El grupo municipal de Esquerra Unida (EUPV) en el consistorio saguntino planteará en la sesión plenaria del próximo día 29 de mayo, una moción en la que pide el apoyo del resto de concejales para instar al Gobierno a que de acuerdo con las Comunidades Autónomas, «se adopten las medidas legislativas oportunas para que en el plazo de tiempo más breve posible se apruebe una ley que reconozca el derecho de la persona a la autodeterminación, la libertad y la dignidad en el final de su propia vida, no sufriendo en la muerte. Así como un marco común en materia de accesibilidad y utilización del testamento vital y de cooperación entre Administraciones que garantice en la práctica el derecho efectivo a las instrucciones previas en la asistencia a la agonía, la propia asistencia y dentro de esta la limitación del esfuerzo terapéutico, cuidados paliativos y la sedación terminal».
Igualmente instar al Gobierno a impulsar las medidas oportunas para proceder a «despenalizar la eutanasia o suicidio asistido a través, al menos, de la modificación del apartado 4 del artículo 143 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Todo ello con el fin de proporcionar suficientes garantías y cobertura jurídica a pacientes y profesionales, para que éstos queden exentos de pena en el caso de que cooperen, participen, permitan o faciliten a través de sus actos la muerte digna y sin dolor de una persona, a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, siempre y cuando la misma sufriese una enfermedad grave cuyo desenlace necesariamente fuera su muerte o le provocase graves sufrimientos permanentes y difíciles de soportar, o que, siendo permanente, la incapacitase de manera general para valerse por ella misma».
En la exposición de motivos para hacer esta propuesta, los ediles de EUPV señalan que para garantizar este derecho la línea fundamental de trabajo debe ser que la mejor cobertura en paliativos sea compatible con el derecho a la eutanasia y el suicidio asistido, proporcionando con ello las mejores condiciones para afrontar el final de la vida. Y eso debe pasar por una fuerte inversión pública en cuidados paliativos y, además, en una formación integral de los profesionales sanitarios, por lo que se debe de dejar a un lado los recortes presupuestarios y empezar a poner recursos públicos para su desarrollo.
Antecedentes y datos
Los firmantes de la moción recuerdan que el pasado 19 de abril fallecía el doctor Luis Montes, defensor incansable de los derechos y las libertades de las personas al final de su vida. Así mismo, en el mes de enero se cumplieron veinte años de la muerte de Ramón Sampedro, primer ciudadano español en pedir la eutanasia o el suicidio asistido, viendo denegadas sus reclamaciones una y otra vez por los tribunales. Consideraba que vivir era un derecho y no una obligación y que sólo el tiempo y la evolución de las consciencias decidirían algún día si su petición era razonable o no.
Desde 2005, año en el que el doctor Montes —Coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa— fue investigado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a raíz de dos denuncias anónimas en las que se le acusaba de sedaciones en dosis elevadas a enfermos terminales, el apoyo ciudadano a la muerte digna ha ido incrementándose gradualmente en nuestro país
Así, en enero 2008 una encuesta de Metroscopia—coincidiendo con el cierre del caso del doctor Montes en los tribunales que ratificó el sobreseimiento que ya se había determinado en 2007— mostraba el amplio apoyo ciudadano a la muerte digna: el 70% estaba de acuerdo con que un enfermo incurable tuviera derecho a que los médicos le proporcionasen algún producto para poner fin a su vida sin dolor. Aquel era un porcentaje 17 puntos superior al de 20 años antes y sólo seis meses después de esta, el porcentaje de apoyo se incrementaba 10 puntos hasta un 80%. Y de ahí al 84% actual. Opinión que apenas difiere de la de los franceses, italianos, alemanes, ingleses o estadounidenses.
No es de recibo que ante estos datos cada año miles de personas sufran una muerte agónica que no desean, se suiciden en la clandestinidad o decidan exiliarse a Suiza para fallecer en paz.
En julio de 2008 y en el marco de un seminario sobre muerte digna de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander (UIMP) dirigido por el doctor Montes, este distribuyo un documento conocido como el “Manifiesto de Santander” en el que se pedía la legalización del "suicidio asistido" y la eutanasia activa, reclamando el respaldo entre otros de filósofos, juristas, teólogos, personalidades de la cultura, científicos e investigadores, en suma de la sociedad en general, y la apertura de un debate en el seno del Congreso de los Diputados.
En este manifiesto se recogía que «aunque la constitución y la legislación vigente deben seguir garantizando el derecho a la vida, también deberían garantizar el derecho a una muerte digna. El legislador, ha de reconocer que la regulación actual del código penal en su artículo 143.4, es insuficiente para garantizar este derecho, por lo que habría que encaminarse claramente hacia la despenalización del suicidio asistido y la eutanasia”, “prácticas que no se imponen a la totalidad de los ciudadanos, sino que pertenecen al ámbito de la libertad de elección personal de aquellos que quieran disfrutar de este derecho».
Desde 1994 el Congreso ha debatido hasta en 16 ocasiones la regulación de la eutanasia. También ha habido iniciativas que se han registrado y no se han podido debatir por distintos motivos Así por ejemplo cabría citar la Proposición no de ley sobre muerte digna presentada para su debate en Pleno por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Plural. En donde en su exposición de motivos se hacían las siguientes referencias:
«La vida, como objeto de protección jurídica, no presenta, en principio, ningún problema desde el punto de vista de su reconocimiento constitucional; el artículo 15 de nuestra Constitución proclama taxativamente que «todos tienen derecho a la vida». Una interpretación integradora de vida y libertad y, por consiguiente, una interpretación del artículo 15 a la luz del libre desarrollo de la personalidad obliga a considerar que la vida impuesta contra la voluntad de su titular no puede merecer en todo caso el calificativo de bien jurídico protegido. Dicho de otra manera, la vida es un derecho no un deber».
Prosiguen argumentando que la especial importancia de la vida, «la irreversibilidad de las consecuencias de la decisión, la eventual necesaria implicación de terceros y la vulnerabilidad de los procesos de toma de decisión en determinadas situaciones y etapas vitales hacen necesario adoptar cuantas medidas sean posibles en orden a garantizar la plena libertad de la voluntad, sobre todo en el momento del final de la vida».
Y concluyen afirmando desde EUPV que hace falta una ley «más humana, rigurosa y de consenso. Es justo reconocer que hasta el momento no se ha hecho bien por distintos motivos como la complejidad jurídica o los distintos tipos de moral existente en nuestro país. Se ha avanzado en la legislación de los testamentos vitales, pero las leyes se quedan cortas. Es cierto que hay que dar una cobertura y un amparo legal a los enfermos y también a los profesionales médicos. Una ley que garantice la cobertura universal para todas las personas que lo necesiten y en especial a las más vulnerables de la sociedad, 365 días al año y 24 horas, en cualquier sitio, incluido el domicilio».
