La Plataforma de Afectados por la Hipoteca del Camp de Morvedre (PAH), ha denuciado públicamente la situación de una familia con tres niños menores de edad de encontrarse ante una amenaza de desahucio pese no haber fallado en el pago de su alquiler. Según el relato de los miembros de la PAH esta familia alquiló un cuarto piso sin ascensor en agosto de 2011 con un contrato por un año, al que desde la PAH se considera que hay que sumar la prórroga del mismo que contempla la ley. Sin embargo el piso fue sometido a un proceso hipotecario que acabó con la subasta del inmueble y el embargo por parte de la Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), perteneciente al grupo Santander según se señala desde la PAH.
A pesar de los intentos de la familia por continuar ocupando la vivienda la UCI no ha dado más respuesta, siempre según los datos aportados por los miembros de la PAH, que pedir a la familia que abandone el inmueble. De hecho la familia asegura que el único contacto que ha mantenido con los representantes de la UCI fue la visita de uno de sus empleados que, según estos testimonios, incluso habló de cambiar la cerradura del inmueble. Según reconocen desde la PAH esta presunta amenaza nunca llegó a cumplirse, pero sí que se produjo un hecho, el cambio del contador de la luz por un nuevo equipo con limitador de potencia que impide a la familia poder usar con normalidad las luces de su casa, un cambio que desde la asociación ciudadana se considera que pudo estar ordenado por la propia entidad bancaria puesto que, en palabras de los portavoces de la plataforma, «son equipos muy costosos y sólo se cambió en el contador de esta familia».
Los miembros de la plataforma denuncian que han intentado varias veces ponerse en contacto con representantes de UCI con intención de que permitan que se respete el contrato de esta familia, actualmente en el paro y con dificultades para encontrar un nuevo piso, percibiendo la entidad crediticia el dinero que antes recibía el propietario embargado.
Desde la Plataforma también se denuncia que a pesar de la situación que atraviesa esa familia ni los juzgados, ni los Servicios Sociales de la ciudad han dado amparo a los afectados, y anuncian que volverán a actuar si tratan de realizar el desahucio previsto para el próximo día 20 de Febrero a las 9:15 horas.
