Con motivo de las obras que se están realizando en el salón de plenos del Ayuntamiento de Sagunto, las sesiones plenarias han tenido que trasladarse fuera de la Casa Consistorial, más concretamente en el Centro Cívico de Puerto de Sagunto. Esta circunstancia ha puesto sobre la mesa la reivindicación histórica de Iniciativa Porteña (IP) para que los plenos puedan celebrarse en este núcleo de población de forma continua y no de forma temporal como ocurre en esta ocasión.
Como recuerdan desde IP, el actual Reglamento Orgánico Municipal (ROM), recoge la alternancia de los plenos entre Sagunto y Puerto, pero este reglamento es inaplicable al existir una norma de rango superior como es un Real Decreto que dice que los plenos se celebrarán en la Casa Consistorial. «Un cambio en ese Real Decreto que dijera por ejemplo que los plenos se celebrarán donde el propio pleno decida sería suficiente para que los plenos en El Puerto fueran una realidad», señala el edil Juan A. Guillén.
Desde IP han presentado diversas mociones que instaban a los grupos políticos en el Congreso de los Diputados a modificar ese Real Decreto Legislativo, mociones que fueron aprobadas en el pleno con el voto a favor de las agrupaciones locales de PSOE, PP y EU, «pero poco o nada han hecho para trasladar esta petición a sus respectivas cúpulas nacionales», afirma.
Guillén explica que este cambio legislativo para poder celebrar plenos en Puerto de Sagunto tiene fundamento en el principio de Autonomía local recogido en la Constitución española: «La cuestión importante es si existen razones de peso para este cambio legislativo o si se trata tan solo de una cuestión menor o una ocurrencia de IP. La respuesta a tales cuestiones la encontramos en la Constitución, cuyos principios deben ser respetados por el legislador a la hora de establecer normas jurídicas en general. Y uno de esos principios rectores es el recogido en nuestra Carta Magna cuando se refiere a la Autonomía Local de los municipios».
Para el edil de IP resulta «contradictorio que este principio de Autonomía Local permita a los municipios disponer sobre materias fundamentales tales como policía local, impuestos y tasas municipales, ordenanzas reguladoras de industrias y actividades, prestación de servicios, etc. Y en cambio sobre una cuestión aparentemente formal como es el lugar de celebración de los plenos no puedan disponer al existir un Real Decreto Legislativo que lo impide».
«Para mayor abundamiento la Carta Europea de la Autonomía Local es diáfana sobre el derecho de las entidades locales a crear aquellas estructuras administrativas adaptadas a sus peculiaridades y necesidades específicas y sobre la amplia autonomía que les corresponde para una administración cercana y eficaz al ciudadano y los medios necesarios para cumplir su misión. Un texto el de la Carta Europea que parece hecho ad hoc pensando en la realidad física de este municipio, configurado en distintos núcleos de población, y que justificaría sobradamente la celebración de plenos en distintas sedes ya que la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y la asistencia a los plenos municipales, máxima expresión de la política municipal se ve dificultada por nuestra particular configuración geográfica», apunta Guillén.
Desde IP señalan que volverán a solicitar del pleno municipal que el Ayuntamiento remita a las instituciones la necesidad del cambio legislativo necesario para que puedan celebrarse plenos en el Puerto. «Creemos necesario e incluso obligado en virtud de ese principio de Autonomía Local que se respete lo dispuesto en el ROM y por tanto llevaremos a debate y votación del pleno una moción para instar a las distintas instituciones del Estado con iniciativa legislativa a cambiar el ya comentado Real Decreto legislativo. Además y en tanto se produce ese cambio legislativo propondremos que sigan celebrándose plenos en El Puerto, y que los acuerdos alcanzados sean refrendados en la Casa Consistorial. Una solución jurídica que recordemos ya fue adoptada para validar los plenos que años atrás se celebraron en El Puerto y que una sentencia judicial declaró fuera de ordenamiento. Todo es cuestión de voluntad política», finaliza el edil Juan A. Guillén.
