El Ayuntamiento de Sagunto acordó en el pleno del pasado martes reducir el IBI de rústica, bajando el gravamen hasta el 0,834. La medida fue aprobada por todos los grupos políticos municipales, excepto por Compromís, que se abstuvo por no estar de acuerdo con la rebaja, ya que los nacionalistas exigían que la reducción llegara hasta el 0,72, es decir, el doble de lo que se aprobó. Llama la atención que el Ayuntamiento de Sagunto haya promovido la rebaja de este impuesto que estaba congelado desde el año 2005 y que, además, no ha estado sujeto a revisión de los valores catastrales, como sí ha ocurrido con el IBI urbano. De hecho, desde 2005 se venían pagando 9,3 euros de media por hanegada. Sin embargo, con lo acordado en el pleno municipal por el PP, PSOE, IP y EU, se sitúa el impuesto en 8,4 euros de media, lo que representa una merma de 90 céntimos de euro.
Tras la entrada en vigor de esta reducción del IBI de rústica, un agricultor que sea propietario de 5 hanegadas se ahorrará al año 4,5 euros, el que sea dueño de 10, verá reducido el impuesto en 9 euros y el que posea 100 hanegadas dejará de pagar 90 euros. Por este motivo, los nacionalistas de Quico Fernández proponían que el gravamen descendiera más, hasta el 0,72, porque de esta manera el ahorro para los labradores habría sido mucho más sustancial: un 20%, es decir, 2 euros en lugar de los 90 céntimos, quedando el pago en 7,3 euros por hanegada. Si con lo definitivamente aprobado, el Ayuntamiento de Sagunto dejará de recaudar alrededor de 150.000 euros, la merma habría alcanzado los 300.000 euros si se hubiera optado por la propuesta realizada por los nacionalistas de Compromís.
En la actualidad, el consistorio saguntino recauda por el IBI rústico unos 900.000 euros, pero esta cifra descenderá en 150.000, o sea, hasta los 750.000 euros, cuando se aplique la reducción del gravamen del impuesto aprobada el pasado martes. Esta decisión política, que por producirse a escasos meses de las elecciones tiene un marcado carácter electoralista, va a suponer que el Consell Agrari sea todavía más deficitario, es decir, que sus gastos se tengan que sufragar con otros recursos municipales, ajenos a la agricultura.
Efectivamente, el presupuesto anual de este organismo, que se implantó como alternativa a las desaparecidas Cámaras Agrarias, es de 1.500.000 euros, pero si se tiene en cuenta que su principal fuente de financiación es el IBI rústico y las escasas ayudas que recibe anualmente, procedentes de la Diputación Provincial de Valencia y la Generalitat, se puede concluir que, en números redondos, este organismos arroja un déficit anual continuado de alrededor de medio millón de euros. Pues bien, con la rebaja aprobada por el pleno municipal, el desfase entre los costes y los ingresos se incrementará en 150.000 euros más, que es lo que a partir de ahora se dejará de recaudar por la bajada del IBI rústico. En este aspecto se puede concluir que el déficit del Consell Agrari de Sagunto puede situarse por encima del 40%, que se tiene que cubrir con impuestos ajenos a la actividad agrícola.
Iniciativa Porteña, pese a que aprobó la rebaja de este impuesto, se muestra partidaria de ir adaptando los gastos a los ingresos, según explica su portavoz, Manuel González: «desde Iniciativa Porteña pensamos que hay que ajustar el gasto a los impuestos que se perciben, porque si no es así, para dar el servicio que se está prestando a nivel agrario, desde el ayuntamiento se está mermando otros servicios por los que también pagan los ciudadanos. Es decir, si yo estoy pagando por mi vivienda un IBI urbano, es para que se me presten unos servicios y para que la calidad de vida, dentro de los núcleos urbanos, sea la mejor posible. Y estamos perdiendo calidad en algunos servicios para atender unas atribuciones que en realidad no tendrían que salir del presupuesto municipal. En estos momentos va a suponer 600.000 euros del bolsillo de todos los ciudadanos, sean agricultores o no, el mantener un servicio como, por ejemplo, el de la Guardería Rural, en el cual hay 26 agentes. Es más, algunos grupos políticos están hablando de aumentar los efectivos de la guardería rural e incrementar el gasto, algo que bajo nuestro punto de vista no debe ser así. Si los ingresos son 700.000 euros, habrá que ir reduciendo el gasto hasta acomodarlo a esos ingresos».
Dado que el servicio de Guardería Rural se financia, en una parte, con fondos municipales que no proceden de la agricultura, puesto que con lo que se recauda del IBI rústico se cubriría la mitad de lo que cuesta el Consell Agrari, desde Iniciativa Porteña abogan porque «la Guardería Rural preste otro tipo de servicios que no realiza, que en estos momentos son competencia de la Policía Local, como los temas auxiliares de tráfico, entre otros, que en algún momento determinado los puede asumir la Guardería Rural, por ejemplo, atender las entradas y salidas de colegios».
Tras el acuerdo entre el Gobierno municipal y los sindicatos, se va a incrementar la plantilla de la Policía Local con la entrada de nuevos agentes. Por este motivo, el portavoz de IP, Manuel González, considera que el servicio de Guardería Rural se tiene que ajustar a los ingresos reales del Consell Agrari. Es más, recuerda el representante de IP que el ayuntamiento no tiene competencias sobre la vigilancia de los campos: «con lo que se acordó en el pleno, el Consell Agrari ha reducido sus ingresos un 30%, evidentemente, la Guardería Rural debería de ir reduciendo sus efectivos. No podemos asumir las competencias sobre algo para lo cual nadie destina fondos, cuando no es competencia municipal la vigilancia de los campos, para eso está la Guardia Civil y si tiene que ser la Guardería Rural la que se encargue, ha de estar suficientemente financiada por los que se benefician de este servicio, que son los propietarios de los campos. Creo que esto es claro y meridiano».
