Muchos son los meses en los que la empresa cementera Lafarge y el Ayuntamiento de Sagunto han vivido un tenso enfrentamiento por la ampliación del permiso de ocupación de monte público en la cantera del Salt del Llop, permiso que hace escasas dos semanas era concedido por parte de la Dirección General de Medio Natural y Evolución Ambiental a esta planta situada en Puerto de Sagunto. Durante todo este tiempo, muchas han sido las reacciones de políticos, representantes sindicales y empresariales o vecinos que han ido publicándose en los medios de comunicación.
En este sentido, desde Compromís per Sagunt han querido matizar y responder a algunas de las últimas declaraciones realizadas por miembros de Iniciativa Porteña y del grupo municipal Ciudadanos en el consistorio saguntino. Así pues, la secretaria de políticas municipales de esta formación en la capital del Camp de Morvedre, Teresa García, ha declarado respecto a las acusaciones de IP y Ciudadanos sobre las motivaciones personales sobre el asunto de Lafarge que «desde Compromís siempre cumplimos con la ley cuando prometemos el cargo y defendemos el interés general, no tenemos más interés que ese, defender el interés público y conjugar el interés general dentro de la ley».
La representante nacionalista, además, ha apuntado: «La cantera es una montaña pública propiedad del Ayuntamiento de Sagunto, por lo tanto, su explotación debe de someterse a la legislación de los bienes demaniales, ambientales, urbanísticos y mineros. Como es de todos sabido, existen discrepancias jurídicas de los técnicos municipales en el permiso de ocupación de la cantera que lesionan los intereses de los bienes y propiedades municipales. Además de encontrarnos con el ejercicio de una actividad con una clara incompatibilidad de usos en suelo urbano que causa molestias a los vecinos que viven en esta zona de nuestra ciudad».
Es por este motivo por el cual, Teresa García, afirma que «no vamos a bajar la cabeza ante lo que consideramos un abuso de una multinacional que tiene infracciones urbanísticas y de contrato que ha preferido la vía de la imposición al acuerdo que conciliaba todos los intereses». Así pues, la actual diputada autonómica de Compromís per Sagunt asevera: «Esta tarea forma parte también de ese ejercicio público de nuestro trabajo como políticos y del compromiso que adquirimos con nuestros votantes. Hemos de recordar que esta empresa se ha atrevido a amenazar y recusar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y pensamos que esto es absolutamente intolerable; ahora, lo que no se puede consentir es que se cuestione, desde el tema personal, mi trabajo político respecto de las obligaciones como representante público que tengo porque creo que esto es difamar».
Así pues, la secretaria de políticas municipales de Compromís per Sagunt ha denunciado también la utilización que, por parte de la empresa cementera Lafarge, se ha realizado a empresarios proveedores. «Es la forma que la empresa ha elegido cuando, desde nuestro punto de vista, es mucho más fácil trabajar en las soluciones conjuntas que tengan en cuenta los intereses y los derechos de todos los colectivos que se están viendo afectados. Pero desde la empresa no quisieron finalizar el acuerdo en el que, en su día, trabajamos puesto que han primado los intereses de la misma por delante de los intereses de todos los colectivos afectados», ha afirmado la ex concejal del consistorio saguntino, Teresa García.
La representante de la formación nacionalista ha concluido apuntando: «Realizar declaraciones para difamar y alimentar mentiras sobre las facetas personales de los concejales y políticos no se pueden consentir porque se alimenta en el clima del chantaje y amenazas que tanto nos ha costado superar».