Esta modalidad de contratación se ha disparado desde que ocupa la Alcaldía el socialista Darío Moreno, ya que en 2018, siendo alcalde el nacionalista Francesc Fernández, apenas se gastaron por este procedimiento 600.000 euros

El tripartito adjudica ‘a dedo’ más de 18 millones en contratos menores desde 2018

Se está dando en el Ayuntamiento de Sagunto un uso abusivo de esta tipología de contratos, en detrimento de la transparencia, publicidad y concurrencia competitiva Se está dando en el Ayuntamiento de Sagunto un uso abusivo de esta tipología de contratos, en detrimento de la transparencia, publicidad y concurrencia competitiva
Viernes, 05 Mayo 2023 21:30

Hay un dicho popular que reza así: «hecha la ley, hecha la trampa», que en cierta medida se aplicaría en el desarrollo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que se puso en marcha para poner freno a los numerosos casos de corrupción que se produjeron en la administración pública española a la hora de realizar contrataciones de obras o servicios.

En la administración municipal, tanto la de Sagunto como la de otras ciudades importantes, incluso capitales de provincia, como València, desde que entró en vigor la citada norma se produjo una caída considerable en el porcentaje de la ejecución de obras. Es decir, con la nueva normativa el proceso se complicaba tanto que a la hora de tramitar un procedimiento de licitación se ralentizaba mucho. Tanto es así, que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Sagunto pudo ejecutar en 2016, siendo alcalde el nacionalista, Francesc Fernández, un 73,69%, es decir, de los 15,7 millones de euros disponibles para financiar obras municipales, se pudieron ejecutar cerca de 11,6 millones. Sin embargo, en 2017, con la entrada en vigor de la nueva disposición en noviembre de aquel año, el porcentaje ya cayó hasta el 27,07%.

CONTRATOS MENORES2023A partir de aquí, la situación no mejora y en 2018 apenas se logró ejecutar un 12,10%, en 2019 algo más, con un 17,66%. En 2020, el año de la pandemia, el grado de ejecución de obras se quedó en el 15,21%, subiendo en el 2021 hasta el 26,29% y quedándose en 2022 en torno al 28%.

Todas estas cifras ponen de relieve que, entre finales de 2017, que es cuando entra en vigor la nueva LCSP y últimos de 2022, es decir, un lustro, el consistorio saguntino no ha reaccionado con la premura necesaria para adaptar su estructura administrativa a las nuevas disposiciones legales y, de esta manera, mejorar el rendimiento para aumentar el nivel de ejecución de obras hasta alcanzar los índices previos a la entrada en vigor de la LCSP.

Contratos menores

Sin embargo, el tripartito municipal sí que ha recurrido a la modalidad de los contratos menores contemplados por la propia ley, para saltarse, en muchos casos, el complejo mecanismo administrativo de las licitaciones. En efecto, la adjudicación de contratos menores ‘a dedo’ se ha disparado en el Ayuntamiento de Sagunto desde que llegó a la Alcaldía el socialista Darío Moreno, según se desprende de los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público y de la propia intervención Municipal del Ayuntamiento de Sagunto.

Tal y como se puede apreciar en el cuadro, durante el año 2018, siendo alcalde de Sagunto el nacionalista Francesc Fernández, se formalizaron 218 contrataciones de este tipo por un importe cercano a los 600.000 euros, pero, tras la llegada a la Alcaldía de Darío Moreno, esta practica se dispara de tal manera que se adjudican obras o servicios en 2019 por 3,4 millones de euros. En el año de la pandemia se aproxima la cifra a los cinco millones, en 2021 se comprometen por esta fórmula 4,2 millones de euros, en 2022 3,6 millones y en lo que va de año, hasta el pasado 3 de mayo, 1,4 millones, lo que implica que, de seguir a este ritmo, también se superarán con creces los cuatro millones de euros. Con estas cifras, el tripartito municipal ha ‘repartido’ en contratos menores algo más de 18 millones de euros de dinero público.

Apuntes sobre la ley

Según lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), para contratar una obra o servicios por parte de la administración es necesario seguir el procedimiento de licitación pública regulado en la citada LCSP. Sin embargo, existen actuaciones de menor calado que no requieren la tramitación por el complejo procedimiento de contratación. Dichos contratos son los que la LCSP considera como “contratos menores”, de ahí la frase: «hecha la ley, hecha la trampa».

Los contratos menores son aquellos que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la LCSP, tienen un valor inferior a 40.000 euros cuando sean de obras, y menos de 15.000 euros cuando haya que contratar suministro o servicios. Por otro lado, cabe destacar una excepción a lo anterior, es decir, también se considerarán contratos menores los relacionados con la ciencia e innovación que no superen los 50.000 euros.

La adjudicación de los contratos menores se salta el complejo procedimiento de la licitación, ya que se formaliza mediante un expediente administrativo en el que se justifican las necesidades que la administración posee y que pretende satisfacer con el contrato, ya que, a través de su realización no se está realizando un fraccionamiento del servicio ficticio para, de esta forma, eludir la tramitación de una licitación. Aunque no es la primera vez que se han dado casos en España de que se fraccionaran contratos para favorecer a una determinada empresa.

La ley, con los contratos menores, apuesta por la agilidad e inmediatez, lo que ha dado lugar al uso y abuso por parte de las distintas administraciones, particularmente la municipal, de esta modalidad de contratación, en detrimento de la transparencia, publicidad y concurrencia competitiva, propias de las licitaciones.


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