La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) del Camp de Morvedre ha enviado a los partidos políticos de la comarca, que van a concurrir a las elecciones municipales, un documento en el que además, de citar casi todos los tratados nacionales e internacionales que sostienen el derecho a una vivienda digna, hacen una serie de sugerencias a nivel municipal, autonómico y estatal para que sean incluidas en los programas electorales. En esta información sólo recogemos aquellas que la Plataforma antidesahucios solicita en el ámbito municipal para cambiar la realidad actual.
«Conseguir el derecho a la vivienda para toda la ciudadanía, sin que se expulse a nadie y se eviten bolsas de marginación, implica una profunda transformación del marco jurídico estatal y una apuesta sin precedentes tanto de las administraciones autonómicas como locales». Así da comienzo el documento que desde la PAH Morvedre han enviado a las fuerzas políticas de la comarca.
Y añaden que un ayuntamiento no puede plantearse «un horizonte más digno y humano que conseguir una ciudad habitable, en las que todos los ciudadanos accedan a todos sus derechos de forma justa e igualitaria; un lugar de convivencia en el que se practiquen y promuevan la participación, el civismo y la democracia».
Una vez más, desde la plataforma subrayan el derecho a la vivienda recordando con el documento enviado a los partidos el texto sobre este asunto que figura no solo en la Constitución española, sino también en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etc. pero en opinión de los miembros de la PAH: «Sin embargo, la realidad actual y las propias sentencias del TJUE muestran cómo se vulnera este derecho porque la normativa Española es contraria al derecho comunitario».
Para avanzar en la práctica, proponen identificar-dimensionar con objetividad el problema de la vivienda y ver desde donde hay que partir, qué mínimos son necesarios y qué trabajo se ha realizado hasta ahora, al objeto de proponer nuevas medidas.
En cuanto a la identificación del problema, en el municipio de Sagunto, en 2011, había 8.845 viviendas vacías, según el INE. No obstante, desde la PAH afirman desconocer la cifra de familias desahuciadas, y aseguran que «cualquier planificación seria exige trabajar con datos exhaustivos y rigurosos, de los que carecemos».
Por otra parte, consideran, que toda actuación municipal o autonómica «está condicionada de manera definitiva por el marco jurídico y político estatal en donde se inserta». Por ello, entienden desde la plataforma, que la mejor forma de avanzar en el ayuntamiento y en el país «es superar el marco estatal, y asumir los mínimos que planteaba la ILP y el resto de reivindicaciones que proponemos».
Los ayuntamientos son considerados como la primera instancia donde se acude en una situación de emergencia habitacional. Y desde la Plataforma consideran fundamental la voluntad política para aplicar las propuesta que la PAH hace para el ámbito municipal.
Propuestas de la PAH para el ámbito municipal
Garantía del suministro de agua potable y gestión para garantizar el suministro de luz y gas, así como la puesta en marcha de mecanismos efectivos de la gestión de ayudas. Muchas familias no sólo no tienen condiciones de vida dignas, sino que carecen de asistencia mínima vital.
Creación de la Oficina de la vivienda, que tendrá como principales funciones:
Garantizar el asesoramiento, organización y la defensa jurídica tanto para la defensa de la propia vivienda como para hacer frente a su pérdida y recuperación, facilitando de forma real y efectiva servicios de mediación ante la agresión hipotecaria y la emergencia habitacional.
La Consecución urgente de datos sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios. Registro de demandas de viviendas; la revisión de los censos; Registro de viviendas municipales y su situación; Registro de viviendas vacías en manos de la banca, inmobiliarias, fondos buitre e instituciones religiosas.
Plan Municipal de Vivienda para crear un parque público de viviendas adecuado:
Vivienda de protección oficial: fin de la venta de patrimonio público y recuperación de las viviendas vendidas; auditoría de la deuda de las empresas públicas de vivienda; plan de rehabilitación de las viviendas; plan de apoyo al acceso y gastos de comunidad para familias con menores ingresos.
Viviendas Vacías, medidas para evitar la desocupación permanente e injustificada de viviendas vacías de bancos, inmobiliarias, Sareb, Iglesia y fondos buitre, como la expropiación del uso de las viviendas, inspección y procedimientos contradictorios y sancionadores por infracción si se mantiene la desocupación de la vivienda; penalizar con IBI… Inclusión las de herencias abintestato y de donaciones.
Plan de rehabilitación de viviendas y Plan de incentivación del alquiler
Estructuración del Plan en relación con EIGE. Previamente, auditoría de la empresa y análisis pormenorizado tanto de la situación financiera, como del parque y estado de sus viviendas. En todo caso, análisis de sus estatutos y su práctica por un Consejo Participativo, del que formarán parte las asociaciones vinculadas a las viviendas, para determinar si son compatibles con la gestión democrática y la necesaria transparencia en su funcionamiento, en especial la privatización de ciertos ámbitos de gestión.
Actuaciones ante las entidades financieras: Exigencia de declaración de buena vecindad; retirada de fondos y cancelación de las cuentas si no se negocia con afectadas; declaración de entidad non grata por este motivo y por ventas a fondos buitre.
Policía local al servicio de los derechos humanos y contra su uso para desahucios.
Impuestos. Efectividad de ayudas sociales aprobadas para Plusvalía en ejecución y por dación en pago. Penalización a través del IBI a las viviendas vacías de entidades y grandes inmobiliarias; revisión periódica del catastro y de la tasación.
Asistencia social. Refuerzo de su papel y de la atención a las familias desahuciadas. Coordinación.
Creación de un observatorio de la vivienda o Plataforma ciudadana por el derecho a la vivienda, con participación de instituciones y sociedad civil. Deberá hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas, con capacidades de control, de denuncia y de propuesta legislativa, con decisiones de carácter vinculante. Control de coordinación con otras administraciones de la Generalitat y del Estado.
Coordinación municipal y con la Generalitat Valenciana para garantizar que no se van a producir ya desahucios y promover el derecho a una segunda oportunidad.
No se podrán producir lanzamientos sin una alternativa habitacional digna: obligación de oferta de vivienda social por parte del ayuntamiento y de la Conselleria en caso de desahucio tras la subasta y antes del lanzamiento, según necesidades específicas de la unidad familiar para deudores de buena fe.