Prosagunsa ha sumado una nueva victoria en su lucha contra el ayuntamiento de Sagunto, al conseguir que el Juzgado número 4 de esta ciudad falle a su favor en el interdicto posesorio que presentó tras el cierre de las carreteras de acceso al malecón de menera, sucedido en junio del pasado año. Según confirma el concejal de Presidencia, y portavoz del equipo de gobierno, Sergio Muniesa, la juez que firma la sentencia ha basado su decisión en el hecho de que cuando se procedió a asfaltar la carretera del malecón, a finales de los años 90, el ayuntamiento pidió permiso a Prosagunsa para proceder a los trabajos, para la juez este hecho dota a la empresa de, cuanto menos, imagen de poseer derechos sobre la zona afectada por el camino y por ello, sin entrar a dilucidar a fondo de la propiedad de la parcela del malecón, ordena al ayuntamiento no interferir en las decisiones de la empresa. Aunque según algunas interpretaciones de la sentencia este hecho podría permitir que se volviera a vallar la parcela, no consta que se haya pedido la ejecución provisional de esta sentencia que, además, ya tiene un recurso presentado por el ayuntamiento.
Muniesa llama a la calma
El fallo judicial, no obstante, no parece haber despertado demasiada alarma en el ayuntamiento. Según explica el mismo Sergio Muniesa gran parte del asunto es que Prosagunsa presentó lo que se llama un «interdicto posesorio», un proceso jurídico muy sumario y de tramitación sencilla que sirve para dilucidar, de manera provisional la posesión de una cosa. «Es un procedimiento que se utiliza cuando se puede producir un daño justificado sobre una propiedad, que, en cierta manera, sirve para ganar tiempo cuando alguien va a entrar en tu propiedad a realizar un cambio irreversible, como nosotros no vamos a entrar en la parcela, más bien fue Prosagunsa quien situó las vallas fuera de la parcela que reclaman, no va suponer ningún cambio inmediato» explica el concejal de presidencia.
Y es que según asegura Muniesa: «La juez ha visto es más bien una apariencia de propiedad en el hecho de que el consistorio le pidiera a Prosagunsa permiso para hacer aquella carretera, pero no fueron los únicos a los que se pidió permiso, también se hizo a Costas».
El fallo judicial, no obstante, no parece haber despertado demasiada alarma en el ayuntamiento. Según explica el mismo Sergio Muniesa gran parte del asunto es que Prosagunsa presentó lo que se llama un «interdicto posesorio», un proceso jurídico muy sumario y de tramitación sencilla que sirve para dilucidar, de manera provisional la posesión de una cosa. «Es un procedimiento que se utiliza cuando se puede producir un daño justificado sobre una propiedad, que, en cierta manera, sirve para ganar tiempo cuando alguien va a entrar en tu propiedad a realizar un cambio irreversible, como nosotros no vamos a entrar en la parcela, más bien fue Prosagunsa quien situó las vallas fuera de la parcela que reclaman, no va suponer ningún cambio inmediato» explica el concejal de presidencia.
Y es que según asegura Muniesa: «La juez ha visto es más bien una apariencia de propiedad en el hecho de que el consistorio le pidiera a Prosagunsa permiso para hacer aquella carretera, pero no fueron los únicos a los que se pidió permiso, también se hizo a Costas».
Aún así el gobierno municipal ya ha preparado su recurso ante el fallo del interdicto, aunque más con la intención de que este hecho pueda ser utilizado como punto de apoyo por Prosagunsa en cualquier otro juicio que tenga con el ayuntamiento. Desde el consistorio se considera, entre otros argumentos, que no se puede realizar un interdicto sobre una acción que ya está caducada— las acciones del ayuntamiento se limitan a un corte de tráfico temporal y fuera de la propiedad—, o que no se pueden admitir interdictos contra actos administrativos siempre que el poder público actúe dentro de lo que es su competencia, como consideran que fue el caso cuando velaron por que no se cortara el acceso rodado a un bien público como es la playa, siguiendo según Muniesa lo que dicta la ley española.
En cuanto al fondo del asunto, desde el ayuntamiento también se recuerda que los terrenos que fueron declarados como propiedad de Prosagunsa por la sentencia civil de noviembre de 2010, no sólo siguen pendientes del deslinde, sino que desde el consistorio se cuentan incluso con sanciones de Costas por el asfaltado de la vía, lo que demuestra que el vial, en todo caso, no es propiedad civil del ayuntamiento, como asegura Muniesa que afirman desde Prosagunsa, puesto que Costas también reclama ese terreno como de dominio público. Un punto que siguen considerando que está en la base de todo el conflicto.
