El Tribunal Supremo «ha decidido no admitir a trámite» el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que declaró improcedente el despido de un trabajador del Ayuntamiento y le condenaba a pagarle los salarios dejados de percibir desde noviembre de 2007, según informa STA (Sindicato de Trabajadores de la Administración).
Como ya publicó el Económico y ratifican desde STA, el citado trabajador fue contratado mediante un contrato de obra o servicio como Agente de Desarrollo Local y despedido por haber finalizado la subvención «aunque el servicio para el que fue contratado sigue prestándose. Asimismo la Sentencia condenaba al Ayuntamiento a readmitir al trabajador en su puesto de trabajo, en la mismas condiciones o, en su caso, a indemnizarle con 14.040 euros».
Afirman desde STA que el Ayuntamiento de Sagunto «incumplió la Sentencia» y decidió, en contra de la «opinión técnica», interponer un recurso de casación que como ya adelantaba esta Sección Sindical difícilmente podía admitirse a trámite, pues el Tribunal Supremo mantiene una doctrina clara al respecto afirmando que «el hecho de que la ejecución de la obra o la prestación del servicio esté supeditada a la existencia de una subvención ajena a la empleadora no demuestra por sí solo la temporalidad de la obra o servicio a realizar, ni es elemento decisivo y concluyente de la validez del negocio jurídico contractual, porque no es la causa habilitante del contrato temporal, pudiendo calificarse de indefinida una relación laboral pese a la existencia de una subvención».
El Comité de Trabajadores del Ayuntamiento se ha pronunciado, al menos en dos ocasiones manifestando, por unanimidad, de los sindicatos que lo integran que esa decisión incumple claramente el Convenio Colectivo vigente y modifica sustancialmente su forma de actuar pues hasta este momento siempre había optado por la readmisión de los trabajadores afectados por una situación similar.
A pesar de todo ello el Ayuntamiento, «empecinado en su decisión, no ha admitido al trabajador y se ha visto obligado a abonarle más de 30.000 euros en concepto de indemnización y salarios de tramitación», aseguran. Por ello desde la sección sindical del Sindicato de Trabajadores de la Administración–Intersindical Valenciana en el Ayuntamiento de Sagunto, manifiesta:
1º.- «El trabajador fue despedido al mes escaso de haber abandonado su condición de miembro del Comité de Empresa y de forma ilegal tal y como manifiesta la propia Sentencia del Tribunal Supremo, lo cual puede además entenderse como un atentado contra los derechos sindicales».
2º.- «La decisión del equipo de gobierno de presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo ha generado un gasto importante a las arcas municipales porque el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta la readmisión, la indemnización por despido y los costes procesales».
3º.- «Es incomprensible que el Ayuntamiento no acate la Sentencia y no readmita al trabajador cuando sigue seleccionando y contratando personal para realizar funciones similares».
4º.- «Es inadmisible que el Ayuntamiento defienda ante la opinión pública el acatamiento de las sentencias judiciales, el mantenimiento de los puestos de trabajo y, sin embargo actúe de forma contraria; Sr. Alcalde y Equipo de Gobierno, prediquen con el ejemplo».
Y concluyen el secretario general de la sección sindical de STA Vicente Arrones: «en definitiva, una vez más el Ayuntamiento de Sagunto es condenado por incumplir la legalidad vigente, y mantiene su postura aunque ello perjudique a las arcas municipales, seguramente será porque el coste lo pagamos los ciudadanos y no lo hacen nuestros concejales, ni nuestro Alcalde, de su propio bolsillo».
Como ya publicó el Económico y ratifican desde STA, el citado trabajador fue contratado mediante un contrato de obra o servicio como Agente de Desarrollo Local y despedido por haber finalizado la subvención «aunque el servicio para el que fue contratado sigue prestándose. Asimismo la Sentencia condenaba al Ayuntamiento a readmitir al trabajador en su puesto de trabajo, en la mismas condiciones o, en su caso, a indemnizarle con 14.040 euros».
Afirman desde STA que el Ayuntamiento de Sagunto «incumplió la Sentencia» y decidió, en contra de la «opinión técnica», interponer un recurso de casación que como ya adelantaba esta Sección Sindical difícilmente podía admitirse a trámite, pues el Tribunal Supremo mantiene una doctrina clara al respecto afirmando que «el hecho de que la ejecución de la obra o la prestación del servicio esté supeditada a la existencia de una subvención ajena a la empleadora no demuestra por sí solo la temporalidad de la obra o servicio a realizar, ni es elemento decisivo y concluyente de la validez del negocio jurídico contractual, porque no es la causa habilitante del contrato temporal, pudiendo calificarse de indefinida una relación laboral pese a la existencia de una subvención».
El Comité de Trabajadores del Ayuntamiento se ha pronunciado, al menos en dos ocasiones manifestando, por unanimidad, de los sindicatos que lo integran que esa decisión incumple claramente el Convenio Colectivo vigente y modifica sustancialmente su forma de actuar pues hasta este momento siempre había optado por la readmisión de los trabajadores afectados por una situación similar.
A pesar de todo ello el Ayuntamiento, «empecinado en su decisión, no ha admitido al trabajador y se ha visto obligado a abonarle más de 30.000 euros en concepto de indemnización y salarios de tramitación», aseguran. Por ello desde la sección sindical del Sindicato de Trabajadores de la Administración–Intersindical Valenciana en el Ayuntamiento de Sagunto, manifiesta:
1º.- «El trabajador fue despedido al mes escaso de haber abandonado su condición de miembro del Comité de Empresa y de forma ilegal tal y como manifiesta la propia Sentencia del Tribunal Supremo, lo cual puede además entenderse como un atentado contra los derechos sindicales».
2º.- «La decisión del equipo de gobierno de presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo ha generado un gasto importante a las arcas municipales porque el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar los salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta la readmisión, la indemnización por despido y los costes procesales».
3º.- «Es incomprensible que el Ayuntamiento no acate la Sentencia y no readmita al trabajador cuando sigue seleccionando y contratando personal para realizar funciones similares».
4º.- «Es inadmisible que el Ayuntamiento defienda ante la opinión pública el acatamiento de las sentencias judiciales, el mantenimiento de los puestos de trabajo y, sin embargo actúe de forma contraria; Sr. Alcalde y Equipo de Gobierno, prediquen con el ejemplo».
Y concluyen el secretario general de la sección sindical de STA Vicente Arrones: «en definitiva, una vez más el Ayuntamiento de Sagunto es condenado por incumplir la legalidad vigente, y mantiene su postura aunque ello perjudique a las arcas municipales, seguramente será porque el coste lo pagamos los ciudadanos y no lo hacen nuestros concejales, ni nuestro Alcalde, de su propio bolsillo».
