La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto nuevas diligencias penales sobre la gestión del Puerto de Valencia, después de la denuncia presentada por Compromís hace unas semanas a partir de las preguntas parlamentarias realizadas por Joan Baldoví, diputado del Congreso. Esta denuncia se refería, entre otras, a la rescisión de la concesión de Sagunt Bulk Terminal.
La denuncia de Compromís presentada en la Fiscalía incluye la extinción en 2011 de la concesión de Sagunt Bulk Terminal S.A. (participada al 50% por CYES y Tarragona Puerto Services). Esta terminal de granulados sólidos fue adjudicada en 2007 para 30 años y contemplaba unas inversiones de 31,4 millones de euros en estructura por parte de la Autoridad Portuaria, que se realizaron, y 61 millones de euros por parte de la concesionaria que nunca se ejecutaron.
La Autoridad Portuaria de Valencia adujo a la ampliación de la regasificadora de Sagunto, que no se realizó, para extinguir la concesión de acuerdo con la empresa y devolver la garantía de ejecución, valorada en el 5% de la inversión prevista.
Desde Compromís calculan que la empresa concesionaria participada al 50% por CYES, una de las principales contratistas del puerto y actualmente en concurso de acreedores, «se ahorró con la extinción un mínimo de 83 millones de euros, 61 millones de euros de las inversiones previstas, 1,25 millones de la garantía y 20,8 millones de euros de la tasa de ocupación a pagar durante los 26 años restantes de concesión».
Joan Baldoví, diputado de Compromí en el Congreso de los Diputados, ha declarado: «Exigimos responsabilidades políticas por la mala gestión que se ha realizado en el Puerto de Valencia en los últimos años. El Presidente de la Generalidad debería demostrar sus líneas rojas contra la corrupción y destituir a los directivos del puerto imputados por corrupción. No es casualidad que la Autoridad Portuaria realizará un favor a la empresa CYES en contra del interés general con la extinción de Sagunt Bulk Terminal, en esta empresa trabaja su hijo y es la propietaria de su vivienda habitual».
Asimismo Teresa Gracia añade: «Que la fiscalía investigue un posible trato de favor por parte de la APV a las concesionarias establecidas en Sagunto, refuerza el argumento de Compromís que reclama una mayor capacidad de gestión autónoma por parte del Puerto de Sagunto. El desarrollo de nuestro puerto comercial no puede quedar a expensas de los directivos de la APV y de los intereses de las empresas amigas, ya que los saguntinos seguimos padeciendo la descarga de graneles al lado de la ciudad y no en el lugar donde debería realizarse que está completamente abandonado».