El conservatorio Profesional de Música Joaquín Rodrigo de Sagunto inicia el nuevo curso 2023/2024 sin la protección del paraguas de la Generalitat Valenciana, lo que acarrea perjuicios para el alumnado de este centro, al tener que soportar unos costes mucho más elevados por las tasas que abonan trimestralmente al Ayuntamiento de Sagunto, algo que no ocurriría si se hubiese llevado a cabo la inclusión de este centro municipal en la red pública de conservatorios que depende de la Generalitat Valenciana.
Teniendo en cuenta que de acuerdo con las Tasas Educativas no Universitarias 2022, establecidas por la Generalitat Valenciana, en las enseñanzas profesionales, como es el caso, se abonaba por curso completo y asignatura un total de 51,39 euros, que, por cinco asignaturas en total, alcanza los 256,95 euros citados. Esto representa un 21,86% de lo que se paga en el conservatorio de Sagunto. Así pues, se puede concluir que, si este centro educativo de titularidad municipal hubiera iniciado el curso bajo la gestión de la Generalitat, sus alumnos pagarían una quinta parte de lo que abonan ahora y podrían seguir optando, además, a las becas del Ministerio de Educación y Ciencia.
Ni que decir tiene, por consiguiente, que transferir el Conservatorio Profesional de Música Joaquín Rodrigo de Sagunto a la Generalitat solo reportaría ventajas para las sufridas arcas municipales y, desde luego, para el alumnado, que reduciría el gasto por tasas y matrículas a una quinta parte de lo que paga actualmente.
De ahí que el jarro de agua fría que les llegó a padres y alumnos el pasado lunes, 18 de septiembre, cuando recibieron un correo electrónico del Conservatorio en el que se indicaba textualmente: «Debido a la demora por parte de la Conselleria de Educación en la integración del Conservatorio en la red de centros de la GVA, y aunque el expediente por parte del Ayuntamiento está finalizado y tramitado desde el mes de Julio, nos comunican, desde el departamento de Gestión Tributaria, que se debe realizar el pago de las tasas del Conservatorio como todos los años, hasta que la Conselleria, a través de un acuerdo del Consell, confirme definitivamente dicha integración».
Tal y como se explica en este correo electrónico, el Ayuntamiento ha hecho los deberes, estando ahora la pelota en el tejado de la Dirección General de Centros Docentes de la Generalitat, con quien el consistorio saguntino confía en reunirse, según se indicaba en la comunicación enviada a los padres y alumnos desde el centro de formación musical: «El Ayuntamiento está pendiente de una reunión con la Dirección General de Centros Docentes con el objetivo de agilizar, lo más urgentemente posible, el proceso de integración».
Asimismo, se aclaraba en el citado correo que «Si el acuerdo del Consell se produjera durante este próximo trimestre, se procederá a la devolución proporcional de la tasa resultante», especificando que el pazo para el pago de la matrícula caduca este 22 de septiembre, es decir, que los alumnos han tenido de plazo del 18 al 22 de septiembre para el pago de la matriculación.
Esta comunicación no ha sentado muy bien entre el colectivo de padres y alumnos del conservatorio Profesional de Música Joaquín Rodrigo de Sagunto que, resignados, aceptan la realidad como viene. «No queda otra», dice el padre de un alumno. No obstante, ya andaban con la mosca tras la oreja por la tardanza que este año se ha producido en la publicación de los horarios del centro que a principios de septiembre todavía no se conocían. En este sentido, una madre comentaba: «Siempre hemos sabido horarios en julio y este año todavía no se ha hecho la elección a la espera de que ahora, a principios de septiembre ya estuviera todo claro», se refiere a la integración del centro en la red pública de la Generalitat.
Esta misma madre ha lamentado que no se haya podido materializar la integración del Centro en la Generalitat para empezar el nuevo curso con normalidad y ha recordado cuáles son los perjuicios que tendrán que soportar porque, entre Ayuntamiento y Generalitat, no se ha gestionado esta cesión: «Sobre todo, supone un perjuicio económico. Ahora hemos pagado 140 euros de matrícula y si continúa siendo el Ayuntamiento de Sagunto el que lo gestiona, como hasta ahora, se pagan 345 euros al trimestre cuando se trata de una matrícula ordinaria. Si el alumno cursa dos especialidades o tiene alguna asignatura suspendida también se paga más. El quebranto económico no es pequeño. Del profesorado estoy contenta y no tengo ninguna queja, pienso que hacen muy bien su trabajo».
En tramitación
La versión ofrecida por la Conselleria de Educación no difiere mucho de lo que el Conservatorio ha trasladado a padres y alumnos. Efectivamente, este periódico ha contactado con el citado departamento autonómico, el cual ha confirmado que el Ayuntamiento de Sagunto presentó el pasado julio la documentación para formalizar la integración, sin embargo, el cambio de Gobierno en la Generalitat, unido al proceso de análisis y verificación del expediente, han incidido en que hasta la fecha no se haya producido ninguna respuesta por parte de la Dirección General de Centros Docentes de la Generalitat, pues, además, «es posible que la documentación pueda presentar algún reparo». Lo que sí que han dejado claro desde Conselleria de Educación, es que «estamos trabajando en ello».
Becas anuladas
Dado que el Ayuntamiento de Sagunto sufraga el gasto del conservatorio, se estableció un sistema de becas para los alumnos residentes en el municipio. De este modo, las condiciones para este colectivo eran muy ventajosas, sin embargo, el Gobierno municipal presidido por Darío Moreno decidió anular estas ayudas.
Efectivamente, en el acta de la Junta de Gobierno Local (JGL) del 23 de junio de 2022, en la que estaban representados los tres partidos que formaban el tripartito municipal: PSOE, Compromís y Esquerra Unida, se tomó el acuerdo de «anular la convocatoria de becas del Conservatorio Profesional de Música Joaquín Rodrigo correspondientes al curso 2021/2022, aprobada por la JGL del Ayuntamiento de Sagunto en fecha 19/11/2021». Esta decisión fue adoptada después de dar cuenta en la misma sesión de la JGL de un informe de Intervención en el que se concluía «en estos momentos, esta actividad ha sido informada desfavorablemente por parte de la Dirección General de Administración Pública y no es posible realizar competencias distintas a las propias que a las Entidades Locales le establecen las leyes».
En este informe también se detallaba que el art. 7.4 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), modificada por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local dispone: «Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes previos de la administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias».
Elevados costes municipales
En 2016, que es el último dato de que se dispone, el coste efectivo para las arcas consistoriales de este centro educativo ascendió a 792.798,49 euros. Si a esta cifra se restan los 247.000 euros de ingresos entre tasas y la subvención de la Conselleria de Educación, el agujero se sitúa en unos 514.000 euros anuales. Aunque teniendo en cuenta los actuales costes de personal y Seguridad Social esa cifra se ve muy superada. Ese ahorro sería un alivio para la economía municipal que, desde luego, no pasa por su mejor momento, habiendo cerrado 2020 y 2021 con números rojos.
