«Es intolerable lo que está pasando aquí y que por culpa del seguidismo del señor alcalde se nos está haciendo perder cerca de 30 millones de euros. Todo porque el señor Darío Moreno Lerga está más preocupado por su vida política que por la calidad de vida de sus vecinos y por la supervivencia de la ciudad de Sagunto». Así de duros se expresan en el grupo municipal de Compromís per Sagunt, desde donde acusan al actual alcalde, Darío Moreno Lerga, de «jugar a ser político y vender la autonomía municipal a cambio de un puesto para él en alguna diputación».
Estas acusaciones por parte del grupo nacionalista vienen a raíz del requerimiento de anulación propuesto por el Departamento de Urbanismo, y ratificado por un informe de la secretaría general para evitar, entre otros motivos, la pérdida del derecho del ente municipal a percibir el 10 por ciento del aprovechamiento del suelo en el que se instalará la gigafactoría de Volkswagen. Una cantidad que estaría en torno a los 30 millones de euros, «un ingreso extraordinario para las arcas municipales y que podríamos emplear para paliar, desde el ayuntamiento, las consecuencias negativas de la llegada de esta importante empresa. Pero ni la Generalitat Valenciana, de la mano de su presidente, ni el alcalde de Sagunto parecen dispuestos a que el Ayuntamiento de Sagunto reciba lo que por ley le corresponde y que sería justo para compensar los perjuicios de la gigafactoría», argumentan los concejales del grupo saguntino.
En palabras de su portavoz: «Los dictámenes e informes pertinentes estaban aprobados en tiempo y forma para ser incluidos en la Junta de Gobierno del pasado viernes, 19 de mayo, y eran conocidos por la Alcaldía desde antes, pero Darío Moreno prefirió eludir su obligación de convocar Junta de Gobierno ordinaria, algo insólito, porque el punto del requerimiento debía incluirse obligatoriamente ya que se había dejado encima de la mesa en la Junta de Gobierno anterior. La Junta de Gobierno del día 19, aunque se celebró el mismo día y a la misma hora de siempre, fue extraordinaria y no incluyó el expediente al que hemos hecho referencia. Las formas en las instituciones son muy importantes y no están pensadas para ser usadas de forma personal y partidista. He dado instrucciones de volver a incluir el punto en la próxima Junta de Gobierno», señala Pepe Gil Alcamí.
Desde el Grupo Municipal de Compromís per Sagunt se explica que el proceder de la Alcaldía en esta cuestión «obedece más a criterios de oportunidad, y más en período electoral, que a la diligente asunción de responsabilidades en un tema tan importante. Si los dictámenes están elaborados en tiempo y forma, y son incontrovertibles, no entendemos por qué ya no se han aprobado. No hay posibilidad de que informes externos anulen a los municipales, aunque hay algún antecedente que también nos genera desconfianza. Jugar con los tiempos no es honesto y además es peligroso. Está dejando a los ciudadanos sin recursos que son vitales para la supervivencia del Ayuntamiento y de la ciudad. Se está jugando con el futuro de Sagunto y la calidad de vida de saguntinos y saguntinas. Ya basta de mentir y hacer y deshacer a voluntad sin tener en cuenta la voz municipal: aprobar el requerimiento no pone en peligro el proyecto de la gigafactoría».
En este sentido los concejales de Compromís argumentan: «La Generalitat pretende ahorrarse dinero a expensas de los ciudadanos de Sagunto, quizás para pagar la diferencia en las expropiaciones o para seguir siendo generoso con Volkswagen. Si no aceptan el requerimiento, las obras continuarán y el Ayuntamiento deberá iniciar un contencioso contra la Generalitat para reclamar lo suyo, lo que sería peor, aunque estaría fuera del tiempo electoral. Lo inteligente sería que la Generalitat rectificara como ha hecho con los justiprecios, y que el Ayuntamiento pudiera destinar esos 30 millones a mejorar la vida de las personas y a preparar la ciudad para los efectos de la Gigafactoría, pero ni el alcalde ni el PSOE-PSPV en el Ayuntamiento parecen preocupados por este tema. Tampoco otros grupos, que quieren ponerle la alfombra roja a la Volkswagen, pase lo que pase y caiga quien caiga. Pero hay que cumplir las leyes porque si no después vienen los inconvenientes. Las cosas deben hacerse bien o las consecuencias serán terribles. Lo que debería hacer Darío Moreno es luchar más por nuestra ciudad y no ser tan obediente a las instrucciones de su partido y a los intereses de las multinacionales. Nada ha hecho para parar el principal problema, que es la destrucción de gran parte de Montíber injustificadamente, y eso que es el responsable de Medio Ambiente. No ha logrado evitar que el centro de formación se vaya a Cheste ni que los impuestos se queden en nuestra ciudad durante esta importante fase de construcción. En este tema el ayuntamiento y la ciudad no tienen quien les defienda: que el alcalde espabile o que se vaya».
Concluyen su intervención asegurando: «si no se aprueba el requerimiento, las consecuencias serán gravísimas. Si lo que espera Darío Moreno es agotar el tiempo, está jugando con fuego, pero lo que no puede ocultar en ningún caso, es que la Generalitat está intentando despojarnos de la autonomía para planificar nuestro territorio y está negándonos a los nuestros derechos patrimonial: un balance social muy preocupante. Si seguimos así nuestro grupo estudiará otras vías para tratar de revertir esta indigna situación. No descartamos ningún camino, tampoco los tribunales».
