Un agente de la UDEF, entrando el pasado miércoles en el edificio administrativo municipal de Camí Real, la antigua sede de Bancaja
El registro de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Sagunto por parte de numerosos efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, en una operación dirigida por la titular del Juzgado núm. 4 de Sagunto, que tuvo lugar el pasado miércoles, dio comienzo a las 9,15 horas de la mañana y se prolongó hasta pasadas las 3 de la madrugada, es decir, más de 18 horas revisando papeles y recopilando documentación.
Como la causa continua secreta, se desconocen los pormenores de esta intervención policial sin precedentes en Sagunto hasta la fecha, sin embargo, algunas cuestiones sí se han puesto de relieve. Efectivamente, una nota informativa difundida el mismo miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), dejaba bien sentado que la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sagunto, en el marco de la 'Operación Flotador', investiga al ex alcalde de la ciudad, Alfredo Castelló, hoy diputado autonómico, así como a 11 concejales y exconcejales de las dos últimas legislaturas, por presuntos delitos de cohecho y prevaricación.
Los registros se llevaron a cabo, tanto en tres sedes municipales de Sagunto y Puerto de Sagunto, como en las oficinas de Agua de Valencia en la capital del Turia y en las oficinas de Aigües de Sagunt, así como en las sedes de otras cuatro compañías.
Otro dato también constatado es que el Juzgado solicitó el pasado mes de enero a las Cortes Valencianas que se certificara si, efectivamente, Castelló era miembro de ese Parlamento, y, por tanto, aforado, lo que obligaría, llegado el caso, a dar traslado de esta causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por ser el órgano jurisdiccional competente.
Asimismo, ha quedado acreditado que la causa por presuntos delitos de cohecho y prevaricación se inició en agosto de 2015 por una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Valencia tras las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas. En ella se investiga el supuesto amaño de contratos durante las legislaturas 2007-2011 y 2011-14. La diligencias se centran en el fraccionamiento de contratos para adjudicar determinados servicios a seis mercantiles, eludiendo la Ley de Contratos del Sector Público.
Se investiga, igualmente, si se amañaron contratos y se adjudicaron trabajos sin el correspondiente expediente administrativo, vulnerando con ello los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia efectiva que rigen la contratación pública. Hasta aquí, los hechos ciertos que se conoces hasta la fecha.
SICE, Imesapi y Pavasal
En diversos medios de comunicación, citando fuentes de la investigación, se ha mencionado como compañías afectadas por estas pesquisas a Pavasal, así como Imesapi, S.A. y SICE, estas dos últimas firmas son filiales de ACS, compañía presidida por el también presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Como se recordará, ACS fue mencionada recientemente por Correa en sus declaraciones ante el Juzgado, en el juicio que se sigue por el denominado 'Caso Gürtel'.
Sobre SICE se ha indicado, asimismo, que en 2010 fue la adjudicataria de dos contratos que, en su conjunto, superaron los 850.000 euros. Efectivamente, sobre esta cuestión ya informaba este periódico el 24 de junio de 2010, en referencia a lo acordado por la Junta Local de Gobierno.
En este sentido cabe recordar que el concejal del PP, Sergio Muniesa Franco, destacaba los 5 contratos de servicios que se adjudicaron de forma provisional, entre ellos, resaltaba los dos con los que se hizo la empresa SICE, por un valor de 852.000 euros, y que se corresponden con la conservación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas municipales, como alumbrado, semáforos, centros de transformación o la iluminación especial de actos festivos, así como la renovación del alumbrado público de la avenida Camp de Morvedre y calles adyacentes.
En la misma información se recoge otro acuerdo, adoptado el mismo día en la JLG, por el que eligió de forma definitiva a la empresa Imesapi, S.A. para que se encargará de renovar el alumbrado de la plaza de la Morería y adyacentes.
Sin embargo, este no es el único contrato obtenido por Imesapi, S.A., en la hemeroteca de este periódico aparecen varios enlaces sobre adjudicaciones a dicha compañía por parte del Ayuntamiento de Sagunto, en algunos casos se trata de contratos menores, es decir, los que no exceden de un determinado importe.
El alcalde, Francesc Fernández, comparece ante una nube de cámaras
La referencia más reciente corresponde al 8 de octubre de 2015, en tiempos del actual tripartito, cuando se daba cuenta desde la instancia municipal de que la Junta de Gobierno Local aprobaba, ese mismo día, la adjudicación del contrato 'Obras restantes de rehabilitación antiguas oficinas AHM' a la empresa Imesapi S.A., previa declaración de validez de la licitación y tras haber sido valorada como la oferta más ventajosa y haber presentado la documentación pertinente, según confirmaba el concejal delegado de Contratación, Pepe Gil.
Por otro lado, la empresa Pavasal también ha obtenido, a lo largo de estos años, numerosos contratos de diferente cuantía en el Ayuntamiento de Sagunto, la última de estas adjudicaciones, anunciada el 26 de febrero de este año, siendo alcalde Francesc Fernández, corresponde a la adecuación de las aceras del barrio Baladre, con una inversión de 96.613 euros. El proyecto en cuestión aborda la adaptación de aceras para posibilitar la recogida diferenciada de basuras orgánicas.
Gestión del agua
Dado que los registros también se han realizado en Aguas de Valencia y Aigües de Sagunt, de este tema han aparecido informaciones, citando fuentes de la investigación, en las que se resalta que el Ayuntamiento de Sagunto cedió la gestión del agua a una empresa mixta. Como se recordará, el Gobierno municipal, entonces en manos del PSOE, IU y Bloc, hoy Compromís, sacó a licitación la selección del socio privado, siendo elegido Aguas de Valencia, aunque también concurrió en el concurso Aguas de Barcelona.
Efectivamente, tal y como indicaba el desaparecido Miguel Almor Marzal, en un artículo publicado por este periódico el 17 de enero de 2014, Aguas de Valencia, aportando una cantidad de 1.715.000 euros, se hizo con un 49% del capital social de la nueva empresa, Aigües de Sagunt, a la que se le dio una concesión de 25 años para la gestión del ciclo integral del agua, mientras que el Ayuntamiento de Sagunto adquirió el 51% a través de aportaciones no dinerarias, es decir, el derecho concesional.
Sin embargo, el consistorio saguntino es propietario absoluto de las instalaciones y redes, tanto de agua potable como de alcantarillado, que las pone a disposición de la nueva empresa, Aigües de Sagunt, por lo cual, según consta en el pliego de condiciones que reguló el concurso público para la selección de un socio privado, en orden a la constitución de una sociedad mixta destinada a la gestión de los servicios correspondientes al ciclo integral del agua en este municipio, «se establece un canon inicial a percibir por el Ayuntamiento de 12.534.672 euros, que será ofertado por el licitador que resulte adjudicatario del concurso, en concepto de contraprestación por el uso de los bienes públicos afectos al servicio y demás ventajas inherentes a la exclusividad en la prestación de dicho servicio».
Pero, cuando parecía claro que el asunto estaba solucionado, el socio capitalista denunció que esos más de 12 millones entregados al Ayuntamiento, no eran gratuitos por entrar a formar parte de la nueva sociedad mixta, sino que debían ser pagados por la nueva empresa. Y ahí empezó el cruce de un sinfín de informes jurídicos, ninguno vinculante para el Ayuntamiento, incluído el del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.
Es decir, que se llegó a la conclusión de que el canon que en su día pagó el socio capitalista al Ayuntamiento, debía ser abonado por la nueva empresa mixta, Aigües de Sagunt, pero como ésta no disponía de capital propio para devolver los más de 12,5 millones de euros a Aguas de Valencia, solamente quedaban dos soluciones: que fuera el Ayuntamiento de Sagunto, que los cobró en su día, el que los devolviera a Aguas de Valencia, y, a partir de ahí, se buscara la fórmula para que la empresa mixta fuera pagando el canon establecido de sus beneficios anuales, y otra, que es por la que han optado, que sea la empresa mixta la que devuelva esos más de 12 millones de euros al socio capitalista, mediante cuotas anuales, correspondientes a la parte de capital más intereses, durante 25 años.
Negocio ruinoso para el Ayuntamiento y boyante para Aguas de Valencia
A modo de síntesis se puede concluir que esta rocambolesca actuación municipal, aprobada unas fechas antes de las elecciones municipales de 2007 por el PP, PSOE y Bloc, hoy Compromís, permitió la creación de una empresa mixta, Aigües de Sagunt, y la incorporación de un socio financiero, que le anticipó al Ayuntamiento 12,5 millones de euros para gastos municipales, que tendrían que devolver los vecinos, con sus correspondientes intereses.
De esta manera, el socio capitalista, con una aportación inicial de 1.715.000 euros, que recuperará cuando se disuelva Aigües de Sagunt, tendrá derecho a percibir el 49% de los beneficios que genere la empresa mixta durante los 25 años que dura la concesión, que a juzgar por el ritmo de crecimiento tarifario que viene aplicando la compañía, no será una cantidad despreciable.
Es decir, que transcurridos los 25 años, Aguas de Valencia recupera los 12,5 millones del canon, que en realidad es un préstamo, más la cuantía de 1.715.000 euros por el 49% de las acciones, una vez disuelta la sociedad, o sea, que Aguas de Valencia habrá disfrutado de la parte correspondientes a los beneficios de Aigües de Sagunto durante los 25 años de concesión, recuperará los 12,5 millones con sus correspondientes intereses y el valor de su 49% de las acciones cuando se disuelva la empresa.
Lo que no se ve por ninguna parte es dónde está el beneficio municipal por poner en manos de una empresa privada el 49% del negocio de la gestión del agua durante 25 años, con todo lo que ello implica, como, por ejemplo, la exclusividad en las compras y subcontrataciones relacionadas con el servicio del agua de Sagunto, que puede ser tan importante en términos económicos o más que los beneficios que obtenga por el 49% de su participación en la empresa.
Pacto de Gobierno PP-SP
En el mes de agosto de 2008, el PP y SP formalizaron un pacto de Gobierno en el Ayuntamiento de Sagunto que les otorgó una mayoría muy amplia, al contar con 17 de los 25 miembros de la Corporación municipal, puesto que el PP disponía de 11 ediles y los segregacionistas de 6. El acuerdo programático, suscrito entre ambas fuerzas políticas, estaba formado por un total de 78 puntos.
A primcipios de febrero de 2010, los concejales de Segregación Porteña elaboraron una serie de informes municipales, que posteriormente remitieron a la Generalitat para incorporar al segundo expediente de Segregación. El contenido de estos documentos no fue desvelado por IP, aunque esta asociación sí difundió que los había remitido al Consell. Como consecuencia de ello, el 12 de febrero de 2010, el alcalde de la ciudad, Alfredo Castelló, cesó de todas sus competencias a los seis concejales de SP, por lo que, en ese mismo acto, quedaba roto el pacto de gobierno suscrito en agosto de 2008.
