Gobernaba el PSOE, siendo alcalde Manuel Girona, que aceptó un proyecto de compensación por el que cambiaba los 60.000 metros cuadrados a los que tenía derecho por menos de una cuarta parte de su valor, es decir, unos 528.000 euros

En 1992 Sagunto renunció al aprovechamiento que le correspondía por urbanizar Ingruinsa

Maquinaria para las obras de urbanización en Parc Sagunt II Maquinaria para las obras de urbanización en Parc Sagunt II
Viernes, 26 Mayo 2023 21:35

La recta final de la campaña electoral en Sagunto se ha empañado con la denuncia realizada por Compromís con relación a los derechos urbanísticos a los que, por ley, tiene derecho el Ayuntamiento de la localidad por la urbanización de Parc Sagunt II.

Tal y como ya informó este periódico, Compromís alertaba de que la Junta de Gobierno de este viernes, 26 de mayo, «es a nuestro juicio, la última oportunidad de presentar el recurso sin que haya dudas sobre su eficacia. Después del 26 hay muchas dudas, y sólo quedaría la vía de lo contencioso, el cual será responsabilidad de otro equipo, del que todavía no sabemos la composición porque la decidirán los ciudadanos el día 28».

De hecho, el edil de Urbanísmo volvía a llevar el tema al órgano de Gobierno de este viernes que no ha sido tratado por oponerse el PSOE a incluirlo en el orden del día de la sesión, aunque EU y Compromís sí se han pronunciado a favor. Sin embargo, finalmente, el alcalde ha decidido firmar el «requerimiento municipal de anulación del acuerdo de aprobación definitiva por la Dirección General de Urbanismo del programa de actuación integral para el desarrollo del plan especial del Área Logística de Sagunto “Parc Sagunt II”, comprensivo, entre otros, del proyecto de urbanización y el de reparcelación del ámbito».

Desde Compromís resaltaban que esta advertencia, lanzada en medio de la campaña electoral, no respondía a cuestiones electorales y sí a la defensa del interés general municipal: «no se trata en absoluto de una cuestión electoral o política, se trata de defender el derecho de todos los ciudadanos de Sagunt, tal y como establece la ley y confirman los informes municipales que redactan técnicos de muy acreditada solvencia, a recibir el 10% del aprovechamiento, que podría superar un valor de 30 millones para un Ayuntamiento, que además no está demasiado sobrado de ingresos».

Otras reacciones

El portavoz de Esquerra Unida, partido que también forma parte del gobierno municipal, también se mostraba contundente: «Desde EUPV no vamos a permitir por acción o por omisión ningún tipo de renuncia que nos corresponde como ciudad, más aún con el enorme esfuerzo que hemos hecho como sociedad en el que hemos aportado millones de metros cuadrados de nuestro territorio para el desarrollo industrial», Advertía Roberto Rovira.

Destacaba el edil de EU la necesidad de que el municipio defienda sus intereses: «Ante cualquier planteamiento contrario, que venga por parte de la Generalitat Valenciana o por dónde sea, el Ayuntamiento tendrá que defender sus derechos hasta las últimas consecuencias, si fuera necesario en los tribunales».

Por su parte, el portavoz de Iniciativa Porteña, Manuel González, tras la denuncia de Compromís, también salió al paso para centrar el calibre de lo que está en juego: «el proyecto de urbanización de Parc Sagunt II es de una gran magnitud, de más de cinco millones de m2, de los cuales al Ayuntamiento de Sagunto le corresponde una parcela de 300.000 m2 netos, que pasarían directamente a ser patrimonio municipal, con un valor de muchísimos millones de euros».

A continuación, el portavoz de IP recordaba que el jueves de la pasada semana el President de la Generalitat, Ximo Puig, celebró un mitin electoral en la Glorieta de Sagunto donde anunció que el gestor de Parc Sagunt II respetaría los justiprecios: «El President en el mitin del jueves pasado asumió el pago de lo acordado por el jurado del justiprecio a los agricultores expropiados en Parc Sagunt II, lo cual es justísimo, pero, al parecer, les produce un pequeño descuadre de cuentas que podría ajustarse con este regalo de nuestro alcalde. Lo que ocurre es que ese Patrimonio es de todos los ciudadanos de Sagunto y El Puerto, por lo que Darío Moreno debería tener mayor precaución antes de proponer cosas como esta».

Finalizaba González lanzando una clara advertencia: «si al final Darío Moreno regala ese suelo, ya advertimos que Iniciativa Porteña llevará el asunto ante los tribunales». Si se hubiera dado el caso de recurrir al juzgado porque el Ayuntamiento renunciara a sus derechos, no sería la primera vez que sucede.

El caso Ingruinsa

Efectivamente, en el pleno municipal celebrado por el Ayuntamiento de Sagunto el 29 de diciembre de 1992, se aprobó, entre otras cuestiones relacionadas por la urbanización del parque industrial de Ingruinsa, el proyecto de compensación que incluía, como integrante del mismo, el convenio urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Sagunto e Ingruinsa, aprobado el 12 de agosto de 1991 y ratificado en el pleno municipal del 26 de noviembre siguiente. En aquella legislatura, el alcalde de Sagunto era el socialista Manuel Girona Rubio y concejal de Urbanismo el también edil del PSOE, Rafael Tabarés Seisdedos.

La cuestión de fondo se localizaba en la base tercera del convenio urbanístico que se incluía como parte integrante del proyecto de compensación y que literalmente señalaba: «El Excmo. Ayuntamiento de Sagunto y la sociedad Ingruinsa, S.A. acuerdan sustituir el cumplimiento de los deberes de cesión exigibles a dicha sociedad, con arreglo a las determinaciones que recoge la reforma del régimen urbanístico y Valoraciones de Suelo (Ley 8/90) consistente en la cesión del 15% del aprovechamiento tipo por una aportación económica de ochenta y ocho millones de pesetas (…)».

Al renunciar el Ayuntamiento de Sagunto al 15% de los terrenos del polígono de Ingruinsa, que en virtud de la Ley del Suelo tenía derecho, el consistorio cedía unos 60.000 metros cuadrados a cambio de recibir 88 millones de pesetas de la época, unos 528.000 euros, cuando ese suelo, a precio de mercado, hubiera superado en aquel tiempo los 400 millones de pesetas, que, al cambio, ascendían a unos 2,4 millones de euros de 1992. Un dineral.

Problemas de liquidez

Llegados a este punto cabe recordar que en las elecciones de 1991 el PSOE obtuvo once concejales, ocho el CIPS, tres Esquerra Unida, dos el Partido Popular y uno el CDS. Con este reparto de escaños, el gobierno municipal del PSOE afrontó la legislatura en minoría porque ningún partido de la oposición quiso pactar con Girona. Por otro lado, el consistorio atravesaba por una situación económica complicada, de ahí que los socialistas optaran por obtener una inyección inmediata de 88 millones de pesetas para ir atendiendo el pago a los proveedores, en lugar de optar por unos terrenos que valía muchísimo más dinero, pero que no proporcionaban liquidez inmediata, que era lo que en aquel momento necesitaba el consistorio con más urgencia.

Ante semejante renuncia, en 1993 los concejales de la época, Ramón García Ortín y Marcelino Gil Gandía, de Esquerra Unida y el CIPS, respectivamente, asistidos por la letrada ya fallecida, María Isabel Martínez Domingo, decidieron embarcarse en un larguísimo proceso judicial para defender el interés general del municipio de Sagunto con la presentación de un recurso ante la Sección Primera de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV.

El 20 de diciembre de 1996 el citado tribunal emitía la sentencia 1127 cuyo fallo, que no era firme, indicaba literalmente: «Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Ramón García Ortín y D. Marcelino Gil Gandía, contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Sagunto de 29 de diciembre de 1992 por el que se aprueba el proyecto de compensación del parque industrial de Sagunto declarándolo contrario a derecho y anulándolo con todas sus consecuencias legales; sin costas».

Tras este pronunciamiento judicial, Ingruinsa S.A. y el propio Ayuntamiento de Sagunto recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo. En este sentido cabe mencionar que el consistorio desistió de su recurso mediante escrito presentado el 26 de mayo de 1997. Es decir, unas semanas después de que prosperara la moción de censura contra Manuel Girona en el pleno municipal celebrado el 9 de abril de 1997, haciéndose cargo del gobierno municipal un nuevo equipo que situó en la Alcaldía al edil del Partido Popular, Silvestre Borras Azcona.

Finalmente, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en su sentencia de 22 de enero de 2002, desestimaba el recurso de Ingruinsa S.A. en los siguientes términos: «Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación legal de la Entidad Ingruinsa contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 20 de diciembre de 1996, dictada en el recurso núm. 1629/93 con imposición de las costas de esta casación a la parte recurrente».


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Modificado por última vez en Viernes, 26 Mayo 2023 19:19

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