El Gobierno municipal tiene previsto consultar, mediante trámite de audiencia, con la Conselleria de Territorio, Demarcación de Costas, Autoridad Portuaria de Valencia y Promotora Saguntina, S.A., como paso previo a la inadmisión de las solicitudes de justiprecio, por importe de más de 100 millones de euros, que en 2011 presentó Prosagunsa, propietaria de los terrenos del malecón de Sierra Menera. El Ayuntamiento pretende escuchar a las distintas partes implicadas en este proceso antes de resolver la inadmisión de las solicitudes presentadas por la empresa. Toda la información al respecto de este caso ha sido entregada a los grupos de la oposición, por parte del equipo de gobierno, esta misma mañana y se espera que el asunto se debata el próximo jueves.
Según ha informado el Concejal de Urbanismo, Sergio Muniesa Franco, se va a proceder a resolver este caso con la inadmisión de las tres hojas de justiprecio porque, entre otras cosas, la empresa propietaria no han cumplido los plazos pertinentes, puesto que deben transcurrir cinco años desde que la empresa sea propietaria de los terrenos para poder iniciar la tramitación de expropiación y, dos años más, desde el momento en el que se presentan las hojas de justiprecio. Es decir, que en total han de transcurrir siete años, sin embargo, la propiedad del malecón de Sierra Menera es titular de esos terrenos desde el 22 de diciembre de 2010, que es cuando se produjo el fallo judicial firme.
Desde este punto de vista, debían de haber transcurrido cinco años desde la fecha de la sentencia que definitivamente concede la propiedad de ese suelo a Prosagunsa, esto significa que hasta el 22 de diciembre de 2015 la propietaria no podía legalmente solicitar la expropiación, es decir, que los trámites iniciados por esta empresa en septiembre de 2011 se debían de haber iniciado más allá del 22 de diciembre de 2015 y, a partir de esa fecha, se abríría un período de 2 años adicionales.
Por otro lado, el edil de Urbanismo señala que, según los informes técnicos, el Ayuntamiento de Sagunto no es el que debe de expropiar dicho suelo, cuando proceda, habida cuenta de que toda esta pastilla de terreno se encuentra ubicada dentro de la línea de dominio público marítimo terrestre, por lo que esa parcela de 70.000 metros cuadrados, que es de propiedad privada por sentencia judicial firme, se ve afectada, sin embargo, por el dominio público. Cuestión distinta es que la línea que delimita esta zona de dominio público se trasladara hacia el mar, por ejemplo, por el mismo trazado del paseo marítimo. En este supuesto, esos terrenos sí quedarían fuera del dominio público y, por tanto, el ayuntamiento sería la institución competente. Pero, de momento, la linea de demarcación, que transcurre por la avenida del Mediterráneo, no está previsto que se vaya a modificar.
