La Junta de Gobierno Local del consistorio saguntino, en su sesión celebrada el 11 de octubre de 2012, en base a lo establecido en el artículo 304 del Real decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, acordaba modificar las relaciones laborales entre el Ayuntamiento de Sagunto y los trabajadores de la Universidad Popular (UP) que, de un curso para otro, pasaban de ser trabajadores por cuenta ajena a empleados autónomos.
El apartado primero del mencionado artículo señala: «En los contratos regulados en este Título que tengan por objeto la prestación de actividades docentes en centros del sector público desarrolladas en forma de cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración o cuando se trate de seminarios, coloquios, mesas redondas, conferencias, colaboraciones o cualquier otro tipo similar de actividad, siempre que dichas actividades sean realizadas por personas físicas, las disposiciones de esta Ley no serán de aplicación a la preparación y adjudicación del contrato».
Con este acuerdo de la JGL, la municipalidad forzó al personal docente de la Universidad Popular a que se convirtieran en trabajadores autónomos. Exigencia a la que tuvieron que acceder para poder continuar ejerciendo su actividad profesional como enseñantes.
En nuevo estatus del profesorado de la UP llevaba implícito un quebranto económico de consideración, respecto de su anterior situación laboral. Es decir, su condición de autónomos suponía una disminución muy notable de las retribuciones que percibían, además de la merma en prestaciones sociales, como el desempleo, etc.
Ante esta situación, los afectados presentaron la correspondiente denuncia ante la Inspección de Trabajo que, inmediatamente inició las correspondientes actuaciones. Tras el trabajo realizado por los inspectores, las conclusiones no pueden ser más demoledoras para la iniciativa que, en su momento, adoptó el equipo de Gobierno del Partido Popular.
Efectivamente, la inspección de Trabajo, tras la investigación llevaba a cabo, considera hechos probados que las personas afectadas han venido prestando servicios como docentes para la Universidad Popular desde hace muchos años, algunas de ellas desde el curso 1992/1993, y siempre con contratos laborales, como trabajadores por cuenta ajena.
Asimismo, ha quedado sobradamente acreditado que los 20 empleados de la UP están sujetos a jornada laboral y horario. Que salvo alguna excepción prestan sus servicios en régimen de exclusividad, Que la actividad desarrollada es la docencia, propia de la entidad en la que prestan servicio. Que en caso de no poder asistir a una clase por razones personales no pueden mandar un sustituto, previo acuerdo. Que los centros de trabajo son de titularidad pública. Que la actividad la organiza y planifica la Universidad Popular. Que reciben una remuneración mediante factura. Que los medios de producción son de titularidad del ayuntamiento y que el importe de los servicios prestados viene fijado por el propio consistorio.
En base a todo lo anterior, la Inspección concluye que en la relación jurídica nacida del contrato «formalmente» administrativo celebrado por el Ayuntamiento de Sagunto y las personas afectadas concurren los elementos básicos o constitutivos del contrato de trabajo. Por otro lado, se indica que no puede entenderse que las administraciones públicas queden exentas de someterse a la relación laboral cuando, actuando como empresas, celebren y queden vinculados sus trabajadores por medio del contrato de trabajo.
La Inspección de Trabajo señala, asimismo, que de los hechos expuestos y fundamentos jurídicos y jurisprudenciales de aplicación, cabe concluir que la relación jurídica creada en virtud de los contratos formalmente administrativos suscritos por el Ayuntamiento de Sagunto con el personal docente de la Universidad Popular es de naturaleza laboral y, en consecuencia, los mencionados docentes son trabajadores por cuenta ajena, debiendo estar incluidos dentro del campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social.
En base a todo lo anterior, la Inspección de Trabajo practica la correspondiente acta de liquidación por las cuotas dejadas de ingresar y que afectan a diverso personal docente por un importe total de 63.847,14 euros, y durante el período comprendido entre octubre de 2012 a junio de 2013, según acta de liquidación 462013008043855-T de fecha 10 de julio de 2013. La menciona infracción está tipificada y calificada preceptivamente como grave. Asimismo, se propone el alta de oficio de los trabajadores, en relación al período liquidado en el Régimen General de la Seguridad Social.
Críticas desde
la oposición
El portavoz de SP en el Ayuntamiento de Sagunto, Manuel González, que a lo largo de estos meses ha venido siguiendo la evolución de este caso, califica de «auténtico varapalo» a la política privatizadora del equipo de Gobierno la sanción de la Inspección de Trabajo: «como podemos fácilmente concluir, esta resolución de Inspección de Trabajo supone un auténtico varapalo y un frenazo de facto, para la voluntad del Ayuntamiento de ir privatizando una serie de trabajos que se vienen realizando desde hace tiempo, convirtiendo contratos laborales por cuenta ajena, en simples contratos administrativos, debiendo las personas afectadas darse de alta por su cuenta como Autónomos».
la oposición
El portavoz de SP en el Ayuntamiento de Sagunto, Manuel González, que a lo largo de estos meses ha venido siguiendo la evolución de este caso, califica de «auténtico varapalo» a la política privatizadora del equipo de Gobierno la sanción de la Inspección de Trabajo: «como podemos fácilmente concluir, esta resolución de Inspección de Trabajo supone un auténtico varapalo y un frenazo de facto, para la voluntad del Ayuntamiento de ir privatizando una serie de trabajos que se vienen realizando desde hace tiempo, convirtiendo contratos laborales por cuenta ajena, en simples contratos administrativos, debiendo las personas afectadas darse de alta por su cuenta como Autónomos».
Más adelante, Manuel González asevera que la actitud mantenida por el Gobierno municipal ante el colectivo de la UP podría considerarse fraude de ley: «Recordaremos que el curso pasado el consistorio "obligó" a darse de alta como autónomos a todo el personal docente si querían seguir desarrollando su trabajo en la Universidad Popular. Esta actitud, que podría ser considerada fraude de ley, perseguía una privatización encubierta de este servicio. Toda la vida el ayuntamiento había contratado directamente a estas personas para que realizaran su labor. Este modo de actuar, suponía, efectivamente, un ahorro para las arcas municipales, pero a costa de derechos laborales vulnerados como el tiempo se ha encargado de demostrar».
Por último, el líder de SP espera que, ante el nuevo curso de la UP, el Ayuntamiento rectifique: «Están a punto de comenzar las clases en la llamada Universidad Popular y supongo que el ayuntamiento de Sagunto no cometerá el atropello que cometió el año pasado con las personas que se encargan de impartir las más diversas enseñanzas en esta institución. Esperemos que esta resolución de Inspección de Trabajo sirva para hacer reflexionar al PP. El personal docente espera que se restituya la situación que nunca debió de cambiar. En Segregación Porteña estaremos «in vigilando» en este tema y en otros donde quiera aplicarse la misma errónea estrategia».
