Esta misma semana, el alcalde de Sagunto, Francesc Fernández, anunciaba la garantía del suministro de agua a todas las empresas que quieran implantarse en Parc Sagunt. Sobre este asunto, desde el grupo municipal del PP ha querido recordarle que «el agua está garantizada desde mucho antes de que ocupara el puesto de alcalde, gracias al metro cúbico por segundo que tiene concedida por ley nuestra ciudad y del que queda disponible casi las dos terceras partes y desde luego a un precio mucho más bajo que la desalada y eso es lo que hay que defender».
Asimismo explican: «Pretender justificar ahora el abastecimiento con agua desalada es asumir que serán los vecinos de Sagunto los que lo harán, pagando de sus bolsillos más de 60 millones de euros de una desaladora impuesta por el gobierno socialista y el voto cómplice de Bloc/Compromís y Esquerra Unida. Hay que recordar al alcalde y al actual equipo de gobierno que realmente por lo que deben preocuparse es porque no entre en vigor el convenio que se suscribió con Acuamed, que deja al Ayuntamiento como único responsable y pagador de los más de sesenta millones de euros que tiene aparejada esa instalación y que debe asumir directamente nuestro municipio en exclusiva».
Los populares consideran que en los tres años de legislatura, el gobierno de Sagunto «ha dejado escapar muchas oportunidades en lo que al suministro de agua se refiere y que es fundamental para nuestra ciudad y nuestros polígonos; sin ir más lejos, el pasado año, ya denunciamos que el cuatripartito no hubiera reclamado al Plan Hidrológico del Júcar no sólo por el mantenimiento del caudal del metro cúbico sino además por un reparto solidario de los costes de construcción de la desaladora entre todo el sistema. Sabiendo todo esto Fernández, aún se fotografía y se las promete muy felices al garantizar suministros procedentes de la desaladora, ocultando a vecinos y empresas las consecuencias de su puesta en marcha. Asumir un coste superior a los 65 millones de euros por los vecinos del municipio e incrementar un 50% la factura del agua».
Los populares señalan que «mientras 13 municipios recurrieron y defendieron sus intereses, el gobierno más caro que ha tenido este municipio, con 17 liberados del cuatripartito, no tuvieron tiempo, de nuevo, para trabajar por la ciudad. No recurrieron la decisión que contempla el plan hidrológico de sustituir el caudal del metro cúbico por agua procedente de la desaladora y que costaría a los vecinos más de 65 millones de euros. Pero no acaba ahí la “chapuza hídrica”, también supondrá para los vecinos, un incremento de más del 50% como mínimo del recibo».
Desde el PP consideran «imperdonable que el Sr. Fernández y su cuatripartito se callen frente a la conselleria que exige ahora la puesta en marcha de las desaladoras, lo que para Sagunto supone ir en contra de los intereses de la ciudad. Un cambio radical en la postura de la administración autonómica que, en la pasada legislatura, gobernando el PP, sí que se alineó en la defensa de los intereses de los ayuntamientos que estábamos afectados por este problema. Mientras otras corporaciones impugnaron el Plan del Xúquer por estar disconformes con esa resolución, el cuatripartito se hace fotos en la desaladora y demuestra una vez más estar paralizado y se dedica a estar callado ante la Generalitat, que toma decisiones que hacen que nuestro municipio sea el único responsable de su pago».
Los populares apuntan: «Mientras nosotros gobernamos hicimos toda una serie de alegaciones para intentar arreglar la chapuza hídrica del PSOE nacional y la complicidad del tripartito. Tanto es así, que desde el gobierno municipal planteamos alegaciones para garantizar el caudal del metro cúbico y que el agua procedente de la desaladora quedara excluida hasta que los costes asociados no fueran repartidos de forma solidaria en el conjunto del sistema hidrológico nacional o el conjunto de sistemas de explotación de la confederación del Júcar. Es imperdonable que, tras la aprobación definitiva del plan hidrológico, el cuatripartito no planteara acción alguna para que los intereses de la ciudad no se vean perjudicados».
Finalizan asegurando que «antes de garantizar el agua desalada, se debe garantizar que no entre en vigor el convenio. Hoy resulta injustificable que Fernández avale el uso de la desaladora, cuando tenemos por ley garantizado un metro cubico para consumo urbano e industrial, un metro cúbico por segundo que solo se está usando la tercera parte.Un agua que resulta a mucho menor coste que la desalada y ofrece una clara ventaja competitiva al sector industrial».
