El grupo municipal de IP-SP presentará una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento de Sagunto para que la administración local no asuma la financiación de la estación desaladora de Parc Sagunt que, según los segregacionistas, entrará en funcionamiento próximamente.
Su portavoz, Manuel González, considera un «atraco a los bolsillos de los ciudadanos» el convenio que suscribió el tripartito por el que se comprometía a financiar 29,5 millones de euros del coste de la desaladora, en un periodo de 25 años «a los que hay que sumar los intereses y los gastos de explotación».
El concejal de IP-SP considera «necesario, paralizar como sea la entrada en vigor de ese convenio que supondrá un incremento de más de un 100% en lo que pagan los ciudadanos por el agua potable». Además, González quiso recordar que durante el tiempo que formaron equipo de gobierno con el PP, su formación política intentó paralizar este convenio «pero el gobierno central del PSOE hizo caso omiso y siguió adelante».
Es por este motivo por el que desde IP-SP quieren imitar las reacciones de otros municipios como Murcia, Alicante, Cartagena, Lorca o Chilches, entre otros, «cuyos ayuntamientos no pueden asumir los costes de convenios similares al de la desaladora de Parc Sagunt». Así pues, con la moción que presentarán al plenario, los segregacionistas solicitarán la revisión inmediata de ese convenio y una reunión de los portavoces de los grupos municipales con los responsables del Ministerio de Medio Ambiente.
«Esta instalación es innecesaria e inasumible, puesto que el Camp de Morvedre tiene una concesión de un metro cúbico por segundo de agua del Júcar que estamos muy lejos de utilizar al 100%», ha asegurado González mientras explicaba que «la desaladora se construyó por un capricho político que nos va a salir muy caro si no somos capaces de encontrar el camino de que la administración soporte los costes de esa instalación».
