El próximo martes, 23 de febrero, a partir de las 17 horas, el Ayuntamiento de Sagunto realizará su sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de febrero. Junto a la parte expositiva donde volverá a llevarse, por tercera vez consecutiva, la propuesta de presupuesto municipal para este nuevo ejercicio, también habrá una parte de la sesión dedicada a las mociones que presentan las diversas formaciones políticas que forman parte del hemiciclo saguntino.

El grupo municipal del PP presentará dos propuestas en la próxima sesión plenaria. En la primera de ellas los populares solicitarán una inversión en las calles del Barrio de La Marina de Puerto de Sagunto. Como informan desde esta formación política, las obras realizadas en las calles Pintor Pinazo, Doctor Moliner, Pintor Sorolla, Cervantes y Colón, han causado una diferencia entre el proyecto de licitación y la adjudicación que asciende a 288.622,09 euros en positivo para el consistorio saguntino por lo que desde el PP pedirán que este remanente sirva para «dar continuidad al proyecto del Barrio de la Marina, a través de la mejora y adecuación del resto de calles».

Como recuerdan los populares, el 27 de mayo de 2014 se aprobó, por unanimidad una, moción que Iniciativa Porteña (IP) trasladó al pleno y que consistía en que todos los excedentes de las tres licitaciones que estaban previstas realizar en el Barrio de la Marina se reinvirtieran en el propio barrio mediante otras obras de mejora del entorno urbano de esta zona de Puerto de Sagunto.

En la segunda de las propuestas, desde el PP se quiere apoyar al sector agrícola por lo cual instará al Ayuntamiento de Sagunto a que solicite a los Ministerios de Economía, Hacienda y Agricultura la aplicación del módulo cero en la declaración del IRPF del 2015 para todos los agricultores que se han visto afectados por los elevados costes a consecuencia del calor producido durante el invierno. Asimismo, pretenden que desde el consistorio saguntino se pida al Ministerio de Hacienda que autorice la aplicación de una exención del Impuesto de Bienes Inmuebles Rústico para aquellos términos municipales que están sufriendo esta inusual subida de temperatura este invierno y que ha llevado aparejado un incremento de costes en concepto de agua y electricidad. Otro de los puntos que pretende acordar el PP es que se pida a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural que destine fondos a aliviar la situación de los afectados, que dé más apoyo financiero para favorecer la contratación del seguro agrario o que continúe con el desarrollo y ejecución de la modernización del regadío, entre otros puntos.

«Las temperaturas anormalmente altas que están caracterizando el desarrollo de este invierno han disparado los costes de producción en el regadío valenciano hasta el punto de que los agricultores acumulan, hasta el momento, un sobrecoste de 6 millones de euros respecto a un año considerado normal debido a los riegos adicionales que han tenido que llevar a cabo para poder salvar las cosechas», ha asegurado el portavoz del PP, Sergio Muniesa.

Contratación Pública

Por otro lado, desde el grupo municipal de Esquerra Unida (EUPV) también presentarán dos mociones para su debate y votación en la sesión plenaria. En una de ellas, desde esta formación política solicitarán que en los pliegos de contratación que se realicen desde el ayuntamiento y sus empresas dependientes se incorporen cláusulas sociales y medioambientales (criterios como la calidad de las condiciones de empleo, la inserción socio laboral de colectivos desfavorecidos, la diversidad funcional, políticas de género, medioambientales y de comercio justo,…)cuyos criterios tenderán a valorarse en un mínimo del 60% sobre la puntuación total. Además, en aquellos supuestos en que los órganos de contratación utilicen más de un criterio para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más ventajosa, deberán incluirse criterios que permitan identificar la oferta que presente la mejor relación calidad-precio, tales como la calidad, accesibilidad, características sociales, medioambientales o innovadoras, entre otros, siempre que estén vinculados al objeto del contrato y formulados de forma objetiva con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad.

Asimismo, piden que los contratos de prestaciones directas a ciudadanos en el ámbito sanitario o social sean considerados desde una estricta exigencia de garantías de calidad del servicio en relación al objeto del contrato con criterios tendentes a la mayor especificidad posible así como no prorrogar los contratos vigentes, redactando cuando expire cada uno de ellos un nuevo pliego que incorpore dichas cláusulas.

La segunda de las mociones presentadas por EUPV versará sobre el 40 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), efeméride que se celebra el próximo 27 de febrero. En este sentido, desde esta formación solicitan que el Ayuntamiento de Sagunto reafirme su reconocimiento al legítimo gobierno de la RASD y al Frente POLISARIO y manifieste, una vez más, el derecho de autodeterminación que legalmente asiste al Pueblo Saharaui. Asimismo insta a que el consistorio pida al Gobierno de España que le dé el estatus diplomático a la Representación del Frente POLISARIO en España, «único y legítimo representante del Pueblo Saharaui, reconocido por la ONU».

Entre otras peticiones, también se pedirá que el consistorio inste al Gobierno de España y a la comunidad internacional a que promuevan todas las iniciativas políticas que sean necesarias para lograr «una solución justa y definitiva», mediante la celebración de un referéndum, conforme a las resoluciones de Naciones Unidas así como pedir a las autoridades marroquíes a que cesen las persecuciones contra los activistas saharauis de derechos humanos, a que liberen a los presos políticos saharauis y esclarezcan el destino de más de 400 personas saharauis desaparecidas.

Nuevo Instituto

Por otro lado, tras la última protesta ciudadana realizada esta misma semana reclamando la construcción del IES nº5, acto reivindicativo organizado por el AMPA del CEIP María Yocasta Ruiz Aguilera, el grupo municipal de Iniciativa Porteña (IP) presentará una moción al plenario donde, precisamente, solicitará el «inmediato» inicio de las obras de este centro de secundaria para el que piden la asignación de este nuevo instituto a los alumnos del María Yocasta Ruiz y los del CEIP Mediterráneo, «ya que contará con suficientes módulos para ambos centros y con ello se verá garantizado la homogeneidad de la escuela en un solo centro». Del mismo modo, los segregacionistas piden que se inicien los trámites para la conversión de la Escuela Eduardo Merello, en centro de formación profesional integral así como una reunión con el conseller de Educación, Vicent Marzá, a la que asistirán los portavoces de todos los grupos con representación en la corporación y a la que se invitará a representantes de los AMPAS.

«La construcción de un instituto no es un capricho, sino que responde a la necesidad que detectó la propia Conselleria de Educación, que ahora la niega. Fue la propia Conselleria quien solicitó al Ayuntamiento de Sagunto la cesión de los terrenos. Parece que todo está a punto para licitar la obra, pero por motivos políticos no se toma la decisión. Debemos recordar que los alumnos del María Yocasta iniciaran sus estudios en la enseñanza pública en barracones, y que no fue hasta que la primera promoción se encontraba en 3º que pudieron estrenar escuela», ha afirmado su portavoz, Manuel González.

Finalmente, desde esta misma formación presentarán una propuesta sobre la desaladora en la que pedirán que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Sagunto, elaboren un informe en el que se explique «de manera pormenorizada» la situación del convenio suscrito, con especial atención a su validez tras once años sin haberse aplicado. Asimismo, que informen sobre la conveniencia y posibilidades de que este consistorio pueda ser parte en la instrucción que se está llevando a cabo con respecto a la presunta trama de corrupción con implicación directa de directivos de Acuamed, con el objeto de tener acceso a posibles informaciones relacionadas con la desaladora ubicada en Parc Sagunt.

«Después de casi once años tras la firma del convenio firmado por este ayuntamiento con la Sociedad Estatal Acuamed, por el que se alcanzó el compromiso de financiar a cargo de las arcas municipales los costes de construcción, puesta en marcha, mantenimiento y explotación de la desaladora, desconocemos la situación exacta a nivel jurídico de aquel compromiso, desconocemos si el convenio tiene validez jurídica, desconocemos si la desaladora está en funcionamiento o si entrará en marcha en fechas próximas. En resumen, la precipitación con la que se suscribió aquel acuerdo, nos ha traído esta situación de inseguridad que puede llevar a este consistorio a tener que hacer frente a un pago de varias decenas de millones de euros», ha apuntado González quien también pide que se dé traslado al Ministerio de Medio Ambiente y a la Sociedad Estatal Acuamed, su rechazo a las condiciones recogidas en este convenio suscrito el 6 de junio del 2005.