La Asociación de Vecinal La Forja ha hecho pública su preocupación ante el incumplimiento de compromisos municipales sobre cuestiones de enorme calado económico para el municipio de Sagunto, como, por ejemplo, el proceso encubierto de privatización del ciclo integral del agua, que fue promovido en el mandato 2003-2007, legislatura en la que también se firmó el convenio con ACUAMED para la construcción de una planta desalinizadora.
En este sentido, recuerda el presidente de la entidad vecinal, Ricardo Fernández, que «el 29 de enero de 2019, trece concejales del Ayuntamiento de Sagunto impidieron con su voto que el Ayuntamiento de Sagunto se personase en la causa del proceso de licitación del Ciclo Integral del Agua de nuestro municipio en lo que se denominó “Operación Flotador”». Que, como se recordará, puso en marcha la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para esclarecer los pormenores del proceso de privatización del agua y cómo se convirtió en un préstamo lo que en principio se ‘vendió’ como un canon que el socio privado debía aportar para acceder al 49% de la empresa mixta del agua.
Sin embargo, este proceso abierto por la UDEF el 19 de octubre de 2016 con un primer registro en las dependencias del Ayuntamiento de Sagunto y en varias sedes empresariales, quedó en nada porque la Fiscalía Anticurrupción, que es la que inició el caso, no ejerció la acusación, tampoco lo hizo el Ayuntamiento de Sagunto, ni partido político o entidad alguna, como ha recordado Ricardo Fernández, por lo que, finalmente, la juez no tuvo más opción que darle carpetazo al asunto.
Efectivamente, el diez de febrero de 2020, se conocía que la juez había decretado el archivo, pero, según figuraba en el auto, lo hizo «a pesar de existir indicios de criminalidad por presuntos delitos de prevaricación administrativa del artículo 404 del C.P., no existiendo parte acusadora pública pues el Ministerio Fiscal ha solicitado el sobreseimiento provisional de las actuaciones, ni popular, pues en ningún momento procesal del sumario ha solicitado ser parte procesal en el mismo ninguna entidad, corporación, partido político etc. esta instructora no puede continuar el curso del procedimiento y procede dictar el sobreseimiento de las actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 641-2ª, así como, en su caso, en el art. 779.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».
La desaladora
La otra ‘perla’ que viene arrastrando el Ayuntamiento de Sagunto desde la legislatura 2003-2007 es la del acuerdo suscrito entre aquel gobierno municipal, presidido por la socialista Gloria Calero, que dio paso a la construcción de la planta desalinizadora que experimentó unos sobrecostes muy abultados y que, con toda seguridad, terminará asumiendo el propio municipio de Sagunto.
En este sentido, Ricardo Fernández ha recordado la declaración institucional aprobada por el Ayuntamiento de Sagunto el 30 de diciembre de 2020, que fue planteada por esta entidad, con la siguiente propuesta de acuerdo: «Primero: Que los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Sagunto preparen demanda contencioso-administrativa a presentar dentro de los tres meses siguientes a la aprobación del presente acuerdo que permita anular el actual convenio regulador para la financiación y explotación de las obras de la planta desaladora de Sagunto».
El segundo punto de aquella declaración institucional planteaba: «Que el Ayuntamiento de Sagunto se ponga en contacto y a disposición de todas aquellas instituciones y organismos que puedan aportar claridad a la construcción de la desaladora de Sagunto, en especial de aquellos que puedan haber tenido relación con la investigación del caso ACUAMED remitiendo cuanta información sea necesaria (facturas, certificaciones, etc.)».
El tercer y último apartado del documento aprobado indicaba: «Que a efectos de simplificación en la consulta de datos por otros organismos e instituciones y a efectos de transparencia institucional se genere un expediente global relativo a la desaladora de Sagunto que pueda ser consultado vía telemática.» Ni que decir tiene que, finalizando 2023, nada de lo acordado por aquel pleno de 2020 se ha cumplido.
Llegados a este punto, desde la Asociación Vecinal La Forja, su presidente, Ricardo fernández, recuerda al Ayuntamiento de Sagunto que para intentar defenderse todavía queda una instancia a la que recurrir: «Sirva el presente para recordarles a los actuales políticos del Ayuntamiento de Sagunto que existe una posibilidad de actuación ante la UE, puesto que la construcción de la desaladora de Sagunto contó con fondos europeos, así pues, tal vez sea mejor encomendarse a la European Anti-Fraud Office (OLAF)».
