Según han informado fuentes del consistorio, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), se han personado esta mañana en el Ayuntamiento de Sagunto para recabar nueva documentación sobre la investigación que se sigue en la denominada 'Operación Flotador'. Se ha comentado en círculos municipales que la policía se ha dirigido al departamento de Intervención en busca de nuevas facturas, por lo que, con este nuevo requerimiento, se buscaría documentación complementaria a la ya recogida en la pasada jornada del 19 de octubre, donde los agentes de la UDEF prolongaron el registro desde las 9:15 de la mañana hasta pasadas las 3 de la madrugada del día 20. Asimismo, el secretario general del Ayuntamiento de Sagunto, a requerimiento de los agentes, ha acompañado a los mismos hasta el departamento de Actividades, donde han solicitado varios proyectos tramitados en dicha sección desde el año 2007. Por lo que ha transcendido de la visita al departamento de Actividades, todo indica que es muy copiosa la documentación que ha sido requerida por los agentes de la UDEF.
El primer registro
Como se recordará, en la mañana del pasado 19 de octubre, se produjo el registro de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Sagunto por parte de numerosos efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, en una operación dirigida por la titular del Juzgado núm. 4 de Sagunto. La actuación de los agentes de la UDEF dio comienzo a las 9,15 horas de la mañana y se prolongó hasta pasadas las 3 de la madrugada, es decir, más de 18 horas revisando papeles y recopilando documentación. Por eso ha llamado la atención que dos meses después regrese la policía a Sagunto para recabar nueva documentación.
La causa continua secreta, por eso se desconocen los pormenores de esta intervención policial, sin embargo, algunas cuestiones sí quedaron bastante claras. Efectivamente, una nota informativa difundida el mismo día 19 de octubre por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), dejaba bien sentado que la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sagunto, en el marco de la 'Operación Flotador', investiga al ex alcalde de la ciudad, Alfredo Castelló, hoy diputado autonómico, así como a 11 concejales y exconcejales de las dos últimas legislaturas, por presuntos delitos de cohecho y prevaricación. Los registros se llevaron a cabo, tanto en tres sedes municipales de Sagunto y Puerto de Sagunto, como en las oficinas de Agua de Valencia en la capital del Turia y en las oficinas de Aigües de Sagunt, así como en las sedes de otras cuatro compañías.
Otro dato también constatado es que el Juzgado solicitó el pasado mes de enero a las Cortes Valencianas que se certificara si, efectivamente, Castelló era miembro de ese Parlamento, y, por tanto, aforado, lo que obligaría, llegado el caso, a dar traslado de esta causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por ser el órgano jurisdiccional competente.
Asimismo, también quedó acreditado que la causa por presuntos delitos de cohecho y prevaricación se inició en agosto de 2015 por una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. En ella se investiga el supuesto amaño de contratos durante las legislaturas 2007-2011 y 2011-14. La diligencias se centrarón en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles, eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público.
Se investigaba, igualmente, si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo, vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública.
