Las trabajadoras de la residencia Nuestros Hijos—la residencia de titularidad pública pero de gestión privada, que se ocupa de atender a personas con discapacidad psíquica alta—han vuelto a hacer un llamamiento a la población y las autoridades políticas en busca de apoyo ante los continuos impagos en sus nóminas que vienen repitiéndose durante los últimos tres años.
Según denuncian las trabajadoras ayer mismo se les abonó la nómina de julio, por lo que aún queda pendiente la nómina de agosto así como la paga de verano. «Llevamos tres años sufriendo retrasos en los pagos, y eso genera muchas dificultades en las familias. Este año más de una compañera ha aprovechado sus vacaciones para trabajar en otra parte y poder disponer de dinero» explican desde el centro.
En estos momentos la residencia Nuestros Hijos tiene a 36 personas con discapacidad en régimen interno, lo que supone el 100% de capacidad del centro. Las 50 trabajadoras que actualmente realizan su labor en Nuestros Hijos se encargan también de las personas que acuden al llamado Centro de Día que confiesan que cada vez tiene menos usuarios debido a las políticas de copago. «Vivimos una situación de angustia continua, en la que sólo cobramos cuando nos movilizamos, se aprovechan de nosotras porque saben que nunca dejaríamos sin atención a los pacientes del centro» explica una de las afectadas.
Las esperanzas de la plantilla se encontraban en que la concesión pública de la gestión del centro expira a finales de este 2014 pero al desvelarse que os gestores ya han dado varios pasos para preparar su oferta en busca de la renovación del contrato, esta esperanza se ha sustituido por una seria preocupación . Para las trabajadoras sería impensable que se volviera a conceder a la empresa la gestión de la residencia. «Siempre se nos dice que los retrasos son debidos a que la Generalitat no está al día de pago, pero cuando una empresa concurre por la gestión de un centro público ha de acreditar una solvencia que le permita asumir todos los costes del servicio aunque la administración se retrase, y creemos claramente demostrado que esta condición no se cumple» afirman.
Las empleadas del centro se consideran completamente abandonadas por las autoridades de la Generalitat, que ni ha contestado a su petición de mantener una reunión con los responsables de Conselleria, ni han recibido respuesta ninguna a sus denuncias ante la inspección de trabajo.
Durante este mes se volverán a inciar acciones de visibilización de su problema, donde no se descarta acudir al pleno en busca del apoyo de los grupos políticos, o volver a trasladar las protestas a la misma sede de la matriz de la empresa concesionaria en Valencia, como ya se hiciera en su día, en busca de que los responsables den la cara de una vez por todas.
Según denuncian las trabajadoras ayer mismo se les abonó la nómina de julio, por lo que aún queda pendiente la nómina de agosto así como la paga de verano. «Llevamos tres años sufriendo retrasos en los pagos, y eso genera muchas dificultades en las familias. Este año más de una compañera ha aprovechado sus vacaciones para trabajar en otra parte y poder disponer de dinero» explican desde el centro.
En estos momentos la residencia Nuestros Hijos tiene a 36 personas con discapacidad en régimen interno, lo que supone el 100% de capacidad del centro. Las 50 trabajadoras que actualmente realizan su labor en Nuestros Hijos se encargan también de las personas que acuden al llamado Centro de Día que confiesan que cada vez tiene menos usuarios debido a las políticas de copago. «Vivimos una situación de angustia continua, en la que sólo cobramos cuando nos movilizamos, se aprovechan de nosotras porque saben que nunca dejaríamos sin atención a los pacientes del centro» explica una de las afectadas.
Las esperanzas de la plantilla se encontraban en que la concesión pública de la gestión del centro expira a finales de este 2014 pero al desvelarse que os gestores ya han dado varios pasos para preparar su oferta en busca de la renovación del contrato, esta esperanza se ha sustituido por una seria preocupación . Para las trabajadoras sería impensable que se volviera a conceder a la empresa la gestión de la residencia. «Siempre se nos dice que los retrasos son debidos a que la Generalitat no está al día de pago, pero cuando una empresa concurre por la gestión de un centro público ha de acreditar una solvencia que le permita asumir todos los costes del servicio aunque la administración se retrase, y creemos claramente demostrado que esta condición no se cumple» afirman.
Las empleadas del centro se consideran completamente abandonadas por las autoridades de la Generalitat, que ni ha contestado a su petición de mantener una reunión con los responsables de Conselleria, ni han recibido respuesta ninguna a sus denuncias ante la inspección de trabajo.
Durante este mes se volverán a inciar acciones de visibilización de su problema, donde no se descarta acudir al pleno en busca del apoyo de los grupos políticos, o volver a trasladar las protestas a la misma sede de la matriz de la empresa concesionaria en Valencia, como ya se hiciera en su día, en busca de que los responsables den la cara de una vez por todas.
