PSOE, y Compromís critican la gestión de PP e IP por aprobar el PAI  y Muniesa defiende la gestión urbanística realizada

La sentencia sobre la Gerencia desata una tormenta política en Sagunto

 
Viernes, 09 Mayo 2014 02:00

En su edición anterior este periódico ya publicó amplia información sobre la sentencia del TSJCV, favorable a la siderúrgica, así como las primeras reacciones de los grupos políticos municipales. Sin embargo, los partidos de la oposición vuelven a la carga, toda vez que ya han analizado con mayor detenimiento la extensión de la sentencia y su alcance. El portavoz del PSOE, en declaraciones a este periódico, centra sus críticas en varios puntos concretos. Un aspecto importante, a juicio de José Luis Chover, es de qué forma afectará la sentencia a la reparcelación y el coeficiente de canje. En este sentido, el veterano dirigente socialista indicaba: «El Ayuntamiento tendrá que rehacer toda la reparcelación y fijar un coeficiente de canje ajustado, puesto que la sentencia lo anula. No dando viabilidad al coeficiente que propone Arcelor, pero tampoco al que propuso el Ayuntamiento, por lo que habrá que hacer un coeficiente de canje ajustado a la norma».
 
En cuanto al riesgo de que el Ayuntamiento, finalmente, tuviera que indemnizar a los restantes propietarios, Chover cree que con reajustar en coeficiente de canje será más que suficiente: «Entiendo que no hay que indemnizar, sino reajustar, y si el coeficiente de canje es más beneficioso para los propietarios, habrá que rehacer todos los coeficientes».
 
Pasado el tiempo, José Luis Chover no duda en que detrás de la decisión, que en su momento tomaron PP e IP para promover el PAI del Borde Sur, existían intereses comunes pero, a la vez, claramente diferenciados: «Había dos tipos de intereses, esto es evidente. Uno, el del PP, que una vez presentado por parte de la Generalitat el Campus de las Artes Escénicas, vio inviable la posibilidad de expropiar la Gerencia, y Alfredo Castelló, como eficiente hacedor, se prestó para hacer el PAI que consiguiera la propiedad de la Gerencia, teóricamente, para luego cedérsela a la Generalitat. De esta forma se liberaba al Consell de expropiar. A esto se añadió —prosigue el portavoz socialista— el interés electoral de IP, cuya pretensión era alardear ante los porteños de que en su etapa de socio del Gobierno de Sagunto con el PP, había conseguido que la Gerencia fuera pública, después de un montón de años y de plataforma cívica y de paellas reivindicativas, que no habían logrado ese objetivo».
 
Tras el revés judicial, Chover señala que el alto tribunal ha puesto a cada cual en su sitio, a la vez que habla de estrepitoso fracaso: «La sentencia devuelve a cada uno a su lugar. Ese populismo que exhalaba IP con esa presentación junto con el PP, se ha venido abajo, porque el objetivo del PAI del Borde Sur, que era conseguir el terreno de la Gerencia como suelo dotacional y parte de zona verde, no se ha logrado. Lamentablemente se ha fracasado estrepitosamente».
 
Liberar a la Generalitat de la expropiación del suelo
Por otro lado, el portavoz socialista no duda en asegurar que si no se hubiese puesto en marcha el PAI de la Gerencia, la Generalitat se habría visto forzada a expropiar y, por tanto, todo este complejo sería hoy de titularidad pública: «Arcelor había solicitado la expropiación al Jurado Provincial de Expropiación y este organismo no la admitió. El recurso que presentó Arcelor ante este tema lo ganó en los tribunales, con lo cual, sí se hubiera continuado el procedimiento, el Jurado de Expropiación hubiera tenido que dictar un justiprecio. A partir de ese momento, —continua Chover—si se hubiera mantenido, que era lo lógico, el Plan Especial que había diseñado la Conselleria para la Gerencia, se hubiera visto que la única forma posible de conseguir la propiedad de ese suelo era por la expropiación, tal y como dice la propia sentencia. Por lo que no cabía ningún otro recurso de intervención urbanística para conseguirlo, solo la expropiación. Entonces, la Generalitat hubiera tenido que destaparse. Si seguía con su Plan, que nunca dijo que no, de utilizar ese espacio como un dotacional cultural, hubiera tenido que expropiarlo, o hubiera tenido que desenmascararse y decir que no iba a realizar el proyecto, como así ha sucedido».
Es más, Chover recuerda que su grupo político presentó un Contencioso Administrativo por entender que, al estar la Gerencia afectada por un plan especial, no procedía que ese suelo fuera incluido en un PAI: «No­sotros, en aquel momento, vimos claro que al estar afectado ese suelo por un plan especial, no podía incluirse dentro de un PAI, y así lo recurrimos ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. El que se desestimara nuestro recurso, —aclara José Luis Chover— fue porque la jueza alegó que era un tema para el cual ella no era competente, sino que la competencia dependía del TSJCV, que es el que ahora ha dictado esta sentencia, anulando la reparcelación. Si nuestro recurso hubiese sido presentado ante el tribunal competente, hubiera tenido la misma respuesta que ha obtenido Arcelor, porque, era evidente que esto no tenía salida, tal y como lo planteó el equipo de gobierno de aquel momento. Después de las medallas que se han colgado el PP e IP por conseguir la Gerencia —prosigue Chover—ahora nos hemos quedado sin nada, con un dinero gastado para hacer un PAI y un montón de millones invertidos en obras dentro de la Gerencia. Un desastre».
 
Tras este revés judicial, por el que la empresa siderúrgica recupera la totalidad de sus derechos, Chover vaticina un proceso delicado y muy complejo, sin descartar que recuperar los edificios situados en la Avenida 9 de Octubre pueda llegar a tener algún coste para el municipio: «ArcelorMittal recupera todos sus derechos sobre todo el espacio de la Gerencia, incluida la edificabilidad de 261 viviendas. Ahí tendrá que hacerse un Plan de Reforma Interior y veremos dónde se ubican las viviendas dentro de la Gerencia. También tendremos que ver cómo queda, en propiedad de quién, y si le va a costar dinero al Ayuntamiento el tener la propiedad de esos edificios que ya ha reformado, como son las Oficinas Generales, incluidas las instalaciones de la Unión Musical Porteña, el paseo interior, en el que se invirtieron 300.000 euros del Plan Zapatero, etc. Por otro lado, dentro de las instalaciones de la Gerencia se han invertido más de1,5 millones de euros en edificios que no son de propiedad municipal, como hizo la Generalitat en la Nave de Talleres, que tampoco era de su propiedad».
 
Ante esta incierta situación, José Luis Chover no es partidario de que el Ayuntamiento de Sagunto continúe invirtiendo recursos públicos en los edificios de la Gerencia, en tanto en cuanto no se esclarezca la propiedad de cada uno de ellos: «Hay que clarificar la situación legal a la que nos conduce esta sentencia. Hay que ubicar cada cosa en su sitio y saber, bien por negociación, convenio, o por desarrollo del Plan de Reforma Interior, qué propiedades tiene el Ayuntamiento allí. El consistorio no debe invertir dinero en instalaciones que no son suyas, ni van a serlo en un futuro».
 
Dos informes técnicos
La aprobación del PAI del Borde Sur, por parte del PP e IP, se llevó a cabo en el pleno municipal del 25 de junio de 2008. En aquel plenario se presentó un informe de la entonces Secretaria General del consistorio, en el que se informaba en contra de esta actuación urbanística. Sin embargo, el equipo de Gobierno se apoyo, para dar luz verde a este proyecto, en un contra informe, avalando la legalidad del PAI, firmado por el Jefe de la Sección de urbanismo. Visto el pronunciamiento judicial que, efectivamente da veracidad al informe emitido por la Secretaría General, cobra especial interés el último párrafo del informe Jurídico redactado por el responsable de la Sección de Urbanísmo del Ayuntamiento de Sagunto que, literalmente, señala: «Todo ello hace concluir a este técnico informante que se ratifique en la total legalidad de la propuesta presentada ante el Pleno y el carácter incorrecto de las fundamentaciones realizadas por la Sra. Secretaria en su informe de 25-6-2008». Sobre esta cuestión, el portavoz del PSOE tiene claro que debía prevalecer el informe de la Secretaría General: «el uso del informe del Jefe de Urbanismo fue totalmente interesado por parte del equipo de gobierno, porque quien tiene la competencia de dictaminar la legalidad de los actos del Ayuntamiento es la Secretaria General, no es el jefe de Urbanismo. La Secretaria General de la época —continúa José Luis Chover— hizo un informe en el que alertaba de los incumplimientos de la legislación que se estaba produciendo con la aprobación de ese PAI. A pesar de ello, PP e IP tiraron adelante con la aprobación de las bases y con todo el procedimiento . Acabaron haciendo el PAI, inscribiendo la Gerencia como propiedad del Ayuntamiento, etc... Y ahora, el mazazo que se ha recibido por parte del TSJCV ha sido bestial, porque después de 6 años resulta que el informe de la Secretaria General era el correcto y el Gobierno municipal se lo saltó interesadamente porque querían llevar adelante ese proyecto, pese a todo».
 
Fernández: «El ayuntamiento sobrepasó sus competencias aprobando este PAI»
El portavoz del grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Sagunto, Francesc Fernández, ha calificado de «irresponsable» la aprobación del PAI del Borde Sur que llevó a cabo el equipo de gobierno formado por PP y la actual IP y que ahora ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) así como su posterior proceso de reparcelación. «La gestión urbanística ha sido nefasta. PP e IP pensaban que iban a solucionar este problema de una manera rápida y a corto plazo y lo único que han hecho es el ridículo gastándose un dinero en un lugar que ahora va a ser de propiedad privada», afirma el nacionalista.
 
Del mismo modo, Fernández ha asegurado que el ayuntamiento «sobrepasó sus competencias aprobando este PAI de manera unilateral» al considerar que este acuerdo no tuvo, posteriormente una ratificación autonómica cuando el Plan Especial que regía esta zona urbanística era de la Generalitat Valenciana. «Los ciudadanos hemos perdido unos ocho millones de euros en una propiedad que es de Arcelor, un dinero que ha salido del bolsillo de todos nosotros», apunta el portavoz de Compromís haciendo referencia al coste del propio PAI y las posteriores inversiones que se han realizado.
 
El concejal nacionalista ha valorado la sentencia del TSJCV, una sentencia que considera «muy grave para los intereses de los ciudadanos y del ayuntamiento» por lo que considera que se debería pedir responsabilidades a los responsables de esta gestión, lanzando una acusación directa al alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, y a sus concejales de Urbanismo a quienes acusa de haber actuado en esta gestión con una «actitud inmoral».
 
«El alcalde ha asegurado estar muy tranquilo porque tiene muy claro que abandona el barco después de haberlo hundido. Tenemos muy claro que ellos no van a volver a gobernar en la próxima legislatura y sabemos que vamos a tener que ser nosotros, y quienes nos acompañen en el gobierno, los que vamos a tener que resolver esta cuestión», asegura Quico Fernández quien ha dudado que prospere el recurso de casación que el consistorio saguntino pretende presentar contra esta sentencia puesto que «se trata de un recurso que se tiene que basar en criterios objetivos para que se admita por parte del Tribunal Supremo».
 
El representante de Compromís por Sagunto, además, ha informado de que la sentencia fija que, ni la Generalitat Valenciana ni el Ayuntamiento de Sagunto puede, actualmente, expropiar los terrenos de la Gerencia puesto que, según apunta el líder de los nacionalistas, el límite de expropiación expiró el 30 de julio del pasado año 2013, seis años después de hacerse la reserva del suelo. «Ahora mismo no sabemos cuál es el procedimiento que se debería seguir para que la Gerencia vuelva a ser de titularidad municipal, lo único que sabemos es que todos los esfuerzos y todo lo que ha luchado la plataforma por la Gerencia Pública no han servido para nada», asevera el concejal.
 
Situación complicada
Asimismo, el portavoz del grupo municipal nacionalista ha informado de que, como se extrae en la sentencia, estos terrenos no van a poder expropiarse hasta seis años después de que expirase el anterior plazo, es decir, hasta julio del año 2019. «Esta situación nos retrotrae al año 1992, es una situación muy nefasta. Nos encontramos en un callejón sin salida porque nos hemos gastado un dinero para que la Gerencia fuese pública. El PP nos ha vendido un fraude y esto se trata de una auténtica estafa electoral», apunta Fernández.
 
Es por este motivo por el cual, según ha adelantado el concejal, su formación tiene la intención de llevar a cabo una iniciativa parlamentaria para que sea la Generalitat Valenciana la que compre los terrenos de la Gerencia para que los disponga, como así se comprometieron, a disposición de una futura Ciudad de las Artes Escénicas. «Nosotros estamos empeñados en que la Gerencia sea pública y, después de haber hecho nuestras propias consultas sobre este asunto, la única solución que vemos es que sea la Generalitat Valenciana la que compre estos terrenos para que así puedan volver a ser de titularidad pública», finaliza el portavoz nacionalista.
 
IP celebrará el 9 de Octubre con actos en la Gerencia a pesar  de la sentencia
Iniciativa Porteña celebrará el nueve de octubre con una paella reivindicativa por la Gerencia Pública. De esta manera IP da continuidad a la celebración del pasado año e invita a otros colectivos a participar en la organización del acto.
 
La última sentencia que devuelve a ArcelorMittal los derechos para poder edificar 240 viviendas en el recinto de la Gerencia, ha provocado la reacción en Iniciativa Porteña, y este año le añadirá a la celebración del 9 de Octubre la reivindicación de la Gerencia Pública. El portavoz segregacionista Manuel González declara al respecto: «el pasado año decidimos organizar una paella en ese espacio, reivindicando la celebración del 9 de Octubre en El Puerto, puesto que el Ayuntamiento apenas había programado actos públicos en nuestro pueblo. Este año, tras lo ocurrido en los tribunales, hemos decidido añadir a esa reivindicación, la de la Gerencia Pública, algo que antaño organizaba la plataforma que se creó en su momento para la consecución de este fin. Desde luego, todo aquel colectivo que quiera participar en la organización de este evento, está invitado a formar parte del mismo».
En cuanto a la situación actual, tras el dictamen del Tribunal Superior de Justicia, González indica: «ya dijimos que tras esa sentencia, probablemente se abriría el camino a los recursos, pero que tanto a una parte, como a la otra, lo que mas les interesaba es llegar a una solución negociada. Me consta que desde el Equipo de Gobierno están intentando reunirse con los representantes legales de la empresa siderúrgica, pero desconozco cuando se producirá esa reunión». Sobre la posibilidad que se produzcan movimientos reivindicativos, González, afirma que «IP se sumará a cualquier movimiento que reivindique que la Gerencia sea Pública, aunque en primer lugar habrá que esperar a ver cómo evolucionan las hipotéticas negociaciones que se tendrán que llevar a cabo entre el Ayuntamiento y Arcelor».
 
Muniesa confirma su intención de negociar con Arcelor si la sentencia adquiere firmeza
El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Sagunto, Sergio Muniesa (PP), ha querido responder a las críticas que, desde algunos partidos de la oposición, se han realizado sobre la gestión del equipo de gobierno tras la sentencia del TSJCV que anula el PAI del Borde Sur. El representante del grupo municipal popular ha defendido la actuación realizada en esta zona de Puerto de Sagunto que ha permitido, como el propio Muniesa ha hecho saber a este periódico, la apertura de la avenida 3 d’Abril, la integración de diversas bolsas de suelo que estaban repartidas y que se han incluido al tejido de la ciudad «sin aumentar la edificabilidad, sin generar una disminución de dotacionales o zonas verdes y recuperando la reserva ferroviaria sin que haya supuesto una implicación económica para el ayuntamiento».
 
A pesar de que Muniesa no se ha querido adelantar a los acontecimientos, ha afirmado a este rotativo que, en el caso de que la sentencia del TSJCV adquiriese firmeza, «se abriría un proceso de negociación con Arcelor para determinar qué espacios de la Gerencia se pueden mantener como dotación pública» como es el caso de algunos edificios, viales y determinadas zonas verdes. Del mismo modo, el concejal de Presidencia ha recordado que el Ayuntamiento de Sagunto tiene la intención de presentar un recurso de casación contra dicha sentencia como ya informó a los medios de comunicación durante su comparecencia de hace una semana.
 
Puesta en valor
«Lo que resulta más triste es que se pretenda echar por tierra una actuación cuyos objetivos eran poner en valor un espacio singular con un gran significado para la historia industrial reciente del municipio. Se ha realizado una inversión pero con un retorno social muy importante porque nuestra intención es que los vecinos puedan hacer uso y disfrute de este lugar como lo están haciendo actualmente», afirma Sergio Muniesa. Del mismo modo, el edil del equipo de gobierno ha asegurado que el dinero que se ha gastado en la Gerencia no se ha perdido sino que es «una inversión puesto que este suelo, hoy por hoy, sigue siendo de titularidad municipal y lo que ha hecho el ayuntamiento es actuar para su rehabilitación y mantenimiento porque hasta hoy sigue siendo el legal propietario de este lugar». Finalmente, el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Sagunto ha afirmado que, tanto su formación como la actual IP, siempre apostaron para que este lugar fuese público.
 
 

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Modificado por última vez en Viernes, 09 Mayo 2014 02:56

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