Ante el acuerdo de la junta gobierno sobre la situación de las concesiones en zona de dominio marítimo terrestre de los establecimientos y asociaciones deportivas de: Plenamar, El Casino Recreativo y Cultural y La Lonja, los trabajadores y los titulares de estas instalaciones manifiestan: que el restaurante Plenamar, Casino Recreativo y Cultural (Club de Tenis, Club de Buceo y Belabarce), Restaurante La Lonja han solicitado en plazo y forma la concesión de los terrenos que ocupan en la zona de dominio marítimo terrestre al amparo de lo previsto en el RD 876/2014 de 10 de octubre.
Aclaran, los firmantes del comunicado que a los ocupantes de los citados establecimientos han pagado el correspondiente canon de ocupación de los terrenos «cumpliendo de esta forma la más estricta legalidad». Asimismo afirman que los establecimientos generan directamente más de 50 puestos de trabajo directos y una oferta comercial en la zona de la playa.
Recuerdan los concesionarios de los establecimientos citados, que en el año 2009 todos los concejales del Ayuntamiento de Sagunto —entre los que se encuentran el actual alcalde y otros concejales actuales— dictaron una resolución, por unanimidad, apoyando la solicitud de una nueva concesión en esa ocasión para el Casino Recreativo y Cultural. «No entendemos pues, la disparidad de criterios no habiendo variado ninguna circunstancia desde ese momento», destacan los concesionarios.
Igualmente subrayan que desde el vencimiento de los antiguos títulos concesionales «no solo se nos ha liquidado el correspondiente canon, sino que a pesar de la precariedad en la que nos hemos encontrado, hemos mantenido a nuestra costa las instalaciones y todo tipo de costes relacionados con las actividades y los puestos de trabajo, sin que se haya tenido en cuenta el daño moral y material producido a los trabajadores, asociaciones y hosteleros».
Y se preguntan: «¿Se harían cargo de los puestos de trabajo y de la construcción y acondicionamiento de las futuras instalaciones una vez que nosotros en cumplimiento de la ley las hayamos desmantelado?».
Los concesionarios de los establecimientos de la playa, en su comunicado, prosiguen haciendo una batería de preguntas como: ¿No debería esta administración pública velar por los derechos de los hosteleros y trabajadores al amparo del Real Decreto Ley en lugar de plantear soluciones drásticas y destructoras? ¿No tiene este ayuntamiento suficientes espacios públicos que mantener y funcionarios a su cargo a los que dedicar los recursos de los ciudadanos? ¿Qué tipo de servicios se quieren prestar que hacen indispensable actuar en contra de unos establecimientos tradicionales, legales y consolidados? ¿No hay suficiente espacio libre disponible para hacer lo que esta corporación crea oportuno sin afectar a los trabajadores, hosteleros y asociaciones mencionados? ¿No hay otras actuaciones necesarias para acondicionar los espacios públicos y paseo vigente?
Concluyen, los firmantes del comunicado diciendo que la proposición del alcalde de Sagunto no es necesaria: «Creemos que esta proposición es innecesaria y que lejos de defender los intereses públicos perjudica a los trabajadores y sus familias, al sector de servicios turísticos de la playa del Puerto y a las arcas municipales al embarcarse en un asunto que no aporta ningún servicio esencial ni estratégico a la población, desmantelando estos servicios e instalaciones».
Desacuerdo con la decisión en IP
El portavoz del Iniciativa Porteña, Manuel González Sánchez rechaza el acuerdo de la Junta de Gobierno y declara que «El equipo de gobierno intenta cargarse el comercio local en la Playa de El Puerto».
Explica el portavoz segregacionista que en la Junta de Gobierno del 30 de octubre, «cuya acta fue enviada a los grupos municipales de la oposición, el pasado viernes 11 de diciembre», recoge en el punto 24 del orden del día, una propuesta de Alcaldía en la que hace referencia a las concesiones de Costas en la Playa de El Puerto y más concretamente a las del Casino, Plenamar y la Lonja.
En la propuesta de acuerdo de ese punto 24, se dice lo siguiente: «con la finalidad que el dominio público marítimo-terrestre tenga un uso común general (más acorde con la naturaleza del bien) y que pueda ser disfrutado tanto por los vecinos de este municipio como por la ciudadanía en general, comunicar a la Dirección Territorial de Costas en la Comunitat Valenciana el interés municipal para ser concesionaria de tales instalaciones, ofreciendo al efecto la posibilidad de suscribir los correspondientes convenios interadministrativos»… Es decir, «el equipo de gobierno directamente manifiesta que quiere usurpar los legítimos derechos de los actuales concesionarios».
Opina González que el equipo de gobierno intenta «eliminar el comercio local en la playa de El Puerto, realizando para ello una serie de afirmaciones que directamente demuestran la mala fe en este tema del señor alcalde, que da por hecho que los propietarios de las concesiones no han cumplido con sus obligaciones».
El portavoz de Iniciativa Porteña ha mantenido esta semana una reunión con los los afectados, en la que «me han trasmitido su extrañeza por ese acuerdo de la junta de gobierno, por diferentes motivos. En primer lugar, en el acuerdo se deja entrever que los actuales concesionarios no han tramitado la petición de la nueva concesión, algo que es rotundamente falso, ya que según me confirmaron en la reunión que mantuvimos, esas nuevas concesiones se encuentran en proceso de tramitación, habiendo sido presentadas dentro de plazo, además de encontrarse al corriente en la liquidación del canon».
Concluye sobre este tema Manuel González manifestando un deseo: «Espero que Quico Fernández recapacite y no se oponga a la continuidad de la actividad de estas concesiones que generan más de 50 puestos de trabajo que ahora mismo están en riesgo de perderse ante la torpeza del equipo de gobierno».
Por otro lado, pide explicaciones, «cuando en la propuesta se habla de asumir desde el Ayuntamiento de Sagunto estas concesiones, no queda claro cual es la intención, lo cual da que pensar… da la sensación de que tras este acuerdo existen oscuros intereses».
PP: «Ruptura unilateral de la posición unánime del ayuntamiento»
A juicio del portavoz del PP, Sergio Muniesa, es una decisión que ha tomado la Junta local respecto a los establecimientos del paso marítimo que «rompe de forma unilateral la posición unánime que ha defendido el Ayuntamiento», por la que se apoyó no sólo la solicitud del Casino, sino de los que pudieran encontrarse en la situación similar como es el caso de la Lonja y el Plenamar, que pedían la ampliación de plazo de la concesión o cualquier otra figura jurídica adecuada, a fin de posibilitar la permanencia en los terrenos y locales de la Avenida Mediterráneo hasta que se ejecutara el Proyecto de Remodelación del Paseo Marítimo del Puerto de Sagunto.
Desde el PP declaran que se acordó «continuar con unas actividades que generan empleo y riqueza en la ciudad, hasta que se realizara un nuevo paseo y más habida cuenta de la especial situación de crisis en la que nos encontramos».
Este apoyo de todos los grupos con representación municipal en la pasada legislatura, entre los que se encontraban los grupos de Compromís y EU, se fundamentó en una propuesta dictaminada en la Comisión Informativa Especial sobre la Playa. Por lo que a juicio de Muniesa: «Nuevamente el tripartito, que dirige Fernández, toma una decisión por la puerta de atrás, sin hablar con los afectados, sin comentar nada a los grupos y sin tan siquiera haber tratado este asunto de vital importancia para más de medio centenar de trabajadores, en la comisión especial de playas que se ha vuelto a crear esta legislatura precisamente para debatir estos asuntos».
A criterio del portavoz del popular, el gobierno municipal ningunea los acuerdos plenarios y en vez de ayudar a mantener estas actividades ante Costas, «va en contra de ellas. No secunda la solicitud de ampliación de la concesión que han realizado los actuales concesionarios, a la que se han acogido en tiempo y forma» para, con carácter preferente, obtener una nueva concesión.
Muniesa denuncia que el alcalde con esta decisión «está atacando la actividad económica de la ciudad. Ataca a unas entidades que generan más de medio centenar de puestos de trabajo directos. Y además su posicionamiento va en contra de la postura municipal que hasta hoy había defendido la continuidad de estas instalaciones, y que Fernàndez votó a favor».
Comenta Sergio Muniesa que se han puesto en contacto con los representantes de Plenamar, Lonja y Casino y estos les han confirmado que nadie del tripartito se ha puesto en contacto con ellos, ni explicado el porqué de este cambio de actitud y de este acuerdo en contra de sus derechos. Además los concesionarios han explicado que no solo han tramitado la solicitud para la explotación de restauración y otras actividades sino que han abonado los importes a Costas por estas ocupaciones. «Es sorprendente que el tripartito, que preside el Sr. Fernández, no defienda los intereses de la ciudad y sus vecinos, que el caso de los locales afectados desempeñan una función socio-cultural, de ocio y deportiva en nuestra ciudad», reafirma Muniesa.
Los populares explican que cuando en legislaturas anteriores han ido a hablar con otras administraciones siempre han buscado soluciones que beneficien los intereses de los afectados, «no como hace este equipo de gobierno que dirige Fernàndez que en estos seis meses de mandato han dado muestra de todo lo contrario. Toman decisiones y se ocultan en otros para no asumir su responsabilidad». Y añade que hay más ejemplos y cita «el de querer cerrar la UNED y querer culparles que la decisión es por su falta de transparencia, dejan cerrar el alto horno y culpar a la fundación y a la GVA en la que ahora gobiernan y solo reaccionar cuando hemos denunciado su pasividad, prohibir las tradicionales cucañas por un informe o empeñarse en poner trabas a Lafarge por cuestiones ideológicas y poner en riesgo casi 500 puestos de trabajo».
Insiste Muniesa en decir que con esta intromisión el tripartito quiera limitar los derechos de Casino, Plenamar y Lonja que actualmente ocupan esos locales y que han solicitado su ampliación para mantener estas actividades. «Que el gobierno local quiera, en la actual situación, dejar sin trabajo a más de medio centenar de personas, sin alternativas de ocio, restauración y cultura a nuestra ciudad y su turismo porque no existe todavía proyecto para ejecutar en la zona de la playa del Puerto de Sagunto, y por tanto dejarla sin un atractivo turístico al paseo».
Finaliza Muniesa diciendo: «el gobierno que encabeza Fernández, una vez más, no toma partido por los trabajadores de esta ciudad, pone en peligro su continuidad y lejos de acudir a Costas para ayudar y apoyar sus peticiones nuevamente toma la decisión contraria».
Un acuerdo de la Junta Local de Gobierno de Sagunto
La Junta de Gobierno de Sagunto, en la sesión del 30 de octubre de 2015, en el punto nº 24, acuerda solicitar actualización de las concesiones vecinas y prorrogadas en el dominio público estatal en la playa del casco urbano de Puerto de Sagunto. Esta propuesta fue presentada por el alcalde, Francesc Fernández Carrasco.
Empieza el texto de la propuesta de Alcaldía indicando que como las actuales concesiones en el dominio público estatal en la playa del casco urbano de Puerto de Sagunto, pese a su vencimiento, siguen siendo disfrutadas por los anteriores concesionarios (Casino, La Lonja y Edificio Plenamar). Y como los ocupantes de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre antes referidos, destinados todos a actividades de las previstas en el artículo 61.2 del Reglamento General de Costas y todos con concesiones vencidas, desde la entrada en vigor de la ley 2/2013, de 29 de mayo, mantenían y mantienen sus instalaciones abiertas «sin que esta corporación tenga constancia de que se haya tramitado, y menos adjudicado, una nueva concesión».
Prosigue el texto del acta, señalando que los titulares de las concesiones vencidas vienen ocupando los terrenos del dominio público marítimo-terrestre donde se ubican en virtud de las previsiones establecidas en la Disposición Transitoria Vigesimosexta (ocupaciones existentes procedentes de títulos extinguidos o en tramitación) del RD 876/2014, de 10 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
Se aclara en el acta, que la DT vigesimosexta del RD citado, únicamente refiere que los ocupantes de los mencionados terrenos con concesiones vencidas que mantuvieran su actividad o instalación abierta, «tendrán preferencia para obtener la correspondiente concesión siempre que lo soliciten en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este reglamento, sin que ello excluya la obligación de tramitar, en su caso, una nueva concesión».
Asimismo señala el acta que el Casino, La Lonja y Edificio Plenamar con sus anexos, aunque amparadas en la Disposición Transitoria el Reglamento General de Costas «no pueden permanecer sine die, dado precisamente su carácter excepcional y transitorio, en la situación de prórroga concesional, todo ello con independencia de que a juicio de esta corporación la línea marítimo-terrestre y consecuentemente el dominio público estatal en la zona (modificado recientemente por el Estado e impugnado jurisdiccionalmente por este ayuntamiento) requiere de un tratamiento integral en la fachada marítima del municipio».
Esta propuesta del alcalde se aprobó, por unanimidad sin generar debate entre los concejales de la Junta de Gobierno y se acordó: Solicitar a la Demarcación Territorial de Costas «proceda de forma más urgente, actualizar las concesiones vencidas y prorrogadas a las anteriores concesionarias, convocando, en su caso, el preceptivo procedimiento concesional».
Igualmente acuerda mostrar su disconformidad a que la situación transitoria que prevé la D.T. 26 del R.D. 876/2014, de 10 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, pueda mantenerse por más tiempo.
El segundo acuerdo es: A tal efecto y con la finalidad que el dominio público marítimo-terrestre tenga un uso común general (más acorde con la naturaleza del bien) y que pueda ser disfrutado tanto por los vecinos de este municipio como por la ciudadanía en general, «comunicar a la Dirección Territorial de Costas en la Comunitat Valenciana el interés municipal para ser concesionaria de tales instalaciones, ofreciendo al efecto la posibilidad de suscribir los correspondientes convenios interadministrativos».
