En cumplimiento de lo acordado por el pleno municipal de Sagunto, mañana se constituye, a las 11 de la mañana, la Comisión de Investigación de la Plaza Ángel Perales. Su labor investigadora tendrá una duración de tres meses y en su seno estarán representados todos los partidos políticos que forman parte de la Corporación municipal saguntina. En total serán 8 los componentes políticos: 3 del PP, 2 del PSOE, y el resto de fuerzas, es decir, Bloc, SP e IU que contarán con un representante cada una de ellas. En la reunión de mañana, además de proceder a la constitución oficial de la misma, también se marcará el calendario de las reuniones.
Se espera que sean citados a declarar todas aquellas personas que desde 1995 han tenido algún grado de responsabilidad en el caso de la plaza Ángel Perales, empezando por el socialista Manuel Girona Rubio, que fue el que decidió construir este espacio verde a sabiendas de que los terrenos afectados no eran de propiedad municipal, y por cuya actuación se inició este largo litigio. Otros cargos políticos que durante este periodo también se han visto envueltos en el caso de la Plaza Perales son el actual alcalde, Alfredo Castelló y el nacionalista Francesc Fernández, que fue concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007, durante el Gobierno tripartito de progreso.
La Comisión de investigación nace con la finalidad de esclarecer lo ocurrido entre 1995 y 2012 con este polémico caso que, de momento, le va a costar al Ayuntamiento de Sagunto unos 5,2 millones de euros, según sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del TSJCV que se produjo en diciembre de 2011. Destacar de este asunto que cada día que pasa desde que se produjo el pronunciamiento judicial, el Ayuntamiento de Sagunto tiene que asumir unos intereses de 854 euros diarios en concepto de mora, puesto que el municipio todavía no ha hecho efectivo el pago. Es de destacar que el Ayuntamiento de Sagunto, por acuerdo de la Junta de Gobierno de diciembre de 2008, decidió apartarse de este procedimiento por «no ser de su interés».
Por otro lado, la propietaria de los terrenos, que no está conforme con la indemnización, ha recurrido la sentencia al Tribunal Supremo, instancia en la que el Ayuntamiento de Sagunto no ha podido defenderse por haber renunciado previamente. El caso en el TS se encuentra pendiente de señalamiento para dictar sentencia, con lo cual, es posible que la indemnización se vea incrementada significativamente. Hay que tener en cuenta que la propiedad solicitaba una compensación de 12 millones de euros. Lo que si que es evidente es el carácter firme y definitivo de la sentencia producida en la primera instancia, es decir, la del TSJCV.
