El alcalde de Sagunto Francesc Fernàndez y la concejala delegada de Hacienda Teresa García se han reunido esta mañana, junto a representantes de asociaciones vecinales y la Plataforma Contra el Catastrazo con la Dirección General del Catastro para estudiar las posibles vías de actuación que se pueden desarrollar desde el gobierno municipal para amortiguar el catastrazo que se produjo en 2012, medida que, según la concejala de Hacienda, Teresa García, «aprobó el equipo de gobierno del PP sin pasar por el pleno, a escondidas de la oposición y de los ciudadanos».
La subida de los valores catastrales en las viviendas del todo el municipio tiene como consecuencia el aumento de impuestos como el de compraventa, las herencias o el IBI. Respecto a este último impuesto, la concejala ha asegurado que «como es una competencia municipal sí que estamos compensando los efectos de esa valoración».
En la reunión se han planteado dos vías para amortiguar el catastrazo: por un lado revisar la ponencia de valores, y por otro aplicar unos coeficientes reductores en función del desfase que pueda incorporar esa ponencia de cara al cálculo de la base imponible y al propio valor catastral de las viviendas. El problema es que ambas medidas necesitan 5 años para aplicarse. Según ha declarado Teresa García, «el ayuntamiento es partidario de intentar aplicar esos coeficientes reductores a partir del año cinco. También intentaremos que ese periodo de cinco años se reduzca a tres, porque entendemos que en tres años ya se ha producido la evolución del mercado inmobiliario que te dice que la ponencia que tú has hecho está desfasada».
Respecto a este desfase, la concejala ha explicado que «se espera que haya un desfase del 15% para cuando puedan ser aplicables los coeficientes reductores, pero ya estamos entre un 8 y un 10% por encima de lo que dice la ponencia. La ponencia está entre un 8 y un 10% por encima de lo que son los valores medios de venta de los inmuebles, por tanto ya deberían de poder aplicar ese coeficiente reductor».
El periodo de cinco años para poder aplicar las medidas vence en 2017. Como ha explicado la delegada de Hacienda, «en 2017 el ayuntamiento hará la solicitud y en 2018 se aplicará ya el coeficiente reductor. Mientras, hay posibilidad de hacer revisiones parciales en suelos urbanizables no programados o programados pero no desarrollados. Habrá que estudiar qué zonas del municipio están afectadas por estas situaciones para poder revisar las ponencias».
Para que este periodo de aplicación de coeficientes se reduzca es necesario un cambio legislativo que ha de aprobarse desde Madrid. Por ello, García ha recalcado que «el Ayuntamiento de Sagunto, a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, dado que el alcalde Francesc Fernàndez es el vicepresidente, promoverá que todos los pueblos del País Valencià puedan aplicar esa reducción».
Por otro lado, en la reunión se ha tratado también la incorporación de algunas viviendas que estaban fuera de los padrones de viviendas sujetas al impuesto de bienes inmuebles: alrededor de 900 en urbana y 300 en rústica, lo que supondrá un incremento aproximado de 250.000 euros en ingresos por el IBI.
A la reunión han asistido Francesc Fernàndez, alcalde de Sagunto; Teresa García, concejala delegada de Hacienda, Roberto Rovira, de la Plataforma Anticatastrazo y asesor del Grupo Municipal de EU; José Manuel Caro Vizcaíno, responsable de organización de CCOO; y Primitivo Safont de la Asociación de Vecinos La Victoria.
