El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha remitido una nota informativa en la que viene a «hacer público el intento de represión por parte del Sr. Comisario, Jefe de la Comisaría Local de Sagunto, contra los representantes sindicales y concretamente el representante del Sindicato Unificado de Policía, que presta servicio en la Brigada de Seguridad Ciudadana de dicha Comisaría».
Según el comunicado, esta actuación del jefe de la Comisaría de la ciudad supone: «un ataque directo al derecho de representación y reivindicación sindical dentro de la policía. Pero el principal motivo que nos lleva a confeccionar y remitir la presente nota de prensa —añaden— es el hecho de que dicha situación afecta directamente a la ciudadanía de Sagunto».
Explican desde el SUP que a raíz de los últimos recortes de los derechos de los policías, llevados a cabo por este Gobierno y el anterior, el número de actas de intervención de sustancia estupefacientes, que supone una forma de recaudación del Gobierno por medio de las multas de cuatrocientos euros a ingresar por las arcas del Estado, ha disminuido drásticamente. En esta línea aseguran que «se evidencia así el malestar y la desmotivación del funcionariado policial que, privado del derecho de huelga, encuentra en la reducción de dichas multas una forma de mostrar su disconformidad con la gestión del Gobierno».
Agregan en la nota de prensa que el número de actas, junto con el número de detenidos, tiene un gran peso específico a la hora de cobrar un complemento anual variable denominado D.P.O., cuya cantidad varía en función de los resultados estadísticos de cada comisaría. Aclaran que la D.P.O. es percibida por todos los funcionarios pero en una cantidad proporcional a su categoría, de modo que es más elevada para las categorías superiores.
Más controles para recaudar más
Desde el SUP se explica el procedimiento que se sigue para aumentar la recaudación del Estado por medio de las sanciones: «A fin de incrementar el número de actas de intervención, la Jefatura de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Sagunto ordena a sus policías que realicen de tres a cinco controles policiales diarios durante los cuales se debe detener aquellos vehículos cuyos ocupantes sean susceptibles de portar pequeñas cantidades de hachís o marihuana para su consumo, identificar y cachear a dichos ciudadanos y registrar su vehículo». Sin embargo, el Sindicato Unificado no duda en resaltar que esta práctica podría rozar la ilegalidad «Consideramos que dichos controles policiales rozan la ilegalidad, dado que se nos ordena restringir los derechos constitucionales de libre circulación y del derecho a la intimidad, únicamente con el fin de intentar sancionar una infracción administrativa».
A mayor abundamiento, resaltan desde el sindicato policial que: «Hasta donde tenemos conocimiento, la ley sólo contempla dos tipos de controles: los llamados Dispositivo Estático de Control (D.E.C.), que requieren comunicación a Delegación del Gobierno y los controles que se realizan cuando acaba de ocurrir un hecho delictivo a fin de evitar la huida de sus autores. Los controles que nos ordenan, que la superioridad denomina “filtros”, no se incluyen en ninguno de los dos anteriores».
Llegados a este punto, confirman desde el SUP que el pasado día 12 de diciembre exigieron al comisario de la Comisaría Local de Sagunto que facilitara una orden de servicio en la que se detallaran pormenorizadamente las circunstancias y condiciones en que se tienen que realizar dichos controles, «no habiéndose realizado dicha orden a día de hoy». En este sentido, opinan desde el SUP que las reticencias de la superioridad para ordenar por escrito lo que hasta ahora sólo ordena verbalmente, «obedece a que ellos mismos consideran que están ordenando realizar cacheos e identificaciones improcedentes». Sobre esta cuestión aclaran que todo el documento escrito que se facilita a los policías para justificar estos controles es un cuadrante donde se establece el número de filtros diarios y las horas a las que se tienen que realizar los mismos, junto con una leyenda que reza “Obligado cumplimiento” y la firma del Jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana.
Injerencia en el derecho a la libre circulación
Aseguran en su comunicado que el SUP, así como un gran número de policías, afiliados o no a esta organización «consideran que realizar cinco controles diarios, sin las más elementales medidas de seguridad, en los que se obliga al ciudadano, sólo para comprobar si lleva una pequeña cantidad de cannabinoides, a detener su vehículo, salir del mismo, entregar su documentación, ser cacheado y su vehículo registrado en el núcleo urbano de Sagunto y a la vista de sus conciudadanos, es una injerencia en el derecho de libre circulación y el honor de las personas incompatible con nuestro juramento de servir a la ciudadanía y velar por el cumplimiento de las leyes».
Más adelante, explican que la persecución sindical que denuncian se materializa en el hecho de que «el Sr. Comisario haya comunicado al representante sindical del S.U.P. que presta su servicio en la Brigada de Seguridad Ciudadana, que ha solicitado de la D.G.P. que le reduzca la mísera cantidad que percibió el año pasado por el concepto de D.P.O., acusándoles de no contribuir a la reducción de la delincuencia, basándose en el número de propuestas de denuncias en base a la ley L.O 1/92 y de detenidos, no teniendo en cuenta las horas y horas de patrullaje preventivo o los innumerables servicios de auxilio a la ciudadanía». Concluye el comunicado del SUP señalando que la reducción en la D.P.O. «no nos consta que se haya solicitado hasta el momento para ningún otro funcionario de policía en toda la provincia de Valencia, los tres primeros casos que tenemos conocimiento son los de la Comisaría de Sagunto».
Señalar por último que esta redacción ha contactado esta misma mañana con la Comisaría de Sagunto a fin de que su máximo responsable, Luis Enrique Viamonte, ofreciera su versión sobre lo denunciado por el SUP, aunque, como por otra parte viene siendo habitual, ha declinado hacer declaraciones.
