El debate sobre el rescate del ciclo integral del agua, ahora en manos de Aigües de Sagunt, sigue latente en el municipio. El incremento de más de un 60% que ha experimentado el recibo del agua desde que se puso en marcha esta empresa de capital mixto, mantiene viva la discusión sobre la necesidad de remunicipalizar este servicio. De hecho, ha sido Esquerra Unida la fuerza política del ámbito local que con más intensidad ha defendido esta postura, especialmente en su etapa de oposición durante las anteriores legislaturas de Gobierno del Partido Popular.
Dado que la remunicipalización del ciclo integral del agua era uno de los aspectos más destacables del programa electoral de EU, y teniendo en cuenta que IP presentó hace ya algunos meses una moción en la que se solicitaba que los técnicos municipales realizaran un estudio sobre el coste de reversión, el tripartito municipal se vio forzado por las circunstancias a encargar la realización del citado estudio a una compañía que habitualmente trabaja para el socio privado de Aigües de Sagunt, por lo que sus conclusiones, sobre el importe del rescate, ya se preveían muy elevadas.
Efectivamente, la compañía de auditores, Audival, que ya auditó en 2014 las cuentas de empresa de Aigües de Sagunt, realizó un informe sobre cuánto le costaría al municipio de Sagunto rescatar el servicio de agua potable que, actualmente, gestiona la mencionada Aigües de Sagunt, cuyo 51% de las acciones pertenece al propio Ayuntamiento y el 49% restante de los títulos a la compañía Aguas de Valencia.
Pues bien, según los técnicos de Audival, que fueron los autores de este estudio por encargo de la propia Aguas de Sagunto, el mismo, presentado como «borrador sujeto a cambios» cifra, a 31 de diciembre de 2015, el valor de rescate de la concesión que le correspondería al socio privado de Aguas de Sagunto, es decir, Aguas de Valencia, entre 24.933.402 y 29.269.872 euros.
En estos importes está incluida la parte que le queda por devolver a la empresa Aigües de Sagunt de los 12 millones de euros del canon del agua que aportó Aguas de Valencia al consistorio y que se deberá amortizar con los correspondientes intereses en el periodo de duración de la concesión, es decir, 25 años.
Es por este motivo, precisamente, por el que desde algunos ámbitos sociales y políticos del municipio se ha planteado que sea el propio consistorio el que asuma la amortización del mal llamado canon del agua, cuya cuantía asciende a 12.052.569 euros, puesto que en realidad no deja de ser un préstamo que hizo en su día Aguas de Valencia al Ayuntamiento de Sagunto, pero que tendrá que devolver Aigües de Sagunt en los 25 años de duración de la concesión, repercutiéndolo en la tarifa, lo que, por un lado, incide en el incremento del recibo y, por otro, dispara el coste del rescate.
En este contexto, Iniciativa Porteña presentó una moción en el pasado pleno por la que venía a solicitar que la devolución de este préstamo fuera asumida por el propio consistorio. La moción suscitó un avivado debate entre el portavoz de IP, Manuel González y la edil de Esquerra Unida, Roser Maestro, aunque, al final, fue retirada con los votos a favor de Compromís, PSOE, EU y ADN Morvedre, mientras que se abstuvieron el PP y Ciudadanos, por lo que Iniciativa Porteña se quedó sola en la defensa de este planteamiento.
Informe alternativo
Como el tripartito ha dado por válido el informe de Audival, en el que los costes hacen que sea económicamente inviable la remunicipalización del servicio, y como siempre se ha sostenido desde IP que se trataba de un estudio interesado con el que se ha pretendido zanjar esta cuestión, los porteños anuncian ahora que han encargado un informe imparcial para conocer realmente cuál sería el coste para el municipio de la remunicipalización del ciclo integral del agua.
En este sentido, recuerda el portavoz de IP, Manuel González, que hace unos meses, el concejal delegado de aguas, José Vicente Muñoz, de Esquerra Unida, hizo entrega de un informe económico al resto de grupos políticos, en el que se valoraba la situación de la empresa Aguas de Sagunto: «nos lo vendieron como una auditoría en la que se valoraba el coste de remunicipalizar el servicio. Incluso en un diario local se publicó que el coste era de 26 millones de euros, lo cual es absolutamente incierto».
Más adelante, Manuel González, remarca la procedencia de dicho estudio: «el informe económico redactado por una empresa que realiza de manera habitual las auditorias a Aguas de Valencia, nos parece un informe de parte, ya que no deja claro cual es el valor del rescate y hace algunas valoraciones difícilmente encajables en la legislación actual. De hecho, —prosigue— si lo que se pide es un informe de lo que costaría revertir el servicio a lo público, nos deberíamos ceñir a la realidad, mientras que la empresa auditora, en lugar de calcular el lucro cesante ajustándose a lo ocurrido en los últimos cinco años, que es lo que marca la legalidad, deciden hacer ese cálculo basándose en unos pliegos que inflaron el número de abonados previsto y los cálculos de ingresos previstos para la empresa».
Asimismo, Manuel González resalta que para tratar sobre el rescate del servicio de agua hay que acogerse a lo que marcan los estatutos de la concesión, ya que, según indica, el procedimiento seguido para valorar el coste de la reversión del agua, «no ha seguido en ninguno de los casos lo marcado en el artículo 37 de los estatutos de la empresa».
El mencionado artículo 37, que es el que se refiere al rescate, señala que el ayuntamiento podrá, antes de expirar el plazo de duración de la sociedad, adquirir la participación del socio privado, abonando a este las siguientes cantidades «(a) El valor real de sus acciones, que será prefijado por tres facultativos expertos, a nombrar uno por cada una de las partes y el tercero de común acuerdo; en caso de no conseguirse el citado acuerdo, actuará como tercer perito la persona que designe el Consejo Mercantil» y «(b) una cantidad igual a la inversión aportada y no recuperada por el socio privado, más la estimación de beneficios que el socio dejaría de percibir en el caso de adelantarse la fecha de extinción de la sociedad». Asimismo, señala dicho artículo que el Ayuntamiento de Sagunto habrá de liberar y cancelar los avales y garantías que hayan prestado los accionistas a favor o por cuenta de la empresa.
Como consecuencia de todo lo anterior, rechaza categóricamente las conclusiones del informe y anuncia que han encargado a una empresa auditora otro informe para determinar los costes reales de ese rescate: «a pesar de la claridad de los pliegos, desde EU se han dedicado a marear la perdiz y por este motivo, no nos queda más remedio que hacer un esfuerzo, para contratar una empresa externa que realice el cálculo de ese rescate del servicio. Vamos a demostrar que el coste de la reversión, ni muchísimo menos son los 26 millones de euros que se han publicado. EU tendrá que cumplir con sus compromisos y llevar al Pleno las condiciones de la reversión para que sea votado por todos. De lo contrario, se demostrará el engaño del discurso que han mantenido durante todos estos años».
