Según sentencia 482/2013 de 30 de Octubre de 2013, dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV, ha quedado sin efecto el Justiprecio que dictó el Jurado provincial de Expropiaciones Forzosa de Valencia el 17 de febrero de 2010, por el que se valoraba en 3.806.168,60 euros el terreno situado entre la rotonda de la barca, el vial internúcleos y Ciudadmar, que en el planeamiento urbanístico de 1992 figura como un equipamiento escolar, y tiene una extensión de 12.935 metros cuadrados.
Contra el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Valencia, recurrió ante los tribunales el Ayuntamiento de Sagunto y la propietaria de los terrenos, aunque lo hicieron por motivos bien diferentes. Efectivamente, el Consistorio lo hizo, según figura en la sentencia, «por entender que en modo alguno procedía señalar justiprecio, habida cuenta de que no concurrían los requisitos que el ordenamiento vincula a la expropiación forzosa por ministerio de la ley, porque a la fecha de solicitud de expropiación de los propietarios ya se hallaba en marcha una modificación puntual del PGOU de Sagunto de 1992, modificación determinada en la razón de que el uso dotacional a que se hallaba afecta la parcela no resultaba necesario en la intensidad que regulaba el PGOU de 1992 y, a la vez que se disminuía el suelo dotacional, se creaba una UE que incluía la finca discutida, para permitir a los propietarios materializar su aprovechamiento urbanístico».
Sin embargo, la propiedad recurrió ante el tribunal el justiprecio por considerarlo muy bajo, habida cuenta de que en su hoja de aprecio solicitaba la cantidad de 45.834.456,77 euros, es decir, 7.644 millones de las desaparecidas pesetas. Tomando en consideración que la alternativa elaborada para que los propietarios pudieran disfrutar de sus derechos urbanísticos, otorgaba un coeficiente edificatorio del 1,2059, los metros techo resultantes alcanzaban la cifra de 15.598, y el número de viviendas se situaba en 141. Por tanto, la repercusión del suelo, aplicando la valoración de los propietarios a una vivienda tipo de 100 metros cuadrados, alcanzaría la nada desdeñable cifra de 302.000 euros, más de 50 millones de las desaparecidas pesetas. En definitiva, las pretensiones de la propiedad quedaban fuera de los parámetros de mercado, incluso en los tiempos más benignos del boom urbanístico.
Lo que queda claro con este fallo judicial, que no es firme, es que el Ayuntamiento tenía razón cuando acordó no admitir a trámite la hoja de aprecio ni el consiguiente recurso de reposición presentado a continuación por la propiedad. El Consistorio entendió que no procedía iniciar el proceso de expropiación por cuanto no había lugar. En este sentido, se indica en la página 9 del fallo judicial que el propio Ayuntamiento de Sagunto manifiesta y acredita «haber promovido e iniciado (sesión 27-4-2006) el correspondiente procedimiento para la modificación puntual del PGOU (Exp. 6/06.PL), modificación fundamentada en la consideración de que la densidad dotacional del equipamiento educativo resultaba excesiva e innecesaria y que, paralelamente, con su disminución, se conseguía delimitar una UE donde podía la propiedad actuar su aprovechamiento urbanístico, que quedaba neutralizado por la calificación como dotacional por la finca en cuestión». El acuerdo adoptado en el pleno del 27 de abril de 2006 fue promovido por el tripartito de progreso y fuertemente cuestionado por la oposición municipal, principalmente por SP.
Promover un
PAI en la zona
Aunque la propiedad habrá ejercido su derecho ordinario de casación contra este fallo judicial, el equipo de Gobierno sigue con sus planes de garantizar a la propiedad el disfrute de sus derechos urbanísticos. En este sentido, el concejal de Urbanismo, Sergio Muniesa Franco, ha adelantado a este periódico que el Departamento de Urbanismo trabaja ya en la redacción de un PAI para la zona, donde se encuentra ubicado el solar dotacional. «De lo que se trata —ha dicho—, es de que los propietarios puedan materializar cuanto antes sus derechos urbanísticos». Respecto al fallo judicial, que da un giro de 180 grados a este litigio, Muniesa ha mostrado su satisfacción por lo que el fallo significa de respaldo para las tesis municipales: «Estamos ante una muy buena noticia para el Ayuntamiento y para todos los ciudadanos del municipio, de eso no hay duda. El fallo judicial respalda de manera nítida que se van ratificando los postulados municipales, que la defensa jurídica ha dado sus frutos y que se han seguido todos los criterios que habían marcado los técnicos».
PAI en la zona
Aunque la propiedad habrá ejercido su derecho ordinario de casación contra este fallo judicial, el equipo de Gobierno sigue con sus planes de garantizar a la propiedad el disfrute de sus derechos urbanísticos. En este sentido, el concejal de Urbanismo, Sergio Muniesa Franco, ha adelantado a este periódico que el Departamento de Urbanismo trabaja ya en la redacción de un PAI para la zona, donde se encuentra ubicado el solar dotacional. «De lo que se trata —ha dicho—, es de que los propietarios puedan materializar cuanto antes sus derechos urbanísticos». Respecto al fallo judicial, que da un giro de 180 grados a este litigio, Muniesa ha mostrado su satisfacción por lo que el fallo significa de respaldo para las tesis municipales: «Estamos ante una muy buena noticia para el Ayuntamiento y para todos los ciudadanos del municipio, de eso no hay duda. El fallo judicial respalda de manera nítida que se van ratificando los postulados municipales, que la defensa jurídica ha dado sus frutos y que se han seguido todos los criterios que habían marcado los técnicos».
