Aseguran los nacionalistas que «la Generalitat pretende ahorrarse dinero a expensas de los ciudadanos de Sagunto, quizás para pagar la diferencia en las expropiaciones o para seguir siendo generosa con Volkswagen»

Compromís desconfía del proceder de la Alcaldía de Sagunto con respecto a los aprovechamientos urbanísticos de Parc Sagunt II

La Generalitat no contempla el 10% de aprovechamiento urbanístico que le corresponde a Sagunto La Generalitat no contempla el 10% de aprovechamiento urbanístico que le corresponde a Sagunto
Martes, 23 Mayo 2023 11:45

Tras el durísimo comunicado emitido ayer por el portavoz de Compromís, Pepe Gil Alcamí, el grupo municipal de la formación nacionalista saguntina centra el tema en la cuestión de fondo, es decir, en los derechos urbanísticos que el municipio de Sagunto tiene sobre la urbanización de Parc Sagunt II, correspondientes al 10% del suelo y que a precio de mercado podrían ascender a 245 o 30 millones de euros.

En este sentido, desde el Grupo Municipal de Compromís indican, en primer lugar, que «Darío Moreno trata de dilatar la aprobación del requerimiento de anulación del PAI Parc Sagunt, poniendo en duda las justas reclamaciones municipales que piden el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos patrimoniales de la ciudad».

Más adelante aclaran que «El requerimiento de anulación es la medida propuesta por el Departamento de Urbanismo, y ratificada por un informe de Secretaría General para evitar, entre otros motivos, la pérdida de esos derechos, que sería un hecho gravísimo».

En esta línea argumental, aseguran desde el Grupo Municipal de Compromís que: «La principal motivación es la negativa por parte de la Generalitat a reconocer el derecho del Ayuntamiento a percibir el 10% del aprovechamiento del sector, tal y como marca expresamente el artículo 82 del TRLOTUP: “…le corresponde a el ayuntamiento en cumplimiento del deber de participación pública en las plusvalías generadas por el planeamiento…”. El 10% del aprovechamiento podría superar en la actualidad un valor de mercado de más de 30 millones de euros, que en cualquier caso pasarían a la administración más cercana y que encima ha sido despojada del derecho a ingresar impuestos en toda la fase de construcción y puesta en funcionamiento de la Gigafactoría».

Por otro lado, resaltan desde el grupo nacionalista que: «Los dictámenes e informes pertinentes estaban aprobados en tiempo y forma para ser incluidos en la Junta de Gobierno del pasado viernes 19 y eran conocidos por Alcaldía desde antes, pero Darío Moreno prefirió eludir su obligación de convocar JG ordinaria, un hecho insólito, porque el punto del requerimiento debía incluirse obligatoriamente, ya que se había dejado encima de la mesa en la JG anterior. La JG del día 19 aunque se celebró el mismo día y a la misma hora de siempre, fue extraordinaria y no incluyó el expediente al que hemos hecho referencia. Las formas en las instituciones son muy importantes y no están pensadas para ser usadas de forma personal y partidista».

Llegados a este punto, el Grupo Municipal de Compromís muestra su desconfianza ante la forma de proceder de la Alcaldía: «Nuestra preocupación está fundamentada en la desconfianza que genera la forma de proceder de la Alcaldía en esta cuestión, ya que entendemos que obedece más a criterios de oportunidad, y más en período electoral, que a la diligente asunción de responsabilidades en un tema tan importante. Si los dictámenes están elaborados en tiempo y forma, y son incontrovertibles, no entendemos por qué ya no se han aprobado. No hay posibilidad de que informes externos anulen a los municipales, aunque hay algún antecedente que también nos genera desconfianza. Jugar con los tiempos no es honesto y además es peligroso».

También dejan bien sentado desde Compromís que en ningún caso se está poniendo en peligro el asentamiento de la gigafactoría: «Por otra parte, aprobar el requerimiento no pone en peligro el proyecto de la gigafactoría, en el que estamos trabajando duro, sobre todo en el área de Urbanismo para cumplir todos los plazos. Aquí, simplemente, la Generalitat pretende ahorrarse dinero a expensas de los ciudadanos de Sagunto, quizás para pagar la diferencia en las expropiaciones o para seguir siendo generosa con Volkswagen. Si no aceptan el requerimiento, las obras continuarán y el Ayuntamiento deberá iniciar un contencioso contra la Generalitat para reclamar lo suyo, lo que sería peor, aunque estaría fuera del tiempo electoral. Lo inteligente sería que la Generalidad rectificara como ha hecho con los justiprecios, y que el Ayuntamiento pudiera destinar esos 30 millones a mejorar la vida de las personas y a preparar la ciudad para los efectos de la gigafactoría».

Teniendo claro cuál es el camino para seguir, desde Compromís le piden al alcalde que se implique: «Lo que debería hacer Darío Moreno es luchar más por nuestra ciudad y no ser tan obediente a las instrucciones de su partido y a los intereses de las multinacionales. Nada ha hecho para parar el principal problema, que es la destrucción de gran parte de Montíber injustificadamente, y eso que es el responsable de Medio Ambiente. No ha logrado evitar que el centro de formación se vaya a Cheste ni que los impuestos se queden en nuestra ciudad durante esta importante fase de construcción».

Para el Grupo Municipal de Compromís, después de todos los inconvenientes que se producen con esta inversión, el municipio no debe renunciar al aprovechamiento urbanístico que le corresponde: «Si la formación se hace fuera, las oportunidades de trabajo para nuestros ciudadanos se reducirán notablemente; si se destruyen millones de metros cuadrados de suelo agrícola en plena producción y cientos de puestos de trabajo del sector, además de la pérdida de cientos de miles de árboles y de un patrimonio cultural y paisajístico; y si se pierden además los ingresos derivados de la construcción, creemos que no se puede jugar con ese 10% de aprovechamiento».

Finaliza el Grupo Municipal de Compromís indicando que, si no se aprueba el requerimiento, se podrán producir consecuencias graves para el municipio: «Sinceramente pensamos que, si no se aprueba el requerimiento las consecuencias serían gravísimas. Si lo que espera Darío Moreno es agotar el tiempo, está jugando con fuego, pero lo que no puede ocultar en ningún caso, es que la Generalitat está intentando despojarnos de la autonomía para planificar nuestro territorio y está negándonos nuestro derecho patrimonial: un balance social muy preocupante».


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