La nueva Ley de Costas aprobada recientemente incluye, «las propuestas que mejorarán la gestión de nuestras playas, defendidas por el delegado de Playas del Ayuntamiento de Sagunto, Paco Villar, y por la comisión Generalitat-Consistorios. El texto regula, entre otros muchos aspectos, la autorización y concesión de los locales o establecimientos que se ubican en las zonas marítimo-terrestres, así como la protección y el respeto del medio natural» señalan desde el ayuntamiento.
Esta reforma de la antigua Ley de Costas de 1988 ha servido para corregir aquellos puntos que necesitaban una revisión con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible, terminar con la inseguridad jurídica, regular aspectos urbanísticos y preservar el turismo, ha explicado Villar. «Precisamente, el turismo constituye el 13% del PIB de la Comunidad Valenciana y crea alrededor de 5.000 puestos de trabajo», ha señalado. También ha indicado que «está previsto organizar reuniones para analizar y explicar cómo afectan todos estos aspectos a las playas de nuestra localidad. En la Comunidad Valenciana hemos reivindicado muchos de los cambios que se han aprobado porque es muy importante compaginar el respeto por el medio ambiente litoral con la actividad turística, que es una importante fuente de ingresos y de puestos de trabajo».
Explican concretamente las fuentes municipales que, la Ley contempla la diferenciación entre playas urbanas y playas naturales, incrementando la protección de estas últimas. Así pues, sólo se admitirán los eventos que garanticen la completa conservación del litoral. Además, se establece una regulación innovadora para actuar frente a los efectos del cambio climático sobre la costa y se determina la posibilidad de declarar tramos del Dominio Público Terrestre en situación de regresión grave. También se exigirá un informe ambiental para la prórroga y para las obras de actividades potencialmente contaminantes.
Por otra parte, se ha ampliado el plazo de concesión «de 30 a 75 años, lo que permitirá una mayor explotación de los negocios» y facilitará las inversiones en ellos, por ejemplo en la mejora de las instalaciones. Además, se autorizará la transmisión «inter-vivos», que estaba prohibida en la Ley de 1988. Esto posibilita que los propietarios «puedan transmitir la titularidad a otro, aunque no sea del mismo núcleo familiar. Asimismo, en caso de fallecimiento se amplía el plazo de comunicación de la voluntad de subrogarse a la Administración de uno a cuatro años». Otra de las prioridades ha sido conseguir que la nueva Ley de Costas proporcione seguridad jurídica a las concesiones de los establecimientos, incluyendo el derecho a prórroga.
La nueva Ley «impide las nuevas edificaciones en la costa», es decir, en la zona de Dominio Público Terrestre y prohíbe que las obras de mejora en los edificios existentes supongan cualquier aumento de volumen, altura o superficie. Además, prohíbe nuevas construcciones en los núcleos costeros que, por ser materialmente urbanos en 1988, aunque no estuvieran clasificados como tales entonces, puedan tener una servidumbre de protección de 20 metros. En esos núcleos no se podrá construir. Se exigirá también la eficiencia energética y de ahorro de agua en las obras de los edificios de la costa y se prevé la suspensión de las actuaciones urbanísticas ilegales.
Para finalizar, Paco Villar ha destacado que «la nueva Ley va a acabar con los agravios comparativos entre comunidades autónomas y garantiza la información y la compraventa de inmuebles, ya que se obliga a inscribir las viviendas que están en el dominio público terrestre en el registro de propiedad».
