Sede de la empresa Aguas de Sagunto, concesionaria durante 25 años de la gestión del ciclo integral del agua en el municipio de Sagunto
Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, fechada el 17 de abril de 2017, ha desestimado los recursos de casación, tanto del Ayuntamiento de León como de Aguas de León, en el procedimiento seguido a instancias de la Asociación de la Cámara de la Propiedad Urbana de León y Provincia, que con fecha 24 de febrero de 2014 interpuso recurso contencioso administrativo ante la Sala de la Jurisdicción de Valladolid contra el acuerdo definitivo de establecimiento y/o modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las Tasas Municipales, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de León, en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2013, en lo relativo al establecimiento de nuevas Tasas, actualización de las existentes y modificación de la Ordenanza reguladora de las Tasas por Suministro de Agua Potable y Servicios Complementarios, así como en la Ordenanza reguladora de las Tasas de Alcantarillado.
Este caso, recogido en el pronunciamiento judicial firme del Tribunal Supremo, guarda una gran similitud con lo que está ocurriendo en Sagunto, donde, como en León, también se encarga del ciclo integral del agua una empresa de capital mixto. Efectivamente, en la ciudad de León viene operando la sociedad Aguas de León, o sea, el equivalente a la compañía Aguas de Sagunto.
En el caso leonés, el Ayuntamiento recibió del socio privado, en virtud del pliego de cláusulas administrativas, un importe de 25 millones de euros, que Aguas de León tiene que devolver en el periodo de 25 años, que es el tiempo de duración de la concesión, a razón de un millón por año.
En el caso de Sagunto, la cuantía total que percibió el Ayuntamiento de Aguas de Valencia asciende a los 12,45 millones de euros, que Aguas de Sagunto también tendrá que abonar a Aguas de Valencia, con sus correspondientes intereses en el cuarto de siglo que tiene de vigencia la actual concesión. En el caso del municipio saguntino, la cantidad total a reintegrar anualmente, entre amortización e intereses, asciende a 513.633 euros.
Sobre este caso concreto, el Tribunal Supremo afirma en su sentencia que lo que subyace con la creación de las nuevas tarifas es incrementar los ingresos de Aguas de León para poder hacer frente a la devolución de 25.000.000 de euros que, en virtud del pliego de cláusulas administrativas, tiene que hacer a Aquona Gestión de Aguas de Castilla SA (antes Aquagest, S.A.). En este sentido, afirma que si Aquagest S.A en su día pagó este canon inicial en nombre de la Sociedad Aguas de León y este importante montante económico no se destinó al servicio sino a sufragar gastos generales del Ayuntamiento (sueldos y otros gastos fijos ajenos al objeto de la Tasa) es por ello que, figurando todos los años en las cuentas de Aguas de León S.L. la devolución de 1.000.000 de euros a Aquagest (hoy Aquona), se está vulnerando el ordenamiento jurídico, dado que con la recaudación de la tasa solo se debe pagar el coste del servicio.
Así las cosas, este mismo criterio debería ser de aplicación al caso de Sagunto, ya que los 12,45 millones de euros que recibió el ayuntamiento saguntino de Aguas de Valencia, no fueron destinados a la mejora del servicio del ciclo integral del agua, sino que se emplearon en gasto corriente municipal, ajeno al objeto de la tasa, por consiguiente, y de acuerdo con este pronunciamiento judicial, el consistorio saguntino también estaría vulnerando el ordenamiento jurídico.
No obstante, la sentencia del alto tribunal va más allá, al abordar otros aspectos objeto del litigio. Efectivamente, según indica en el pronunciamiento judicial, el establecimiento de nuevas tasas exige la existencia de un verdadero Informe técnico-económico que, además, no puede ser elaborado por personal ajeno al Ayuntamiento, en el que el técnico municipal no aporte ningún dato de comprobación y justificación de lo facilitado por la empresa adjudicataria del servicio, que, obviamente, es parte interesada.
En este caso, señala, que el cálculo de las tasas se hace con datos interesados y de la propia sociedad, sin comparación alguna con datos del mercado, como exige la ley, por lo que no debe obviarse que queda al arbitrio de la propia sociedad suministradora del servicio decidir cuándo procede o no la conservación de las acometidas concretas.
A este respecto, afirma que la Sociedad Mixta Aguas de León, S.L. decide de esta forma el cómo, el cuándo y el precio de las reparaciones a realizar, basándose en sus propios antecedentes, y sin introducir datos de competencia y mercado, cuando es generalmente admitido que la ausencia de competencia se considera una de las causas fundamentales de las deficiencias de los servicios públicos.
Propuesta de IP
En el pleno municipal ordinario del Ayuntamiento de Sagunto, celebrado en noviembre de 2016, Iniciativa Porteña presentó una moción, que no se llegó ni a votar, en la que ya planteaba que se excluyera del recibo del agua el importe correspondiente a la devolución del préstamo o canon, que Aguas de Valencia realizó al municipio y que el Gobierno municipal del momento destinó al pago de gasto corriente.
En la exposición de motivos de la citada moción, IP indicaba: «Mucho se está hablando últimamente sobre las tarifas a aplicar en el servicio del agua potable, que desde la creación de la empresa mixta, ha experimentado un importante incremento en el recibo que pagamos de manera trimestral los vecinos del Municipio. De hecho, en los últimos consejos de la empresa mixta, se está intentando igualar el coste de la tarifa de servicio de los usuarios de 13 con los de 15 mm de calibre, sin que esto suponga una mayor carga para los primeros, con lo que para equilibrar las cuentas se está recurriendo a una tabla en la que se está barajando modificar el coste del agua en función del consumo».
Más adelante, resaltaba la moción a propósito de la revisión de la tasa que: «Para vestir un santo, desvestimos otro, ya que para evitar la pérdida de ingresos en la empresa, se encubre la bajada de la tarifa de servicio a los usuarios de 15 mm, mediante una subida que afectará de manera importante a los que consumen más agua».
En cuanto al tema de la devolución del préstamo o canon a Aguas de Valencia, en la moción de IP se explicaba: «La verdad es que viendo el análisis de costes de la empresa, mediante el cual se hacen las previsiones del balance de la empresa para el próximo ejercicio, podemos observar como en el estudio presentado, en el caso del agua potable, se prevé para la amortización del canon del agua 327.453 euros más 25.035 €euros de intereses, mientras que para el alcantarillado se cargan 150.416 euros de amortización, más 10.729 euros de intereses. La suma de todos estos conceptos nos dan un total de 513.633 euros, que van a cargarse directamente sobre el recibo del agua».
Abundando en esta cuestión, el partido porteño mencionaba lo que supondría la eliminación del recibo de la parte del canon del agua en las previsiones para 2017: «En las previsiones del estudio económico del coste del agua para el año 2017, se calcula una cifra de 4.942.455 euros; por otra parte, en lo que hace referencia al alcantarillado, la cifra asciende a 929.855 euros. Es decir, por ambos conceptos se calcula una suma de 5.872.310 euros. Por lo tanto, según se desprende de estos números, la cifra del canon del agua supone un 8,75% del montante que entre todos los abonados pagamos en nuestro recibo del agua».
Tras la exposición de motivos, Iniciativa Porteña planteó en la moción presentada, que el Ayuntamiento asumiera desde las arcas municipales el pago del canon del agua, con lo que se obtendría un importante descuento en esta tarifa, cercano al 9%. Según explicaba la moción: «el motivo por el que se realiza este planteamiento, estriba en que una vez Aguas de Valencia ingresó el importe del canon que establecían los pliegos de adjudicación, ese dinero fue utilizado en diferentes cuestiones, que por lo que ha trascendido, nada tenían que ver precisamente con el ciclo integral del agua. Es decir, el dinero se recibió como un préstamo que en lugar de cargarlo al presupuesto municipal, fue asumido por los vecinos en su recibo del agua, uno de los motivos por los que se ha encarecido este servicio». Como se ve claramente, el argumento utilizado por IP el pasado noviembre es idéntico al esgrimido por el Tribunal Supremo.
Concluía la moción de Iniciativa Porteña con una propuesta de acuerdo formada por dos puntos, en el primero de ellos se proponía: «El Ayuntamiento de Sagunto subvencionará el pago del canon del agua a la empresa Aigües de Sagunt», y en el segundo se planteaba la reducción del recibo a los usuarios: «El Pleno del Ayuntamiento de Sagunto se compromete a la aplicación directa de esta subvención, en la rebaja del recibo del agua». La propuesta de IP no se llegó ni a votar.
Los agentes sociales estudian iniciar acciones legales
Según han confirmado a este periódico los distintos agentes sociales consultados, está previsto para la tarde del lunes una reunión a las 17 horas en la sede de CC.OO. de todas las asociaciones y entidades que participan en el Consejo Económico y Social de Sagunto (CES), para tratar las posibles acciones legales con relación al recibo del agua, toda vez que se ha conocido la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el caso de la empresa mixta del agua de la ciudad de León.
Esta iniciativa ha sido promovida por la Federación de Asociaciones de Vecinos del municipio, que preside Ricardo Fernández. La entidad vecinal, que viene trabajando en pro de la remunicipalización del sevicio de agua potable, con el fin de avanzar en la búsqueda de fórmulas para lograr una reducción del recibo del agua, que se ha incrementado en alrededor de un 60% desde que se ha puesto en marcha la empresa mixta, Aguas de Sagunto, ha promovido esta reunión con los diferentes agentes sociales que conforman el CES, es decir, la reunión del próximo lunes contará con todos los participantes habituales a excepción de partidos y el Ayuntamiento de Sagunto: sindicatos, asociaciones de comerciantes, Cofradía de Pescadores, Asecam, Asociación de Agricultures de Sagunto y la federación de Asociaciones Vecinales, que es de quien ha partido la iniciativa.
El presidente de la federación vecinal, Ricardo Fernández, ha explicado que la reunión con las fuerzas vivas se ha planteado para valorar las posibles acciones legales a seguir, una vez conocida la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de León. En este sentido, ha indicado que ya han contactado con un catedrático de derecho administrativo.
