apuntado que el equipo de gobierno podría haber quitado otras partidas distintas a las propuestas. «Cuando se aprobó el presupuesto de 2017 ya dije que con lo que iban a ingresar no iban a ser capaces de pagar su gasto y el tiempo me ha ido dando la razón porque eran unas cuentas ficticias de un presupuesto de ciencia ficción. Han demostrado que es un equipo de gobierno incapaz de gestionar como demuestra que de las inversiones previstas en 2017 han dejado sin ejecutar el 80%», ha informado Muniesa.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos, Raúl Castillo, ha coincidido con Ariño en que se trata de una norma injusta pero que al ser una norma, y más aprobada en 2012, hay que cumplirla. «Este plan va a tener consecuencias para el ayuntamiento como el millón de euros que no van a estar disponibles, la amortización de tres millones de euros que no estábamos obligados a realizar o el tener que prorrogar el pago de facturas pendientes del pasado año. El problema es que, hasta ahora no se había tomado ninguna medida», ha finalizado el edil de la formación naranja.


Si le ha interesado esta información, puede unirse a nuestro canal de Telegram y recibirá todas las noticias que publicamos para el Camp de Morvedre. Síganos en https://t.me/eleco1986

Artículos relacionados (por etiqueta)

 

 

SUCESOS

SALUD