La comisión de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sagunto ha vuelto a dar cuentas sobre las subvenciones que recibió durante algunos ejercicios la ONG Esperanza sin Fronteras, una entidad que, actualmente, está siendo investigada por corrupción junto a altos cargos del PP por haber desviado, presuntamente, dineros de cooperación para la compra de pisos.
Es por este motivo que desde Bloc-Compromís han instado al consistorio saguntino a que se persone ante la Fiscalía como parte perjudicada en este caso y dé a conocer que no se ha recibido ningún dinero del reintegro que esta organización tenía que hacer por las subvenciones recibidas pues, los nacionalistas, creen que es necesario que la justicia conozca estos datos.
Según la edil Cristina Rodríguez, esta entidad no ha devuelto las ayudas íntegras que se le otorgó en 2009 y 2010 ni el 48% del dinero que se le pide por la subvención del año 2008. «Después de haber consultado los documentos presentados por la ONG para justificar el proyecto de reforma del centro de menores de Andahuaylillas no vemos evidencias claras de que que se haya podido ejecutar», aseguró la nacionalista.
La concejal de Bloc-Compromís apuntaba que los argumentos que han recibido en las diversas comisiones, a petición de su formación, sobre la subvención recibida por Esperanza sin Fronteras «son insuficientes» y por ello solicitaron, el pasado 18 de diciembre de 2012, una comisión monográfica para tratar este tema en el que pidieron, por escrito, la comparecencia de la viceinterventora para que explicase cómo se han justificado las partidas del proyecto y por qué solo se ha pedido un reintegro parcial y no total.
«Nuestra sorpresa ha sido la no comparecencia de la funcionaria en la última comisión porque han pasado cuatro meses desde la demanda y no tenemos aún ninguna respuesta pues la información facilitada por Davinia Bono no resuelve las dudas que tenemos con respecto a esta subvención», afirmó Rodríguez. Asimismo, la concejal nacionalista ha calificado de «inaceptable» que se haya pedido el reintegro parcial y no total de la subvención recibida ya que «hay indicios que hacen sospechar que el proyecto era una tapadera».
