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Con estos cambios legales se precarizará el empleo en el sector de la estiba y los portuarios terminarán dependiendo de las empresas de trabajo temporal

La Reforma portuaria aprobada por el Gobierno afectará a 101 trabajadores del puerto de Sagunto

 
Viernes, 24 Febrero 2017 20:05

estibadoresdRafael García y Alberto Gamarra

Al amparo de la Ley de Puertos, las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), agrupan en el sistema portuario español a unos de 6.156 trabajadores en un total de 48 sociedades. En el caso del puerto de Sagunto, pertenecen 101 estibadores a la SAGEP denominada Sesasa. Para entender lo que está ocurriendo en el sector, cabe señalar que la SAGEP del Puerto de Sagunto, como las otras 47 del país, está participada por las empresas estibadoras que operan en este complejo portuario, es decir, cada compañía, en función del volumen del tráfico que maneja, asume un porcentaje accionarial mayor o menor de la sociedad que agrupa al personal de estiba. Esto significa que, para estas tareas, las compañías no tienen en nomina al personal, lo cual es una ventaja, sin embargo, deben recurren obligatoriamente a la SAGEP para la contratación de efectivos cada vez que tienen un barco y, por tanto, hay tareas de carga, descarga, estiba, desestiba o transbordo de mercancías. Por consiguiente, las SAGEP, además de gestionar el movimiento de los trabajadores portuarios en cada puerto, también se encarga de su formación.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede el Luxemburgo, emitió un pronunciamiento el 11 de diciembre de 2014 en el que sentenciaba que España incumplía lo establecido en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: «Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 49 TFUE, al imponer a las empresas de otros Estados miembros que deseen desarrollar la actividad de manipulación de mercancías en los puertos españoles de interés general tanto la obligación de inscribirse en una Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios y, en su caso, de participar en el capital de ésta, por un lado, como la obligación de contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha Sociedad Anónima, y a un mínimo de tales trabajadores sobre una base permanente, por otro lado».

Aunque la sentencia del tribunal europeo se produjo a finales de 2014, el Gobierno de España, inmerso en un proceso de negociación, no había adoptado hasta la fecha ninguna medida tendente a corregir este incumplimiento. De ahí que España se haya comprometido ante Bruselas a poner en marcha los cambios legales necesarios para la adaptación a lo establecido en el citado Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Dada la urgencia que se pretende imprimir a este proceso, se ha optado por la opción que se considera más rápida, es decir, la del Decreto Ley, aprobado esta mañana en Consejo de Ministros. No obstante, el Congreso de los Diputados podrá ratificar o rechazar, en los próximo 30 días, este cambio legislativo. Lo que se pretende con esta nueva normativa es, justamente, la disolución de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), y, por consiguiente, los registros de trabajadores de la estiba. Lógicamente, este proceso de adaptación del sector se llevará a cabo en un periodo transitorio de tres años. Es decir, durante cada uno de estos ejercicios, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto, se eliminaría el 25% de plantilla de cada SAGEP, de modo y manera que, transcurridos los 3 ejercicios, quedaría disuelta cada sociedad.

El Estado asume los despidos

Ni que decir tiene que las indemnizaciones por despido serán sufragadas por el Estado a través de las distintas autoridades portuarias. Para hacer frente a estas cuantías el Gobierno de España ya tiene contemplada una provisión de fondos de 350 millones de euros. Es decir, que los operadores portuarios, que son los que actualmente constituyen el accionariado de las SAGEP, no soportarían los gastos laborales derivados del despido de los trabajadores, sino que sería el propio Estado español el que asumiría este coste.

A partir del momento en que entre en vigor la reforma legal planteada por el Gobierno del Partido Popular, quedará el terreno completamente abonado para la libre creación de empresas de servicio de estiba, que podrán funcionan con una dinámica similar a la de una ETT. Es más, las empresas de trabajo temporal también podrán intermediar en este este sector, del que actualmente están excluidas.

Ante este nuevo escenario, el presidente del comité de empresa de los trabajadores portuarios de puerto de Sagunto, Rafael García, habla de vuelta atrás, perdida de derechos y precariedad en el empleo: «Los trabajadores portuarios sabemos que el sistema debe de cambiar y que hay que amoldarse a Luxemburgo, a Europa. En ningún momento nosotros queremos que por este incumplimiento España pague ninguna multa. Hay que reformar la ley, nosotros estamos dispuestos. Empezamos a trabajar con la ministra Ana Pastor, tuvimos reuniones durante dos años para ver de qué forma se puede adecuar el sistema y, claro, manteniendo la gente que ya es fija con unos contratos firmados, unas antigüedades consolidadas y unas condiciones de trabajo. Eso es lo único que nosotros exigimos».

Por su parte, Alberto Gamarra, otro miembro del comité de empresa de los estibadores de puerto de Sagunto, destaca que el final de este proceso de reforma es la precarización del empleo en los puertos españoles: «El Gobierno ha dispuesto los 350 millones de euros que cuestan los despidos. Hay en España 48 empresas como Sesasa, que suman en su conjunto 6.156 trabajadores. Si ahora despiden de golpe a los 6.156 portuarios se quedarían sin gente, por lo que el proceso de los despidos se realiza en tres años. El primer año va a la calle el 25% del total, el segundo año se despide al otro 25% y en el tercer año se rescinden los contratos del otro 25%. O sea, en un periodo de tres años se queda reducido a un 25% del total y a partir de ahí, en en el cuarto año se quedan todos fuera. Durante estos cuatros años los puertos siguen atendidos por trabajadores capacitados y en ese mismo tiempo se ponen en marcha las empresas de trabajo temporal, para que vengan a trabajar a precio de ETT. Lo que se pretende es precarizar el empleo, pero es que encima se abre la puerta a que, cuando venga un barco que tenga su tripulación, sean los marineros del barco los que hagan el trabajo de la estiba. Los marineros llevan su certificado de trabajo y cuando llegan a este puerto, ellos mismos lo descargarán».

En esta misma línea argumental, el presidente del comité de empresa, Rafael García, explica: «ahora lo que el Gobierno de España pretende es liberalizar las SAGEP para que cualquier operador portuario no tenga que formar parte de la sociedad de estiba, pero hay un problema, que en las sociedades de estiba de España hay 6.150 trabajadores. Nosotros lo que planteamos es que esos trabajadores se subroguen a las nuevas empresas. Estamos hablando de que estas personas tienen unos derechos laborales, una antigüedad y unas condiciones, que queremos que se respeten. Con lo que plantea el Gobierno, todos pasaríamos a la precariedad, que es a lo que está acostumbrado el Gobierno. Estamos hablando de volver a como estábamos hace veinte años en los puertos, que salíamos a una puerta y el empresario era el que decidía quién trabajaba ese día y quien no. Quién comía y quién no».


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Modificado por última vez en Sábado, 11 Marzo 2017 00:04

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