Juan Guillén Juliá, miembro de la Junta Directiva de Iniciativa Porteña, manifiesta su preocupación por la ineficacia de las instalaciones de la depuradora de aguas residuales instalada a la entrada Sur de El Puerto, próxima a la carretera de la IV planta, que emana mal olor, lo que proporciona malestar a los vecinos de los barrios más próximos a la zona de la depuradora. Y por otro lado, ofrece mala imagen de una población, a la que se quiere potenciar turísticamente. Pero lo que más indigna a este dirigente segregacionista, es que no se apliquen las medidas correctoras adecuadas para solucionar los malos olores, cuando la empresa pública, EPSAR, que gestiona la depuradora recauda de los vecinos, casi 4 millones de euros anuales en concepto de canon de saneamiento, «cantidad más que suficiente para hacer el mantenimiento necesario para que la instalación funcione correctamente», asegura el directivo segregacionista
Desde la Directiva de Iniciativa Porteña, reiteran su denuncia sobre el problema «que supone el mal funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales» que hay en la entrada al Puerto por la carretera de la IV Planta.
El problema, para los segregacionistas, lejos de solucionarse, va a más, debido, por un lado, a la antigüedad de las instalaciones de la depuradora que se inauguró en la década de los ochenta, y por otro, que la empresa gestora de la misma hace «absolutamente nada por solucionar los olores que desprende día si y día también», señala Juan Guillén miembro de la Directiva de IP.
Pero el olor no sólo se percibe a la entrada de El Puerto, también empieza a notarse de forma persistente en los barrios más próximos a la estación depuradora. Por este motivo no dejan de llegar a la sede de la organización segregacionista, «quejas de vecinos realmente indignados ante la pasividad de las distintas administraciones para solucionar este problema de salubridad», asegura Guillén.
Competencias de la EPSAR
La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) de la Comunidad Valenciana, se creó por la Ley 2/1992 de la Generalitat Valenciana, de 26 de marzo, como una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia e independiente y plena capacidad pública y privada.
Entre sus funciones se encuentran: «Gestionar la explotación de las instalaciones y ejecutar las obras de saneamiento y de depuración que la Administración de la Generalitat Valenciana determine, así como aquellas otras que le puedan encomendar las entidades locales u otros organismos. Recaudar, gestionar y distribuir el Canon de Saneamiento establecido en la Ley 2/1992, así como inspeccionar e intervenir el destino de los fondos asignados a otras administraciones o entidades distintas de la Generalitat Valenciana, con el fin de financiar las inversiones previstas en la dicha Ley», entre otras competencias.
Precisamente, por ser una empresa pública, la que gestiona el proceso de depuración y el mantenimiento de las instalaciones de las estaciones de saneamiento, a los miembros de Iniciativa Porteña, les parece «especialmente grave que no se haga lo necesario para evitar o minimizar la pestilencia que emana de la depuradora local».
Las depuradoras, estaciones de saneamiento, etc. se financian con el canon de Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana, que se exige desde 1993.
Dicho canon es un impuesto ecológico ya que su «fin es mejorar el nivel de conservación de Medio Ambiente de la Comunitat». Para ello su recaudación se afecta a la financiación de los gastos de gestión y explotación de las instalaciones de evacuación, tratamiento y depuración de aguas residuales de titularidad pública y, en su caso, de las obras de construcción de estas instalaciones.
El Canon de Saneamiento grava la producción de aguas residuales manifestada a través del consumo de agua industrial y doméstico y su exacción afecta tanto a los suministros de red como a los propios.
El dinero necesario para el correcto funcionamiento de estas instalaciones de depuración sale directamente del bolsillo de los vecinos, porque va incluido en el recibo trimestral del agua. Leyendo detenidamente el recibo del agua que emite Aigües de Sagunt, S.A. cada tres meses, observamos que hay una parte que pone: «Generalitat V Canon Saneamiento», seguido del importe que se paga por ese concepto.
«En este municipio, la empresa pública de Saneamiento de Aguas Residuales recauda por el canon de saneamiento, casi 4 millones de euros al año», asegura Juan Guillén desde IP. Y prosigue preguntándose: «con casi 4 millones de euros todos los años, ¿cómo es posible que tengamos unas instalaciones absolutamente ineficaces? ¿Cómo es posible que despidan ese olor nauseabundo? ¿Dónde está ese dinero, que por ley debe destinarse a las estaciones de depuración?».
A juicio de los segregacionistas el Ayuntamiento de Sagunto tampoco cumple con sus obligaciones en este tema. Y Guillén lo explica así: «Si bien la depuradora es una instalación cuya gestión depende de la empresa pública EPSAR, dependiente de la Generalitat, es una actividad radicada en este término municipal. Y una actividad calificada de insalubre, nociva y/o molesta. Por tanto, debe estar sujeta a la preceptiva licencia ambiental, cuya concesión depende del departamento de Actividades de este ayuntamiento. De esta forma el consistorio debe velar para que cualquier actividad calificada, adopte las medidas correctoras necesarias para su adecuación. Y no solo en el inicio de la actividad, sino durante toda la vida útil de la misma. Pero claro, esto supondría denunciar a sus superiores ante la Generalitat. Por esto también denunciamos la pasividad o inacción del ayuntamiento ante este problema de salubridad».
Acciones a realizar desde Iniciativa Porteña
Recuerda el directivo de IP que los ediles de su formación presentaron una moción en el Pleno del ayuntamiento, siendo aprobada por mayoría.
«Pero poco o nada se ha hecho, ya que el problema de malos olores persiste», reitera Guillén. Por tanto y siguiendo el mandato del pleno municipal de Sagunto, cuando se aprobó la moción, «exigimos que se inicien acciones ante la administración autonómica para dar una solución a este problema y se hagan las obras de mejora necesarias en la depuradora. Dinero hay, precisamente el que sale de nuestros bolsillos con cada recibo de Aigües de Sagunt».
Anuncia este dirigente segregacionista que van a seguir insistiendo ante aquellas administraciones que sea necesario y dada «la pasividad de la administración local solicitaremos una reunión con el gerente de la EPSAR, para hacerle llegar de primera mano este problema y exigirle la adopción de aquellas medidas correctoras necesarias en la Depuradora», concluye Guillén.
