La diputada de Compromís, Maria Josep Picó, ha intervenido este miércoles en la sesión de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados donde se ha convalidado el Real decreto ley 5/2023 de 28 de junio por el cual se adoptaban varias medidas sociales, entre ellas iniciativas de respuesta de las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania o transposición de directivas europeas.
El Gobierno estatal, mediante este real decreto ley, promueve facilidades para aumentar la instalación de puntos de recarga para el vehículo eléctrico e incrementar su potencia y, con esto, mitigar la denominada ‘ansiedad de autonomía’ de electricidad. Aun así, por el contrario, el texto que se ha confirmado hoy «no tiene en consideración la ansiedad generada en los territorios, como muestra el surgimiento de coordinadoras ciudadanas, ante la falta de evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos fotovoltaicos», explica Picó.
Este real decreto ley extiende en seis meses el plazo para acreditar la obtención de la autorización de construcción en los proyectos renovables y almacenamiento con permisos de acceso posterior a 2018, pero «no prevé la restitución del procedimiento de evaluación de impacto y así incrementar las restricciones ambientales a los proyectos fotovoltaicos, labras a la transición energética, aprobadas por el Real decreto ley 20/2022 por el cual se adoptaron medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, entre otras, y se reducían las exigencias de la evaluación de daños sobre el medio ambiente», esgrime Picó.
En la actualidad, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas están tramitando la autorización de construcción de cerca de 1.000 plantas renovables, de las cuales el 80% son plantas fotovoltaicas y el 20% eólicas, que totalizan cerca de 68 GW de potencia instalada. En Sagunto, la gigafactoría de baterías de PowerCo, un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del vehículo eléctrico requiere de dos centrales fotovoltaicas que suman 150 megavatios, 0,15 gigavatios. Y, como apunta la también concejala en el consistorio saguntino, «han necesitado, al menos, de la expropiación forzosa de 260 hectáreas de suelo fértil en plena producción de naranjos y próximas a áreas naturales de alto valor en biodiversidad, como la Marjal dels Moros, espacio integrado en la Red Natura 2000 y Zona de Especial Protección para los Pájaros. Todo esto, sin evaluación ambiental».
Picó subraya que el Gobierno reconoce que «se hace necesario garantizar las condiciones que facilitan el cumplimiento de los objetivos establecidos en el paquete REPowerEU en respuesta a la agresión rusa de Ucrania, es decir, el despliegue acelerado a la vez que responsable y sostenido en el tiempo de generación renovable, para el que se requiere una adecuada integración social y territorial de los proyectos».
Además, Maria Josep Picó ha afirmado: «Tenemos que evitar un impacto paisajístico irreversible y una fragmentación territorial que dinamita corredores ecológicos y conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Porque la naturaleza también integra recursos para el progreso y riqueza a largo plazo, las soluciones basadas en la naturaleza se han revelado como potentes vectores de innovación y mejora social, y constituye un valioso escudo verde de preservación ambiental y de protección de nuestra salud y bienestar».
Más inversiones para las Cercanías de Renfe
Por otro lado, la concejala de Compromís per Sagunt también ha valorado la ampliación del apoyo financiero en las comunidades autónomas, entidades locales o entes supramunicipales que prestan servicio de transporte colectivo urbano o interurbano.
«Tenemos que advertir que si bien la gratuidad de este servicio público ha sido muy positiva porque ha demostrado la aceptación de los medios de movilidad sostenible por parte de las personas usuarias, estas medidas requieren de inversión en las infraestructuras para mantener un servicio de calidad. La falta de frecuencia de trenes, las averías o la inseguridad de horarios también está colapsando el servicio de cercanías y esta medida puede tener un efecto bumerán y perjudicar el prestigio de este medio de transporte», explica.
Además de continuar apoyando al transporte público en general, «es acuciante incrementar la inversión en los cercanías del País Valencià e insistir que el sistema de financiación autonómica está caducado casi una década, con el que se perjudica la calidad de los servicios públicos valencianos, atendiendo nuestra injusta infrafinanciación», ha concluido la diputada Maria Josep Picó.
