El portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Sagunto, Francisco Crispín, ha querido ofrecer su versión sobre la detención que se le ha practicado esta mañana, junto a otros cuatro técnicos municipales, por una presunta malversación de fondos públicos desde el año 2007 hasta 2014 por las compras en diversos comercios.
Como ha informado el edil socialista, exjefe del Servicio de Inspección Técnica de Actividades, el convenio que regula las relaciones laborales de los trabajadores del ayuntamiento, en su artículo 29, establece que la corporación municipal, facilitará la adecuada ropa de trabajo a los empleados que presten servicios en puestos que implique un desgaste de prendas superior a lo normal o requieran especiales medidas de seguridad y protección así como el personal que deba usar uniforme.
«No hay nada irregular en las compras que se han hecho. Anteriormente se hacían en una sastrería de Puerto de Sagunto y luego en diversos establecimientos de la ciudad. Desde el año 2007, como los inspectores de calle de Urbanismo tenían una cuantía de 300 euros cada dos años para ropa, desde Actividades pedimos acogernos a esta misma normativa y se nos dio una respuesta favorable. Todos los gastos que se han venido realizando han seguido todos los trámites administrativos correspondientes y desde Intervención se le has dado el visto bueno, todo se ha hecho de forma legal», ha afirmado Crispín.
Asimismo, el portavoz socialista ha hecho hincapié en que ninguna de las personas que ha acudido esta mañana a los juzgados «está imputada ni juzgada, solamente están investigando» mientras afirmaba que su detención responde a una «vendetta política» que dará a conocer cuando tenga todos los datos pertinentes. Del mismo modo, Crispín ha asegurado sentirse «tranquilo pero también indignado tanto por mí persona como por mis compañeros aunque confío en la justicia y sé que esto se va a quedar en nada porque no hay nada dónde rascar».
El edil del consistorio saguntino ha apuntado que recibió una llamada telefónica el pasado jueves instándole a que acudiera esta mañana a los juzgados para declarar pero que, en ningún momento, se le informó del asunto sobre el que tenía que hacerlo al haberse decretado el secreto de sumario, motivo por el cual, tanto él como los otros cuatro técnicos municipales se han acogido a su derecho a no declarar, siendo puestos en libertad tras comparecer, aunque, seguramente, sean otra vez requeridos por el juez a lo largo de esta semana.
Finalmente, Francisco Crispín, ha criticado que el Consejo General del Poder Judicial haya emitido una nota de prensa informando sobre las detenciones realizadas así como sobre la causa de las mismas «cuando hay un secreto de sumario» denunciando que se ha tenido que enterar por la prensa sobre la causa por la que ha tenido que acudir al juzgado.
